Los senadores del Frente de Todos le solicitaron al FMI que indague la corrupción detrás del mayor préstamo en la historia del organismo, que le fue entregado a Mauricio Macri como un aporte político para las elecciones presidenciales. Los U$S 45.000 millones se utilizaron para la fuga de capitales, pese a que ese destino se encuentra estrictamente prohibido en las normas del Fondo.
La Oficina de Evaluación Independiente del FMI había adelantado que entre las tres acciones que investigará se encuentran los desembolsos que autorizó Christine Lagarde para Argentina en 2018. En vista de esto, el bloque del FDT en la cámara alta le envió una carta de 14 fojas en la que les reclama que la indagación se realice “concienzudamente” el proceso de aprobación y giro del dinero.
“Esos fondos, en lugar de engrosar las reservas internacionales del BCRA, se dirigieron a financiar la fuga de capitales mediante el aumento en la formación de activos externos”, apunta la misiva. En junio de 2018, el acuerdo inicial había alcanzado los U$S 50.000 millones, lo que fue ampliado en octubre a U$S 7.100 millones. Sin embargo, llegaron a girarse sólo U$S 45.000 millones.
Aún así, se trató del préstamo más grande del Fondo en toda su historia, desde la segunda posguerra. Ante esto, plantearon, “es dable suponer que se deberían haber tomado los mayores recaudos posibles". No obstante, la entidad entregó el monto "sin cumplir con los requisitos mínimos de legalidad exigidos por las normas vigentes en nuestro país y vulnerando el artículo 6° del estatuto del FMI".
Los legisladores oficialistas aseguraron que comparten con la Oficina de Evaluación "la necesidad de realizar una investigación exhaustiva, precisa y detallada sobre los motivos y causas por las cuales el Directorio del Fondo, basado en los informes técnicos preparados por el staff de ese organismo, otorgó a nuestro país un préstamo de magnitud desproporcionada en relación a las reales posibilidades financieras de repago".
Cinco puntos le resaltaron los senadores a Charles Collyns, director de la dependencia, como las líneas de trabajo que consideran principales. En primer lugar colocaron a las "estimaciones para el diseño del programa y evaluaciones de sostenibilidad de la deuda", luego el "cumplimiento de los criterios establecidos por el FMI para que el país haya obtenido el Acceso Extraordinario". Le siguió la "vulneración del Artículo 6° del Estatuto del FMI" ante la masiva fuga de capitales que se aceleró tras los giros, los "aspectos jurídicos incumplidos en la Argentina" y, por último, la falta de transparencia, “corrupción; préstamo político".
"Es importante destacar que, pocos meses después del primer acuerdo, el FMI redoblaba su apuesta y aumentaba el financiamiento a la Argentina y lo continuaba durante 2019, a pesar de la evidencia del fracaso del salvataje otorgado durante el año 2018 al gobierno de Macri, visualizado en la desastrosa evolución de los datos macroeconómicos que el FMI conocía a la perfección", enfatizaron.
El oficialismo consideró que "las consecuencias de ese endeudamiento continúan aún hoy y, seguramente, por muchos años más, impedirán el pleno desarrollo del pueblo argentino". "Es decir, la intervención del FMI no sirvió para resolver los problemas de balanza de pagos y agravó todos los demás rubros de la economía argentina. A pesar del fracaso de esa intervención, una muestra más de la larga historia de fracasos del FMI en Argentina, hoy nuestro país es deudor de ese organismo por la suma de 44.500 millones de dólares y, al considerar los vencimientos pautados originalmente, surge claramente la imposibilidad de su pago", finalizaron.
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