“Ayer y hoy se acercaron posiciones. La diferencia ronda los 3000 mil millones de dólares. Todavía hay tiempo para prorrogar. Esperemos”. En el medio día de un domingo de trabajo, el presidente explica que espera que Black Rock entienda finalmente que el país ya no puede pagar más. En el zoom del sábado a la tarde el ministro deslizó a los negociadores del fondo liderado por Larry Fink que los tiempos se acaban y que el presidente ya no se moverá de la última oferta. En el mercado hubo rumores de que Alberto podría decidir retirar la oferta.
Además de la diferencia monetaria está en disputa la cláusula de acción colectiva que permite que el Estado se libre de posibles juicios de fondos buitre si logra determinados niveles de aprobación en cada bono. Black Rock exige que el país renuncie a ese derecho. Pero Guzmán les explicó que ese marco legal es el que impone la Asociación Internacional de Mercado de Capitales y que refrendan el FMI y el G 20. “Seguimos trabajando en el tema y si hay alguna innovación legal que tenga el apoyo de la comunidad internacional y nos permita abrir un puente con los bonistas lo haremos”, comentó el ministro.
Respecto a la diferencia actual, el consultor Emanuel Álvarez Agis estimó que suma 3273 millones de dólares. Si el país aceptara la última oferta de los acreedores debería sumar pagos por 170 millones de dólares en 2021, 691 millones en 2022, 856 millones en 2023, 380 en 2024, 407 en 2025, 1633 en 2026 y 2028 en 2027. De ahí hasta 2038 los pagos serían menores que en la propuesta de Argentina. En promedio las erogaciones serían de 250 millones menos por año.
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La decisión del presidente es bien complicada. Ya elevó la oferta de 41 a 53,5 dólares en un momento en que la economía mundial se desmorona. El tema es que si el acuerdo le permite a Argentina volver a los mercados a una tasa promedio algo superior al 3,3 por ciento como pide Black Rock el país podría cumplir sus compromisos sin realizar grandes erogaciones y calmar el mercado financiero interno que funciona con una brecha entre un dólar oficial razonable y los que utilizan para comprar las empresas superior al 60 por ciento, con restricciones cambiarias crecientes. Para lanzar su plan de impulso al consumo y la inversión es necesario un tipo de cambio en equilibrio.