La diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos cuestionó las irregularidades del préstamo otorgado por el FMI y advirtió que se otorgó en “condiciones que nada tienen de convencional”. Cabe recordar que el presidente Alberto Fernández viene de ordenar la apertura de una querella criminal contra los responsables de haber rubricado el empréstito.
Asimismo, Vallejos señaló que Macri podría ir preso sí la Justicia avanza y ratifica las irregularidades en el otorgamiento del préstamo: “La administración fraudulenta es un delito penal tipificado en el Código Penal y por supuesto tiene una pena de privación de la libertad".
“Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años no sólo serían penalmente y administrativamente responsables, configurando un acto de administración fraudulenta en contra del erario público, entre otras figuras, sino que, además, deberían responder con su patrimonio por ese accionar criminal”, sentenció la legisladora. En ese sentido, Vallejos abogó por una “indemnización” para la Argentina que incluya una quita y la extensión de los plazos de pago.
Al enumerar cada una de las irregularidades, consideró que “tiene que haber una indemnización para la Argentina a la hora de negociar, esto significa llegar a un acuerdo en las condiciones que se puede pagar y sin sacrificar ninguna de las cuestiones que son fundamentales". Al respecto, sostuvo que “puede haber una quita y una extensión de los plazos, porque cuando el préstamo se otorgó en condiciones que nada tienen de convencional, no hay motivos para pensar que tenga que haber convencionalidad a la hora de resolver eso que claramente estaba mal dado”.
Las irregularidades del acuerdo
El crédito que tomó el gobierno de la alianza Cambiemos por U$S 57.100 millones (de los cuales se desembolsaron alrededor de U$S 44.000 millones) fue el mayor de la historia otorgado por el organismo financiero, se concretó en el marco de la crisis financiera que tuvo lugar durante la gestión de Mauricio Macri y el desembolso se hizo efectivo durante la campaña presidencial del año 2019.
En medio de las negociaciones, la presidenta de la comisión de Finanzas de Diputados explicó cómo el acuerdo con el FMI infringió leyes y normativas que regulan la contratación de la deuda pública en la Argentina.
1- “El gobierno de Macri firmó la Carta de Intención sin que existiera expediente previo, a través del cual debió haber tramitado la decisión. El expediente se abrió el 21 de junio de 2018, 9 días después, lo que torna inválido el procedimiento administrativo de acuerdo con el artículo 7, incisos b y d, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”.
2- “Tampoco hubo dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención, otro elemento que vuelve inválido el acto administrativo, según el artículo 7, inciso d, de la ley de Procedimientos Administrativos”.
3- “No hubo dictamen previo del Banco Central sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos, un requisito fundamental para contratar deuda externa, tal como lo prescriben los artículos 61 y 66 de la Ley de Administración Financiera N°24.156. De hecho, para el momento en el que se decidió el crédito, el Balance de Pagos estaba en rojo, algo que no podía ser omitido por los ex funcionarios”.
4- “No se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito, no hubo decreto presidencial ni resoluciones de Hacienda o del BCRA. Amén de que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central no tenían competencia para firmarlo sin autorización del Presidente, tal como estipula el artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional”.
5- “No se conoce ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica, que den sustento a los datos y proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la Carta de Intención. Sin causa válida, toda decisión administrativa es nula, de acuerdo con los artículos 7, inciso b, y 14 de la ley de Procedimientos Administrativos”.
6- “Tampoco hay constancia de haberse suscripto el acuerdo, ni del acto de aprobación por parte del FMI, a pesar que la Carta dice que los memorandos deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by".