La calificadora de riesgo Moody’s informó este miércoles que subió la calificación crediticia de la Argentina. La deuda en moneda local pasó de "B3" a "Caa1" y el de moneda extranjera de "Caa1" a "Caa3", según publicó este miércoles la entidad. “La decisión de elevar los techos de calificación en moneda local y extranjera refleja la mayor previsibilidad y consistencia en la política económica de Argentina que ha llevado a una rápida reducción de los desequilibrios monetarios y fiscales que estaban alimentando una inflación muy alta”, consignó Moody´s a través de un comunicado.
“Las acciones del gobierno para eliminar las restricciones a los pagos transfronterizos y la convertibilidad del tipo de cambio han aumentado la disponibilidad de liquidez en moneda extranjera en el país, a pesar de la baja apertura de la cuenta de capital. La política se ha orientado hacia un papel reducido del Estado en la economía y políticas menos intervencionistas que sugieren una menor probabilidad de riesgos de transferencia y convertibilidad en caso de que se diese un default soberano”, añadieron.
Moody´s explicó que la mejora en la calificación crediticia en moneda local equilibra la mayor previsibilidad de las acciones del gobierno en la economía y el sistema financiero, frente a la débil estabilidad de la balanza de pagos externa. “La brecha de un nivel entre el techo de moneda extranjera y el techo de moneda local refleja una mejor efectividad de la política y un endeudamiento externo relativamente bajo, equilibrado por una baja apertura de la cuenta de capital”, mencionaron desde la agencia de rating.
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El Gobierno afrontará este jueves el pago del primero de los grandes vencimientos programados para este año. La obligación, que asciende a 4.341 millones de dólares, corresponde a bonos reestructurados en 2020 por el ex ministro de Economía Martín Guzmán, e incluye tanto capital como intereses.
La advertencia del mercado
Un informe dado a conocer este lunes por el banco de inversión JPMorgan Chase considera que el enfoque fiscal debe cambiar de uno basado en el gasto a uno centrado en los ingresos, dado que existe poca capacidad para seguir recortando partidas. A contramano, el Gobierno promete este año bajar todavía más el gasto y que eso redunde en una eliminación de impuestos. La apuesta del mercado es que las elecciones legislativas le permitan al Gobierno avanzar en reformas estructurales para seguir ajustando, como la laboral y previsional.
El discurso oficial es que el ajuste derivará en una “devolución” a la población del esfuerzo en menos impuestos. Sin embargo, el ahorro producto del recorte no llega a las mismas espaldas. Por el contrario, el ajuste recayó en jubilados, empleados públicos, provincias y en una recesión que afectó también el trabajo privado. Los recortes de impuestos y exenciones se aplicaron sobre en sectores puntuales: redujo alícuotas en Bienes Personales, modificó el Régimen de Monotributo para que alcance a menos personas y eliminó el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles. Además, no prorrogó el impuesto al PAIS para el dólar tarjeta que venció a fin del año pasado.
Pero los movimientos tributarios no mejoraron el perfil impositivo. De hecho, empeoraron. El latiguillo de la presión fiscal, con la que argumentan la eliminación de impuestos y justifican los ajustes en el gasto, también se cae de bruces ante la realidad. En una economía en la que desde el Gobierno se fomenta el trabajo informal, el resultado es una mayor inequidad y que la presión fiscal (concentrado en un universo formal cada vez más acotado) se va incrementando año a año.
Según JP Morgan, el déficit fiscal primario pasará de un superávit del 0,3 por ciento del PBI en 2024 a un equilibrio en 2025, el mejor desempeño desde 2010. Pero la eliminación de impuestos como el PAIS y la ausencia de ingresos extraordinarios podrían generar un déficit de ingresos equivalente al 2 por ciento del PBI.
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