La jueza que dirige la investigación penal del préstamo con el FMI aceptó a la Procuración del Tesoro como actora civil y solicitó detalles de quiénes operaron con bonos durante el macrismo. El organismo que conduce Carlos Zannini había requerido participar en la causa que busca dilucidar si existió "administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública" por parte del expresidente Mauricio Macri. La denuncia había sido presentada por la Oficina Anticorrupción para analizar uno de los episodios más polémicos del gobierno de Cambiemos.
“Téngase al Estado Nacional -representado por la Procuración del Tesoro de la Nación- en calidad de actor civil en el marco de la presente causa caratulada ‘Macri, Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública’”, reza la resolución de la magistrada federal María Eugenia Capuchetti determinada hoy, a la que accedió El Destape. El titular de la entidad que oficia como abogado del Estado había pedido ser tenido como querellante “a fin de que se esclarezcan y en su caso se sancionen, conductas que prima facie comprometerían la responsabilidad del ex presidente de la nación, ingeniero Mauricio Macri y de sus exministros y expresidentes del Banco Central”, en referencia a Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
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Asimismo, la jueza penal tomó el pedido que realizó en el expediente el Banco Central el mes pasado y por eso le solicitó nueva información a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En primer lugar, el organismo que regula la plaza financiera deberá remitir un detalle de los fondos y las personas que compraron títulos de deuda LEBACS desde diciembre de 2015 a octubre de 2019, con discriminación entre argentinos y no residentes.
El segundo requerimiento consiste en información sobre quiénes desarmaron sus posiciones en LEBACS en pesos desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019. La Justicia está interesada en conocer los nombres de las empresas y personas que vendieron las Letras del Banco Central a partir del año de la corrida cambiaria que derivó en el préstamo del FMI y el inicio de la mega crisis de Cambiemos.
Por último, la jueza Capuchetti le solicitó nuevamente a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior del Congreso Nacional, que remita “toda aquella documentación con la que cuente vinculada al préstamo solicitado por el Estado Argentino al FMI en junio de 2018, como así también de sus renegociaciones posteriores”.
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El Gobierno nacional inició esta denuncia para dilucidar responsabilidades penales por lo que implicó un incremento de la deuda externa en 44,5 millones de dólares al FMI, un organismo con el que Néstor Kirchner había cortado lazos al abonar la totalidad del pasivo durante su mandato. El tener obligaciones con el Fondo también representa un peso político, ya que el prestamista multilateral pretende una tutela de la economía, lo que en Argentina derivó en el crack de 2001.
El caso puntual de la deuda macrista le suma el agregado que se firmó sin seguir los protocolos que establece el Estado nacional, sin pasar por el Congreso y sin proyectar si el país iba a contar con ingresos de dólares suficientes para devolverla. Estas consisten en obligaciones que debían respetarse y que la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) demostró su violación en sede judicial a través de las causas “Murúa” y “Coddiani”.
“El gobierno macrista contrajo un crédito por más de 57.000 millones de dólares a sola firma. Es hora de que la sociedad dimensione el daño que este crédito generó a nuestro país y que los funcionarios que intervinieron rindan cuentas tanto ante la justicia penal como civil. Solo así lograremos desterrar para siempre este tipo de prácticas, que benefician a unos pocos en detrimento del pueblo argentino. Solo así lograremos que esto no vuelva a ocurrir NUNCA MÁS”, esgrimió la CAIP ante esta denuncia penal que comenzó por pedido de Alberto Fernández.
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