El Gobierno avanza en un acuerdo con la oposición: qué propone el programa que enviarán al Congreso

El Presidente Alberto Fernández anunció el domingo el envío al Congreso de un Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable para los primeros días de diciembre. El objetivo de esta iniciativa, consensuada entre los principales integrantes de la coalición gobernante, será obtener acuerdos básicos con la oposición que conformará el nuevo Congreso, aunque también mostrará también la voluntad de diálogo y construcción o carencia de ello de parte de estos grupos.

"Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán", adelantó Alberto Fernández, quien aclaró inmediatamente que lo hará "sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social".

Este programa servirá como guía para la política macroeconómica futura y obrará para reforzar la negociación con el Fondo. Esto fue conversado previamente con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gabinete nacional.

“Una parte de la oposición quiere dialogar para llegar a consensos, aunque otra parte es muy probable que se vayan a oponer”, aclaró a El Destape una fuente del Ejecutivo. Por lo pronto, la deliberación pública dejará expuestos a quienes formen parte de cada grupo, a la hora de construir consensos o bloquearlos, creen también desde el Gobierno.

La toma de deuda que hizo Mauricio Macri de forma unilateral e inconsulta para con el mayor préstamo en la historia fue abiertamente criticado por el Frente de Todos. Aquí la fuerza gobernante dará el ejemplo de lo opuesto, tras la sanción a comienzos de este año y por amplia mayoría de la ley que establece que el endeudamiento en dólares con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Parlamento. Esto abarcará también a los acuerdos futuros con el Fondo.

A confesión de parte…

El 8 de noviembre, el expresidente reconoció que el crédito que contrajo con el FMI lo utilizó para financiar entidades bancarias trasnacionales. Este sincericidio se dio en un contexto en el que no está clara la legalidad de ninguno de los procesos que llevó adelante Macri para el crédito. Para hundirse aún más en el lodo, unos días antes había referido que con el FMI “arreglaría en 5 minutos” el acuerdo que al Gobierno nacional le demanda meses de renegociación.

Como había publicado El Destape en su momento, en abril de 2019 la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público demostró la ilegalidad de origen del crédito de 2018. Junto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y el Centro de Estudios de Integración Financiera, la CAIP probó judicialmente que, para contraer el empréstito, la alianza neoliberal violó todas las leyes nacionales que establecen cómo se tienen que adoptar decisiones de este tipo.

Los documentos oficiales que obtuvieron en sede legal revelaron que los funcionarios macristas actuaron a título personal, sin respaldo técnico y jurídico de ningún tipo. Evadieron los dictámenes de control previo y se movieron en ausencia de competencia para asumir compromisos y suscribir las cartas de intención. Los expedientes administrativos en los que debió justificarse la necesidad del crédito se armaron con posterioridad a las acciones de la CAIP y después de anunciado el desembolso del dinero.

El 12 de septiembre de 2019, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal reconoció todo esto. En un fallo histórico en materia de deuda externa, verificó que el Ejecutivo Nacional incumplió el deber de información y le ordenó que entregué los actos administrativos y el acuerdo con el FMI.

El gobierno de Macri recurrió esta sentencia a la Corte Suprema y hace más de 2 años que tiene este expediente para resolver. Cubrió así provisoriamente el máximo tribunal la responsabilidad de Macri y los funcionarios intervinientes por violación de las leyes locales.

Los US$ 45.000 millones que el organismo trasnacional efectivamente le giró a Macri (de los US$ 57.000 millones que le había aprobado) se perdieron en una fuga de capitales inédita, que vio salir del país casi US$ 100.000 millones en cuatro años. Al no haberse invertido esas divisas en ampliar el potencial exportador de Argentina se minaron las herramientas para devolver esos fondos con recursos genuinos.

De acuerdo a los costos y el tipo de cambio de la época, con el dinero del FMI se podrían haber construido 46.000 escuelas en todo el país. Ese préstamo también le hubiera alcanzado y sobrado a Macri para cumplir con su promesa de emplazar 3.000 jardines de infantes, ya que había para 83.000.