Luego de haber acordado las condiciones del canje de deuda bajo legislación extranjera, al Gobierno le queda un largo camino para seguir negociando. Aunque las presiones inmediatas son absolutamente distintas, el equipo económico que lidera Martín Guzmán se prepara para iniciar las conversaciones y rediscutir el acuerdo stand-by firmado entre el FMI y nuestro país en 2018.
Bajo la atenta mirada del gobierno de Estados Unidos, el Fondo le otorgó un préstamo de U$S 57.000 millones de dólares a la administración de Mauricio Macri. El empréstito récord sirvió a la exdirectora del organismo Christine Lagarde para patrocinar su carrera política y dar el salto hacia el Banco Central Europeo.
En el medio quedó un país pendiendo de un hilo, que sólo estiraba la agonía de un default que, de no mediar desembolsos millonarios, hubiera ocurrido en abril de 2018. El destino de los montos no cambió la ecuación de la política de Cambiemos: según cifras del Banco Central, en la primera fase de ingreso de capitales, de cada 10 dólares que ingresaron al país, ocho tenían su origen en colocación de deuda y capitales especulativos.
Ante un contexto de fuerte debilidad política y con la confirmación del fracaso político en las PASO, la relación del Fondo con el país entró en un verdadero stand-by, por lo que no se giraron los desembolsos correspondientes a septiembre de 2019. Hasta ese momento, Argentina recibió alrededor de U$S 44.000 millones por parte del organismo multilateral de crédito. La suspensión del acuerdo coincidió con el cambio de conducción, cuando Lagarde le cedió su puesto a Kristalina Georigeva.
La economista búlgara es considerada como un ala renovadora en el marco de la histórica perspectiva ultraortodoxa del Fondo. Al tanto de esta situación, el gobierno de Alberto Fernández se acercó a Georgieva para conseguir respaldo político internacional de cara a las desgastantes negociaciones con acreedores privados que aparecían en el horizonte. Y Argentina logró su objetivo.
Comunicados, declaraciones públicas, entrevistas con medios extranjeros, reuniones con Guzmán en el Vaticano. El FMI no desaprovechó oportunidades para reforzar el discurso del Gobierno en torno a la sostenibilidad y la necesidad de que los bonistas cedan en sus pretensiones.
De hecho, el propio presidente, Alberto Fernández, reconoció en una entrevista televisiva el rol positivo de Georgieva durante las tratativas que derivaron en el acuerdo definitivo. Y hasta develó una conversación que el mandatario tuvo con el Papa Francisco: "Esta mujer conoce lo que es la pobreza. Háblele sobre lo que sucede en Argentina y lo va a entender". Pero más allá de las coincidencias parciales, hay un asunto grande por resolver.
Por un nuevo programa
Allá por febrero, Argentina le informó al FMI que no pagará los vencimientos de devolución previstos para los años 2021, 2022 y 2023. La condición necesaria de una reestructuración es comenzar los pagos recién en 2024. A partir de ese momento, el acuerdo se convirtió en letra muerta.
Al cancelarlo, el Gobierno dio a entender que hablar de obligaciones en el mediano plazo es incorrecto por el hecho de la inexistencia de un entendimiento entre ambas partes. Por ende, hay U$S 44.000 millones flotando en el aire que deben ser encasillados en un nuevo cronograma de erogaciones.
El desafío principal de Argentina es diseñar un programa con flexibilidad en las pautas técnicas sin condicionalidades. El aspecto que juega a favor de la posición nacional es el reconocimiento del FMI sobre la "equivocación" que significó el préstamo.
Pero el hecho que demuestra la falencia del Fondo se corresponde con una violación de las normas internas del organismo. Es que para recibir desembolsos “cuando se superan ciertos límites de seguridad relativos a la relación entre los préstamos y las cuotas que cada país mantiene en el organismo”, se deben cumplir con cuatro criterios o límites de seguridad.
Al menos tres criterios necesarios para habilitar el uso del acceso excepcional a los fondos provistos por el organismo pueden ponerse bajo la lupa. De estos parámetros, sólo se cumplió el primero, el cual fija que “el país miembro debe enfrentar una crisis de balanza de pagos que no pueda solventarse mediante el acceso convencional”.
Pero surge como dudoso cumplimiento de la "alta probabilidad de repago en el mediano plazo” que corresponde al segundo criterio, ya que desde el propio diagnóstico del FMI, Argentina era “sustentable, pero con baja probabilidad” teniendo un mayor nivel de deuda pública bruta en porcentaje del PBI a comparación de Estados Unidos, país que considera “insustentable”.
En otro aspecto, también hubo irregularidades en el cumplimiento de la “perspectiva favorable en torno a su regreso a los mercados internacionales de crédito” del tercer criterio, ya que el índice de riesgo país se duplicó desde el inicio del programa. Aún en el caso del retorno a los mercados internacionales de crédito, las tasas de interés a las que podría acceder el Tesoro Argentino hubieran sido lo suficientemente elevadas como para hacer imposible su repago.
¿El Fondo cambia?
Por empezar, aún si Georgieva tuviera las mejores intenciones, las decisiones del FMI son tomadas por la junta de gobernadores, por lo que el director gerente es un mandatario del directorio y éste de la junta. Y digamos que la pandemia no evitó las buenas formalidades, ni trajo contemplaciones.
A pesar de las urgencia económicas que generó la crisis del coronavirus, a principios de mayo el Gobierno pagó un vencimiento por U$S 320 millones correspondientes a intereses del programa. Y en los próximos meses hay más "minivencimientos" en la agenda del Ministerio de Economía.
En declaraciones a El Destape Radio, el Director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, remarcó de cara a las negociaciones: “No es un organismo de desarrollo, sino que financia procesos de ajuste o de crisis de endeudamiento. Esa es su naturaleza”.
“Hay cambios significativos en el FMI pero que no lo transforman en otra cosa”, afirmó el funcionario. Y añadió: “Por ejemplo, cambió su postura sobre los controles de capital y ahora saben que en Argentina es importante tenerlos”.
En ese snetido, aseguró que a los encuentros con el organismo habrá que ir "con mucho cuidado, revisando qué se hizo mal y por qué descarriló el programa de 2018".
A esta caracterización se sumó el presidente del YPF, Guillermo Nielsen, quien ya pasó por la experiencia de tener que llegar a acuerdo con el FMI, en ese momento conducido por Anne Krueger. El funcionario sintetizó: "El FMI es muy duro, siempre ha sido durísimo. Que no ponga condiciones es un cuento de hadas; siempre pone condiciones".
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