El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la tasa de interés que cobra sobre sus préstamos. Esto implica un alivio para Argentina de casi 450 millones de dólares por año.
Según explicó el exministro de Economía Martín Guzmán, la cifra de ahorro representa "más que la mitad de lo que cuesta la Ley de Financiamiento Universitario que vetó el gobierno de Javier Milei". A través de sus redes sociales, sostuvo: "Aquí hay un financiamiento para el que hay que definir un uso".
Tras la confirmación de tal decisión por parte del board de directores, la titular del FMI, Kristalina Georgieva sostuvo que “las medidas aprobadas reducirán los costos de endeudamiento del FMI para los miembros en un 36 por ciento, o alrededor de 1.200 millones de dólares anuales”. El número previsto de países sujetos a recargos en el año fiscal 2026 disminuirá de 20 a 13.
“En un entorno global desafiante y en un momento de altas tasas de interés, nuestros miembros han llegado a un consenso sobre un paquete integral que reduce sustancialmente el costo del endeudamiento, salvaguardando al mismo tiempo la capacidad financiera del FMI para apoyar a los países necesitados. Esto se logra reduciendo el margen sobre la tasa de interés del DEG, elevando el umbral para los recargos basados en niveles, reduciendo la tasa de los recargos basados en el tiempo y aumentando los umbrales para las tarifas de compromiso. El paquete aprobado entrará en vigor el 1 de noviembre de 2024”, afirmó Georgieva a través de un comunicado.
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El Gobierno perderá más dinero por no cobrar Ganancias a los jueces que lo que cuesta el financiamiento a las universidades
El Gobierno de Javier Milei destinará más fondos a subsidiar la exención impositiva del Poder Judicial en 2025 que la proyección de financiamiento universitario que vetó la administración de La Libertad Avanza (LLA) y que profundiza el congelamiento salarial de los profesionales de la educación pública.
El financiamiento de las universidades nacionales que plantea vetar el Gobierno tenía un costo fiscal estimado en 0,14% del Producto Interno Bruto, unos 738.595 millones de pesos, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En comparación, las exenciones de los ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial están estimadas en 767.000 millones de pesos (0,10% del PBI) en 2025.
No es la única vía de financiamiento posible, ya que el Gobierno fijó sus prioridades presupuestarias de cara al próximo año, las cuales dejan olvidada a la educación universitaria. Por el total de los gastos tributarios vinculados a exenciones o rebajas impositivas, el Estado dejaría de recaudar el próximo año cerca 23,7 billones de pesos. Es decir, el 3,10% del PBI.
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