En los últimos días el Gobierno envió varias señales de ortodoxia que analistas no tardaron en encasillar como parte del recetario de exigencias del Fondo Monetario Internacional para alcanzar un acuerdo por la deuda que dejó el macrismo. El recorte en el gasto social, como el fin del bono de emergencia a las familias o el aporte salarial a las empresas sin un reemplazo de alcance y características equivalente; la decisión de contraer la emisión de pesos con financiamiento bursátil; la concepción del salario como un elemento inflacionario; el desguace del esquema de Precios Cuidados y la modificación de la fórmula de actualización de jubilaciones fueron medidas y definiciones políticas que atizaron esa teoría.
En los análisis sugieren que el organismo que conduce Kristalina Georgieva ya comenzó a intervenir directamente en la economía argentina. Fuentes oficiales reconocen a El Destape que "hay mucho de mito" respecto de que todo lo que hace FMI "es una tara para la Argentina". En circuitos oficiales que se alejan de H. Yrigoyen al 200 van más allá y reconocen que esa "ortodoxia" es una característica propia del actual equipo económico que comanda Martín Guzmán y entienden que es un error o parte de la estrategia confundirla con recetas del Fondo.
Por razones obvias de toda negociación, la posición oficial es que "no existe un cronograma" que paute los tiempos hacia un acuerdo para reestructurar el programa con el cual devolver los 44.000 millones de dólares que le prestó el FMI en campaña a Mauricio Macri. El primer vencimiento es en septiembre. Sin embargo, la fecha a mirar es abril, un mes antes de que venza otra cuota del préstamo con el Club de París, organismo financiero internacional con el que la Argentina mantiene una situación de deuda impaga desde junio pasado. El otro elemento, más importante aún en la negociación, es el fin de la pandemia a partir de la aparición de la vacuna y su posible acceso de manera más masiva en el primer trimestre de 2021.
La posibilidad de aprovechar el perfil más "comprensivo" del Fondo Monetario que intenta mostrar la conducción de Georgieva respecto a las políticas de cobertura social podría permitir un acuerdo con menos restricciones de lo que habitualmente se consigue en situaciones de "normalidad". Aunque los efectos devastadores se seguirán sintiendo varios años más, la ventana que abrió el Fondo es pequeña.
Rápido, bien o ambas cosas
La estrategia, como se hizo durante el canje con los acreedores privados extranjeros, es aprovechar el acompañamiento mediático que hace el Fondo a las políticas sociales en el marco de la pandemia y, mientras, sacar a relucir en cada oportunidad (aunque no se vaya a avanzar legalmente) la ilegitimidad y falta de control del mayor desembolso de la historia del organismo a un país.
El envío de un proyecto para que sea el Congreso quien autorice futuros acuerdos con el FMI es parte de ese constante recordatorio, dado que la Constitución ya establece esas potestades parlamentarias. Esta medida, reconocen en Economía, "claramente fue una señal al Fondo". Guzmán adelantó el lunes a medios extranjeros el envío de esta iniciativa, 24 horas antes del arribo del staff del FMI. Pero, en paralelo, se anunciaron medidas que se vincularon con esa misma negociación y no lo son.
"Un caso paradigmático es la discusión por la fórmula de movilidad. No es una exigencia del Fondo. El FMI defiende la fórmula que aplicó el macrismo y siempre rechazó la del kirchnerismo; y la actual se asemeja más a esta última", señaló a El Destape el titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher.
Las estimaciones del Fondo en 2017 auguraban que la fórmula Macri-Pichetto iba a reducir en casi 20 puntos el valor presente de la masa de haberes previsionales sobre el Producto. "Claramente si a la economía le va mal y la inflación se vuelve a disparar, los jubilados van volver a perder; pero la fórmula actual impide que haya recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones bajo escenarios en que los salarios le ganen la inflación. El peso del componente salarial en la fórmula de movilidad actual no alcanza para que se traslade la mejora a los haberes previsionales", agrega Letcher.
El éxito del cambio de fórmula dependerá fundamentalmente en que el Gobierno no decida pisar las paritarias como ancla inflacionaria. En ese sentido, las definiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, asegurando que el salario debe ser el que "se pueda pagar" genera varios interrogantes respecto de la intención de que haya recuperación del poder adquisitivo de esos ingresos.
Otra oportunidad de un Fondo "edulcorado" que no se está aprovechando tiene que ver con una mayor regulación de la cuenta capital. Por primera vez, el organismo reconoce (en diversos informes) la necesidad de aplicar controles de capitales y cambiarios estrictos en el actual contexto de volatilidad financiera que desató la pandemia. Lejos de utilizar ese poder de fuego, el intento de estabilizar del tipo de cambio se encaró en las últimas semanas mediante incentivos a la especulación financiera, mientras que se redujo el nivel de retenciones al complejo sojero para estimular el ingreso de divisas el mercado oficial.
No siempre es culpa del Fondo
Un problema inédito, como la herencia macrista, requiere de una solución igualmente inédita. El Gobierno insiste en que no hay lugar para más ajuste. "El ajuste estructural ya lo hizo el macrismo", agregan. Al momento de mostrar esa firmeza el ministro Guzmán remarca que no se avanzará en preceptos como los contenidos en el Consenso de Washington, una manual neoliberal que sirvió de guía del Fondo y del que la Argentina fue un fiel alumno. En medio de ese recetario y la heterodoxia hay grises y el equipo económico juega sobre el fleje del ajuste en la previa a la negociación.
La mirada optimista es que son señales que aceitarían un rápido acuerdo y eso desataría las manos del Gobierno para hacer política expansiva posteriormente. Todo esto evitando avanzar sobre reformas más estructurales. Como si se buscase distraer la atención de Georgieva con "poco" menos de lo que podría exigir. Economía negocia un plan de facilidades extendidas, el cual ofrece un mayor plazo de repago pero con condicionalidades extra en la política económica.
El año que viene es electoral y la única apuesta económica es que se incentive el consumo y para eso se requiere de políticas expansivas. Hasta el momento se está privilegiando estimular el ahorro en pesos para evitar una escapada del dólar, lo que podría desincentivar el consumo post pandemia de quienes tengan consumo rezagado por las medidas de aislamiento ante el coronavirus. El estímulo fiscal y crediticio a la demanda es clave en la post pandemia y requerirá de cierto margen expansivo de las cuentas públicas, algo que podría conseguirse una vez alcanzado un acuerdo con el organismo multilateral.
"Es una posibilidad, pero es reducido el margen de maniobra que te deja siempre el Fondo. Una vez por año te vienen a controlar los números. Igualmente va a ser más fácil con un acuerdo que despeje los vencimientos inmediatos que con una situación de indefinición", aclaró a este medio un economista de diálogo directo con el equipo negociador que encabeza Guzmán y el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos. El riesgo de acelerar las negociaciones entonces es ceder en medidas de ajuste que podrían ser razonablemente discutidas. "Ahí vamos a ver si realmente cambió el Fondo", chicanean desde la mesa de negociación.
Las dos reformas estructurales sobre las que el Fondo Monetario hace tradicionalmente hincapié son la previsional y laboral. Un acuerdo exitoso debería evitar mayores definiciones en estos temas, porque las modificaciones estructurales en contextos de crisis y a las apuradas siempre terminan generando un daño irreparable, tal como señalaba el propio Moroni hace unos meses atrás. Hasta el momento la negociación con el Fondo pendula aún entre los guiños y los reproches.
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