Attiya Waris, experta de la ONU: "La deuda no contribuyó a mejorar los derechos humanos en Argentina"

“Argentina ha demostrado su capacidad de resistencia frente a una situación de deuda crónica durante los últimos 40 años, al mismo tiempo que el país avanzaba en sus procesos democráticos, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de sus servicios sociales”, resaltó Attiya Waris, experta independiente de las Naciones Unidas sobre la deuda externa, otras obligaciones financieras internacionales y los derechos humanos. La funcionaria de la ONU visitó Argentina como su primer destino tras haber asumido en agosto del año pasado.

“Los estados deben diseñar y aplicar políticas que se dirijan a la realización de los derechos humanos”, explicó en su informe preliminar, cuya versión final presentará ante la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2023. Tras su estadía por diez días se reunió con autoridades nacionales de siete ministerios y el Congreso, además de funcionarios de las provincias de Buenos Aires y Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires. Keniana con una especialización en derecho fiscal, política y desarrollo, Waris le explicó a El Destape que solicitó visitar Argentina primero tras ponerse en funciones, luego de que un cambio de gabinete en Pakistán atrasó su otro destino en agenda.

La experta independiente de la ONU criticó que “el ciclo de endeudamiento público que ha asumido Argentina a lo largo de los años, si bien es útil para mantener la estabilidad de la economía, no se traduce en un aumento directo de los recursos para invertir en derechos humanos”. Este análisis incluye el mayor crédito en la historia del FMI, los US$ 45.000 millones que Donald Trump presionó para que reciba Mauricio Macri para su candidatura presidencial y que se evaporó de las arcas del Banco Central debido a la fuga de capitales.

Los economistas de Cambiemos excusan que los créditos buscados se destinaron al pago de las obligaciones pasadas. Ese argumento elude la razón de la suba del pasivo en US$ 100.000 millones y el por qué se buscó deuda en dólares en un país con una histórica escasez de divisas en el Banco Central cuando los vencimientos debían abonarse en pesos. Una bomba de tiempo en potencia, que finalmente estalló en 2018 y disparó los precios, lo que incrementó la pobreza y, consecuentemente, dificultó la satisfacción de derechos elementales.

“Ciertamente es un enfoque muy interesante”, reflexionó Waris a El Destape sobre el proyecto del Frente de Todos en el Senado para que el Fondo ayude al país a buscar el dinero fugado del préstamo. Sin embargo, aclaró que debía leer más en detalle la iniciativa y contrastarla con la carta orgánica del organismo multilateral. “El pueblo argentino y el de los países tienen derecho a conocer de dónde viene el dinero de la deuda, por qué y a qué se destina, porque se trata de dinero público”, añadió en un fluido inglés.

El informe preliminar destacó que Argentina hará frente a la deuda con un incremento de las exportaciones, impulsada por la deuda se basa principalmente en el aumento de la producción de petróleo y gas, litio, cobre y otros productos mineros, el impulso de la industria alimentaria, la industria del conocimiento y el hidrógeno verde y energías renovables. “Todos sectores que según el Estado tienen un importante potencial de crecimiento”, especificó.

Waris apoyó que se debata, como propone Argentina, eliminar la sobre tasa que el FMI cobró con el aval de Macri. “La cuestión de los pagos por los recargos también debe ser cuestionada, ya que prima facie va en contra de permitir que un Estado utilice el máximo de sus recursos disponibles y cumpla con las obligaciones inmediatas para la realización de los derechos humanos”. Como resultado del acuerdo de 2018, Argentina deberá pagar entre 2021 y 2026 unos US$ 4.000 millones en recargos, lo que supera con creces los US$ 3.600 millones de comisiones y cargos del mismo préstamo, de acuerdo a lo firmado por el gobierno de Cambiemos.

La experta le dedicó atención también a la continua suba de precios. “La alta inflación parece estar constantemente en el debate público. Está provocada por la multiplicidad de crisis mundiales, la dependencia de las exportaciones y los múltiples tipos de cambio”, opinó.

Por último, no escondió su sorpresa al enterarse de que la Corte Suprema de Justicia argentina se mantenga sólo con cuatro integrantes, cuya totalidad consiste en varones con recorridos similares. “Debido a la naturaleza política de las decisiones que tienden a hacer, los máximos tribunales tienden a tener muy diversos grupos de gente, de distintas inclinaciones, de distintas partes de la sociedad-- por supuesto, siempre abogados, sí. Pero el número final usualmente es o bien un número constitucionalmente establecido o es un número políticamente negociado, dependiendo de la diversidad del país. Pero basado en la cantidad de trabajo que hacen, los que he visto que funcionan bien, al menos tienen siete ó nueve”, explicó.

¿Y si vuelven los fondos buitre?

Pese al shock social que había generado la crisis de 2001, un gobierno neoliberal hizo retroceder una década la autonomía obtenida y volvió a someter al país en al menos tres generaciones con la deuda externa. El aprendizaje que dejó el gobierno de Mauricio Macri y la migración masiva de fondos buitre ya conocidos por Argentina obligó a algunos funcionarios a preparar anticuerpos.

El senador nacional Oscar Parrilli presentó un proyecto para limitar el accionar especulativo de los buitres. Inspirado en una vasta legislación internacional que consigna ejemplos de Bélgica, Francia y Grecia, entre otras naciones, el legislador neuquino propone una serie de reglas que protejan al Estado ante los ataques especulativos financieros internacionales.

Parrilli sostuvo que “los derechos de los acreedores privados para reclamar una deuda legítima contra el Estado sólo se considerarán vigentes y con validez financiera si la compra, adquisición o tenencia de dicha deuda en cualquiera de sus manifestaciones -bonos, títulos, entre otros - ocurre al menos con 90 días hábiles de anticipación a la fecha en que el país ingrese en un proceso de reestructuración, refinanciación, reperfilamiento, cese de pagos o cualquier otra denominación que se utilice para expresar la imposibilidad del Estado de cumplir con sus vencimientos programados en materia de deuda”.

Es que Parrilli sostuvo que “la ventaja ilegítima especulativa se define como la existencia de una desproporción manifiesta y evidente entre la suma total efectivamente abonada por el acreedor para adquirir la deuda y el reclamo que éste realiza frente al Estado”.