El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alejandro “ Topo” Rodríguez, presentó un proyecto de Resolución ante la Cámara de Diputados para que el Gobierno exija al Fondo Monetario Internacional (FMI) una investigación exhaustiva con el propósito de establecer si una parte de los 45.000 millones de dólares entregados a la Argentina, en el marco del préstamo Stand By 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri, financió la salida de capitales financieros del país. Desde el Frente de Todos también impulsan que aquellos que tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia.
La Resolución que propone el presidente del interbloque Federal, quien integra en calidad de vocal la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, apunta a que intervenga la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo para determinar, mediante una investigación, si una parte de “los recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se destinaron a financiar salidas considerables o continuas de capitales”. Esto significaría haber usado parte de ese préstamo para sostener la salida de capitales especulativos que habían llegado al país principalmente entre 2016 y 2017.
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El pedido de intervención de la OEI para analizar más en profundidad el caso argentino ya había sido parte de la discusión interna en el propio FMI. De hecho, muchos directores de ese organismo lo solicitaron hace pocos meses y la novedad trascendió el 22 de diciembre de 2021, cuando se anunciaron los resultados de la Evaluación Ex Post del Stand By 2018 para Argentina, al señalarse en un comunicado oficial del Fondo que “muchos directores consideraron que una evaluación del Acuerdo Stand-By con Argentina por parte de la Oficina de Evaluación Independiente podría haber complementado las conclusiones de la Evaluación Ex Post”.
En su parte resolutiva, el proyecto impulsado requiere “solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que instruya al Director Ejecutivo por los países del Conosur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que gestione ante ese organismo la urgente intervención de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), con el propósito de iniciar una investigación que permita evaluar la medida en que recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales, vulnerando y/o incumpliendo así los términos del Artículo VI del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, incluyendo en el análisis otras cuestiones que resulten relevantes para el conocimiento del organismo y del gobierno argentino, permitiendo obtener lecciones de política pública”.
Buscar a los fugadores
El bloque de senadores del Frente de Todos presentó este lunes un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”. La iniciativa busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia.
De acuerdo con los considerandos de la medida, este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero.
Los alcanzados por la medida deberán realizar un aporte del 20 por ciento de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. El proyecto anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%. Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente.
La ley también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país "cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la Argentina". Los senadores proponen también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.
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