"No entiendo el apuro para ver cuándo salimos del default o para ver cuándo nos ponemos de acuerdo con los acreedores", aseguró este miércoles Alberto Fernández en una entrevista televisiva. El Presidente remarcó que siempre es mejor llegar a un acuerdo, pero dejó en claro que no sería a cualquier precio y que el país tampoco tiene apuro en cerrar. Este mes (más concretamente el martes 2) se cumplieron 15 años del cierre del canje de deuda por un total de 81.800 millones de dólares que realizó el gobierno de Néstor Kirchner. Fue una operación que es estudiada como ejemplo de renegociación de pasivos soberanos, pero que demoró dos años cerrarse desde la presentación de la primera propuesta.
En rigor, el proceso fue todavía más extenso si contamos la reapertura de 2010, con la cual se elevó el nivel de aceptación al 93 por ciento de los acreedores con tenencias de bonos defaulteados por el ex presidente Adolfo Rodriguez Saá; o hasta 2016, cuando el macrismo decidió pagarle en efectivo a fondos buitres que no aceptaron en ninguno de los dos llamados reestructurar sus bonos comprados a un cuarto de su valor.
Las negociaciones entre los grandes fondos de inversión y el equipo económico que comando el ministro Martín Guzmán parecen haberse empantanado, luego de semanas en que parecían discurrir con una atípica fluidez. Las conversaciones con estos acreedores, que acumulan tenencias de bonos por 65.000 millones de dólares, se iniciaron varias semanas antes del 17 de abril, fecha en que Guzmán daba a conocer la oferta original.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Sin ingresar en los detalles técnicos, la propuesta inicial podía equiparse para el acreedor en el reconocimiento de unos 40 centavos por cada dólar adeudado. A ese número se llega de distintas maneras, pero la elegida por Guzmán es recortar más en los intereses (cuyos vencimientos son la mayor carga en el corto plazo) y retocar levemente el capital. Como era de esperar, los fondos comenzaron pidiendo un repago sin quita y luego fueron cediendo. La Argentina también fue retocando en las conversaciones la propuesta y el plazo de las negociaciones se prorrogaron ya cuatro veces.
Este miércoles Economía confirmó que este viernes vencen la invitación a los acreedores y, en simultáneo, recibió una propuesta conjunta de los grupos denominados Ad Hoc Bondholder Group y Exchange Bondholder Group y una propuesta del grupo denominado ACC, Gramercy, Fintech & Oaktree. Nuevamente, la mejora en la propuesta oficial, según dejaron trascender fuentes oficiales, implicaría un valor presente neto de 50 centavos como máximo por dólar. Los acreedores, que habían llegado a ofrecer 54 centavos, ahora plantaron bandera y volvieron a una posición intransigente.
Los fondos tienen espalda financiera y presionan al país, aunque en los hechos todavía no jugaron la carta de la aceleración de los pagos, lo que profundizaría los efectos inmediatos del default que dejó el macrismo. "Hoy a la Argentina nadie le presta plata. En diciembre , en noviembre pasado ya nadie le prestaba plata a la Argentina", señaló Alberto Fernández al ser consultado sobre el acceso al financiamiento y luego recordó que el proceso que acompañó como jefe de Gabinete en 2005 llevó más de un año.
En realidad fueron más de dos. Al igual que ahora, el entonces presidente Kirchner recibió un país en default. El 23 de diciembre de 2001 Rodríguez Saá declaró la cesación de pagos de 102.000 millones de dólares, el mayor default en la historia mundial. El 22 de septiembre de 2003 el gobierno argentino presenta una primera oferta para reestructurar deudas por 94.302 millones de dólares, sin reconocer los intereses, y propone a los acreedores una reducción del 75 por ciento sobre el valor nominal. El 1 de junio 2004 Argentina mejora su oferta al aceptar incorporar a la reestructuración el monto de los intereses vencidos de la deuda en mora. Recién el 17 de enero de 2005 se abre el período de suscripción al canje hasta el 25 de febrero.
El Congreso aprueba una ley que dispone que los acreedores que no acepten la oferta de reestructuración no podrán acceder al canje en el futuro, la cual se suspende en 2010 para reabrir el canje y se elimina en 2015 para pagarle a los buitres, quienes cobraron la totalidad de lo demandado.
El primer canje alcanzó un nivel de adhesión del 76 por ciento entre sus acreedores, que le permitió refinanciar bonos por 81.800 millones de dólares, sobre los que haría una quita de 65,4 por ciento. Quedan afuera 20.000 millones de dólares y los fondos buitre inician acciones legales contra Argentina. El 2 de junio se cerró el canje con la creación de un fideicomiso para pagarle a los bonistas que ingresaron a la operación, quienes recibieron títulos por un valor nominal de 35.261 millones de dólares. Al año siguiente, el 3 de enero, cancela en un solo pago toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional, por un total de 9.500 millones de dólares, utilizando reservas monetarias del Banco Central.
Los que quedaron afuera incrementaron la presión contra el Gobierno con diversos pedidos de embargo ante tribunales internacionales. Varias demandas se radicaron en Nueva York porque parte de los bonos emitidos bajo legislación estadounidense. El 22 de octubre de 2009 el entonces ministro de Economía Amado Boudou anuncia la reapertura del canje a partir de la presentación de los bancos Citibank, Barclays y Deutsche Bank, que aseguraron el ingreso de 10.000 millones de dólares de bonos en default. Allí comenzaría otro largo proceso.
En diciembre se realizan los trámites ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) para reabrir el canje y el 15 abril del año siguiente presenta los detalles de la nueva oferta. El 3 de mayo se inicia el período de suscripción a la oferta de canje y el 23 de junio el entonces ministro del gobierno de Cristina Kirchner anuncia que el canje de bonos tuvo una adhesión del 66 por ciento, al haberse refinanciado títulos por 12.067 millones de dólares del total de 18.300 millones incluidos en la operación. El nivel total de adhesión global fue de 92,4 por ciento.
El país en todo este tiempo nunca fue considerado libre default y los constantes castigos de las calificadoras, organismos multilaterales de crédito y el establishment financiero impidieron tomar crédito en el exterior. La presión de los fondos buitre sobrevoló el país todos esos años hasta que en 2016, el macrismo --previamente acordado con quien fuera su ministro de Finanzas Luis Caputo-- abandonó la discusión judicial con los inversores carroñeros y les pagó todo lo demandado.
Como señal de agradecimiento, el mercado internacional abrió sus ventanas (al menos dos años) y le permitió al gobierno de Mauricio Macri iniciar un proceso de velocidad inaudita de endeudamiento que, en cuatro años, derivó en un nuevo default. Este default llevará mucho tiempo levantarse. El contexto de crisis global, tal vez, haga pasar desapercibido en el corto plazo los efectos del default macrista y esa es una carta que Alberto Fernández sabe que puede jugar para plantarse en los 50 centavos que pretende ofrecer como máximo. Los acreedores tienen espalda también, pero la literatura financiera advierte que en las reestructuraciones con un país en default los procesos son más largos y los niveles de quita mayores. Si se resuelve sin esa espada de Damocles las negociaciones suelen ser más cortas y los niveles de quita mucho menores. Habrá que ver qué camino eligen los acreedores.
Cerrar sesión