El equipo económico liderado por el ministro Sergio Masa espera, más allá de las dilaciones en la consecución, alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no sólo flexibilice las metas sino también el margen de acción. Sucede que las condicionalidades que impone el organismo, lo que en “criollo” sería de ajuste e inflacionario, hace casi imposible su cumplimiento. Las experiencias en distintos países de los programas de Extended Fund Facility (EFF), que vienen después de los impagables acuerdos Stand By, fueron casi todas negativas.
Un relevamiento de la consultora Synthesis, de un total de 24 países que acudieron a esta alternativa de liquidez desde 1978, solo cuatro completaron los pagos, uno de manera anticipada, otros cuatro lo hicieron después de caer en cesación y renegociar el acuerdo y el resto tuvo que interrumpir los desembolsos. El caso más llamativo es que los pocos casos de “éxito” fueron ejecutados en su mayoría por gobiernos dictatoriales, que estaban menos sujetos al aval político a la hora de implementar las medidas acordadas con el organismo, asegura el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli.
El primero, aplicado en Kenya (1978), fue interrumpido por incumplimiento. Lo mismo sucedió con Egipto (1981), Haití (1981), Jamaica (renegociado en 1984), Sri Lanka (1981), Guyana (1982), Honduras (1982), Sudán (1982), Bangladesh (1983), Marruecos (1983), Pakistan (1981), Costa Rica (1984), República Dominicana (1984), Costa Rica (1984), India (el país se rehúsa a retirar nuevos fondos), Sierra Leona (1984), Zaire y Zambia (cancelado por incumplimiento), Perú (1985) y Brasil (1986). En los casos de México (1979), Filipinas (1982), Costa de Marfil (1982) y Gabón (1984) se completó el programa.
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El mega crédito que tomó el gobierno de Cambiemos, aprobado por el Gobierno de Estados Unidos a la reelección de Mauricio Macri, obligaba a devolverle el FMI entre 2022 y 2023 el equivalente a 45.800 millones de dólares. Frente a la imposibilidad de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario bajo las premisas originales y el actual desempeño de la economía que dejó el macrismo, el Gobierno debió recurrir como alternativa pedir una extensión con mayores exigencias para el país.
El actual programa de Stand By podría transformarse en un Extended Fund Facility (EFF), algo así como una extensión en las facilidades de liquidez, que amplía el monto y los plazos. Sin embargo, estos programas permiten al Fondo detentan una mayor injerencia en la economía del país deudor en el mediano y largo plazo, dado que se puede devolver hasta en diez años.
Mientras que, en teoría, los acuerdos Stand By buscan una rápida reversión de los desajustes momentáneos en la balanza de pagos, los EFF fueron creado para brindar asistencia a los países: (i) que están experimentando graves desequilibrios en sus balanzas de pagos debido a impedimentos estructurales; o (ii) aquellos caracterizados por un crecimiento lento y una balanza de pagos inherentemente débil
El plazo mínimo entre un Stand By y un EFF pasa de un año a cuatro, en tanto el reembolso se duplica a diez años. Los montos pasan del 145 por ciento de la cuota anual del FMI para cada país al 435 por ciento y se exige mayor flexibilidad en la frecuencia de las revisiones que realiza el organismo en cada país. Los EFF fueron creados con la Crisis del Petróleo como contexto, en 1974. Fue la primera de una serie de reformas del Fondo destinadas a ampliar de manera significativa el acceso de los miembros al crédito y dirigido especialmente a los países en desarrollo.
“Sin embargo, hacia mediados de la década del ‘80, el propio FMI optó por desestimar los EFF, dado que la implementación sólo se había completado de acuerdo a lo previsto en un número muy reducido de casos”, recuerda el informe del Fondo. Las estadísticas del FMI advierten que las cancelaciones de este programa estuvieron relacionadas con la incapacidad política para cumplir con sus requisitos, lo que se traduce en aplicar el ajuste salvaje que impone el organismo y que en la Argentina tiene nombre de reforma laboral y previsional, al menos en el corto plazo.
De acuerdo al propio FMI, las cancelaciones estuvieron relacionadas con la incapacidad política para cumplir con los requisitos del programa: las "restricciones políticas" o los "sistemas administrativos débiles", o ambos, representaron el 60 por ciento de las violaciones en los límites de crédito. Mientras los shocks externos sólo provocaron el 26 por ciento de las fallas.
“Análisis posteriores, sin embargo, sugirieron que las fallas en la implementación no sólo estaban sujetas a la falta de “voluntad política” de los gobiernos, sino en que el FMI se basó en el mismo procedimiento de programación financiera que aplicaba para los acuerdos de un año, para reestructuraciones de largo plazo”, señala el también ex director de la ANSES y de la Comisión de Valores, Vanoli.
En la actualidad el FMI no registra caso de “default” (Protracted Arreas, atrasos prolongados)” desde mediados del 2021 cuando Sudán canceló un atraso que arrastraba desde mediados de los ’80, gracias a un préstamo bilateral de Francia. El 29 de junio pasado la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, y David Malpass, titular del Banco Mundial, al celebrar la puesta al día de Sudán señalaron que “era un día histórico para el FMI, ya que los atrasos con el FMI ya están liquidados y, a partir de hoy, por primera vez desde 1974, no hay países con atrasos prolongados con el FMI”.
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