Megacanje Milei: la estrategia del Gobierno para evitar un nuevo default en dólares

Tal como anticipó El Destape, el Gobierno, sin alternativas en el corto plazo de conseguir dólares financieros o del sector comercial, se prepara que realizar una abultada reestructuración de deuda en moneda extranjera. Por esa razón, dado el nivel de vencimientos del año próximo estamos frente a un nuevo megacanje de deuda. Este lunes el gobierno nacional flexibilizó por decreto las condiciones legales para poder realizar canjes en moneda extranjera en medio de las dudas que tiene el mercado por la acumulación de dólares para pagar los vencimientos.

La resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial elimina la obligación de que es el Congreso quien tenga que autorizar una reestructuración de deuda en dólares y con inversores extranjeros y organismos de crédito (como el FMI) e impone un piso mayor hasta el 2027 de aceptación compulsiva de títulos del Tesoro por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Con reservas negativas y pérdida constante de divisas de las arcas del Banco Central, el país enfrenta en los próximos doce meses vencimientos por más de 22.000 millones de dólares, mientras que, valuado en moneda extranjera, la deuda consolidada del Tesoro y Banco Central creció en 53.721 millones de dólares en la primera decena de meses de gobierno libertario; todo esto con un nivel de reservas netas líquidas se ubican en terreno negativo por 8762 millones. Para tener en cuenta, el megacanje de Domingo Cavallo durante el gobierno de Fernando De La Rúa ascendió en ese momento a 53 mil millones y derivó en una denuncia por comisiones millonarias entregadas a bancos amigos supuestamente por parte del actual ministro Federico Sturzenegger.

Luego de una nueva edición del festival de deuda que encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo, en la primera parte de este año, el Gobierno estipuló en el proyecto de Presupuesto 2025 un esquema de endeudamiento que, asegura, será sin crecimiento neto, para lo cual apuesta a un financiamiento positivo de organismos multilaterales de crédito, incluyendo crédito del banco de desarrollo de China –sí, el país comunista con el que Milei no quiere tener ningún tipo de relaciones— y un ajuste del gasto público suficientemente feroz como para conseguir el visto bueno del establishment financiero para una renovación de los vencimientos de este año.

De acuerdo con las planillas del proyecto de ley de Presupuesto para el año próximo, se prevé un incremento de los pasivos de 158,6 billones de pesos para cubrir amortización de deuda por 145,8 billones y 10,4 billones en inversión financiera. De todos modos, sigue latente la pregunta de cómo enfrentará los vencimientos de deuda en dólares con un stock de reservas en terreno negativo.

El Presupuesto del 2025 cuenta con un ajuste en inversión social que obliga a una austeridad inédita para afrontar la carga de los servicios de deuda. El proyecto establece que el superávit primario debe alcanzar no solo para pagar los gastos corrientes, sino también los intereses de la deuda. El objetivo no confesado del Gobierno es recuperar el acceso a los mercados financieros, para lo cual envió en su discurso de presentación una serie de señales al mercado de quien espera la validación para un “rollover” (refinanciamiento).

Una ventana abierta a otro megacanje

El Gobierno deja, dentro del decreto, suspendidos los alcances de la Ley de Administración Financiera, que establecía ante una renegociación de pasivos, que deberían mejorarse dos de tres variables financieras: tasa, plazo o capital.

“Dispónese que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago. Los precios de los instrumentos serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados para cada una de las operaciones que se realicen en el marco de las normas de procedimientos aprobadas por las resoluciones de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda”, señala el decreto 846 recientemente publicado.

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se explica que con “la eliminación de este artículo no queda establecida ninguna pauta para renegociar la deuda”. Esto implica que, ante una reestructuración, pueda producirse un incremento en el monto adeudado, aún respetando el cupo de deuda autorizado por el Congreso. Ello podría ocurrir estirando plazos, pero ofreciendo mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de esa deuda reestructurada, pudiendo resultar ruinoso para el país en determinadas circunstancias.

“Una pauta de razonabilidad indicaría que, en todo caso, esa afectación del cupo de endeudamiento autorizado por la ley de presupuesto debiera producirse siempre que no se mejoren dos de los tres elementos: tasa, plazo y/o monto o siempre que se empeore el valor presente neto de la deuda”, señala el documento del CEPA.

Además, obliga a la ANSES a absorber parte el endeudamiento del Tesoro. “Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2027, podrá mantenerse hasta el 70 por ciento de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) en títulos públicos, cuenten o no con garantías, debiendo, al cabo de ese período, regularizar la tenencia de esos activos a los límites establecidos en el párrafo precedente”, apunta el artículo 1 de la resolución.

Por su parte, en el articulado del proyecto de Presupuesto el Gobierno determina que el 18 por ciento de lo autorizado a colocarse de títulos públicos podrá emitirse bajo jurisdicción extranjera, que representarían unos 3.500 millones de dólares, según cálculos de las consultora 1816. El cambio de jurisdicción de la deuda también genera peores condiciones financieras. Los decretos se conocen en momentos en que el ministro Caputo está en Estados Unidos manteniendo reuniones con inversores y sin confirmación de reuniones oficiales con la cúpula del Fondo Monetario Internacional.