Fue “gravoso para el Estado” el bono a 100 años que emitió el gobierno de Mauricio Macri en 2017, de acuerdo al informe aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN). El organismo detalló todas las irregularidades que se cometieron alrededor de ese endeudamiento, que tuvo un “manejo poco transparente e ineficiente, que comprometió a generaciones futuras de argentinos”.
“Jugaba la Champions League y dejó todo para venir a jugársela por su país”. Así describió Marcos Peña, ex jefe de Gabinete de Macri, a Luis “Toto” Caputo, entonces ministro de Finanzas. Una descripción que choca con el duro reporte que firmaron los auditores generales, al que accedió El Destape, en el que cuestionan que tramitó la deuda del siglo en tiempo exiguo, sin una estrategia previa, sin procedimientos, sin la intervención de áreas competentes y sin un análisis técnico sobre su conveniencia.
La Comisión de Control de la Deuda Pública de la AGN realizó un examen especial para analizar los procesos implementados en la colocación internacional autorizada por la Resolución 97-E/2017. El período auditado por el grupo presidido por el auditor general Francisco Javier Fernández fue el 2017, aunque incorporaron los años 2018, 2019 y 2020 para comparaciones y análisis financieros.
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En un encuentro virtual, el Colegio de Auditores de la AGN aprobó hoy el reporte. Estuvieron presentes su titular, Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva.
La aprobación significa que la emisión del bono del siglo durante la gestión macrista consistió en “un endeudamiento gravoso para el Estado por el término exagerado de 100 años, tramitado en un tiempo exiguo, sin una estrategia de deuda previa, sin un marco de procedimientos, sin la intervención de áreas competentes y sin constancia de un análisis técnico sobre la conveniencia de instrumentos alternativos ni de las propias cláusulas insertas en el prospecto (como la cláusula de rescate, por ejemplo)”. Esto expuso un manejo “poco transparente e ineficiente que comprometió a generaciones futuras de argentinos”.
En cuanto a los aspectos relacionados con el análisis financiero previo que fundamentaran a este bono, la AGN reveló que la emisión de un título de estas características no estaba contemplada en el programa financiero anual ni contaba con el respaldo de una estrategia. “La inexistencia de un marco legitimado por el Congreso Nacional otorgó un poder discrecional al Ministerio de Finanzas poco transparente”, sentenció.
En segundo lugar, llegó a la conclusión de que “el auditado no contaba con un manual de procedimientos ni con un proceso normado que determine el circuito a seguir en los casos de endeudamiento público internacional. No se constató la intervención de algunas áreas con funciones asociadas al endeudamiento externo según normativa, como es en el caso de la Unidad de Análisis de Riesgos Financieros (UARF), Unidad de Evaluación de Financiamiento (UEF) y Coordinación de emisión de deuda externa (CEDE)”.
Además, resaltó que el gobierno de Cambiemos “realizó un análisis parcial de los términos y condiciones que se expresaran en el prospecto de la emisión del bono del siglo, ya que no realizó una evaluación previa de la cláusula de rescate ni analizó alternativas posibles de colocación”.
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Estas carencias exigieron que el equipo de Auditoría realizara un análisis en forma independiente, poniendo énfasis en el enfoque de integridad. El análisis indicó que, aunque el Estado se endeudó por USD 2.750.000.000, recibió USD 2.470.941.651. Esto implicó una diferencia de alrededor del 10%, que se debió no sólo a que su colocación fue a descuento, sino también a las comisiones y gastos involucrados en la operación.
Debido a las características de la emisión, Argentina ya habría devuelto el 100% del monto captado al término de los 12 años. En tanto, a los 50 años pagaría casi el 400% y al final de los 100 años ya habría repagado más del 900% de monto neto a recibir al inicio.
Desde el punto de vista de los 148 fondos de inversión que participaron, quien hubiera adquirido el bono del siglo recuperaría su inversión al cabo de poco más de 13 años y todos los pagos que recibiese a partir de esa fecha sería un beneficio neto que se extendería por casi 87 años. “Dadas las ventajas para los inversores, no es de extrañar que las órdenes de suscripción más que triplicaran el monto adjudicado final”, apuntó la Auditoría.
Durante el debate, se consideró también que este bono fue incluido en el último canje de deuda de 2020. Allí se mejoraron las condiciones tanto en la tasa de interés, como en el plazo, eliminando la cláusula de rescate anticipado que tenía el instrumento donde obligaba a la Argentina a pagar más del doble del capital solicitado si quisiera rescatarla con esa condicionalidad.