¿Qué se dice y qué se esconde?: el impacto de los programas de crédito en las brechas de género

En el marco de las elecciones 2023 en nuestro país cercanas en el calendario con la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial que reunió este mes a actores financieros, académicos y del sector público y privado en Marruecos, diferentes organizaciones pusieron el ojo en las políticas implementadas por los organismos internacionales de crédito y su incidencia en las condiciones de vida de las mujeres y personas LGBT. Según señalaron, hay tres aspectos centrales que impiden avanzar en una mayor igualdad: la insistencia en aplicar medidas de austeridad vía reducción de políticas sociales, las reformas jubilatoria y laboral que perjudican sobre todo a las mujeres, y un crecimiento atado solo a industrias extractivas, actividades masculinizadas y con fuertes brechas salariales.  

De acuerdo a lo destacado por espacios como el CELS y ACIJ, el endeudamiento de los Estados y puntualmente las políticas de los programas de pago obligan a los países endeudados a aplicar ajustes que “afectan los derechos de gran parte de la población”, en tanto que hicieron hincapié en la necesidad de debatir en qué consiste la “estrategia de género” que promueven estos organismos e indagar en las alternativas surgen en la región para promover políticas que consideren el impacto del endeudamiento en la vida concreta de las familias, ofrezcan alternativas que contemplen las realidades territoriales y busquen realmente avanzar contra las brechas de género.

En esa línea nuestro país tiene un rol central considerando que en 2018 el entonces gobierno de Mauricio Macri acordó con el FMI un acuerdo de Stand-By por USD 57.000 millones, tomando el préstamo más grande de la historia del país y del propio organismo. Así, en un escenario actual marcado por la dificultad para acumular reservas al que se suma la especulación de ciertos sectores que presionan por una devaluación brusca, uno de los puntos sobre la mesa es que lo que sucederá con del acuerdo en el corto y mediano plazo. Sobre eso, un informe privado de 2021 señaló que “en el memorándum de entendimiento firmado entre el país y el FMI se incluyó el respectivo capítulo de género” sin embargo “el resto comprometía al gobierno argentino a las habituales reglas macro-fiscales y las metas de equilibrio fiscal, que se riñen con la posibilidad de implementar políticas que avancen los compromisos sugeridos en el capítulo de género”. 

La “visión de género” del FMI y BM

Diferentes organizaciones alertaron esta semana sobre el impacto de las políticas implementadas por los organismos internacionales de crédito en las brechas de género y las barreras que existen, a partir de las medidas que se impulsan con los programas de deuda, para hacer frente a las desigualdades sociales más urgentes. 

En la presentación La austeridad pintada de rosa se hizo eje en la problemática del endeudamiento y su impacto en la vida de las mujeres señalando que “no es algo nuevo, sino que se viene planteando desde hace al menos cinco décadas”, según indicó Mariana Rulli, Magíster en Políticas Sociales y Género e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. La especialista destacó las conferencias mundiales de la mujer que “desde México 1975 hicieron hincapié en la injusta y asimétrica organización de la economía mundial y en los derechos económicos y sociales de las mujeres” en tanto que recordó la conferencia mundial en Beijing (1995) que marcó un punto de inflexión para la agenda mundial con la aprobación de Plataforma de Acción de Beijing con objetivos estratégicos para lograr una mayor igualdad sumado a la adhesión de los países al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que “fue clave para empezar a vincular a la deuda externa con los derechos humanos y la necesidad de mayor alivio financiero para los países endeudados”. Asimismo subrayó que en el caso de América Latina se fue haciendo cada vez más explícita la necesidad de “vincular los problemas de la deuda con la persistencia de la pobreza”, tal es así que en la conferencia de Buenos Aires en 2022 “hubo un evento paralelo llamado 'desendeudadas' que planteó también la insuficiente participación de las mujeres en las negociaciones de deuda”.

En igual sentido, en la presentación de la que participó este medio se analizó que “la aplicación del enfoque de género del FMI en Argentina plantea algunas banderas rojas. Por un lado reconoce las conexiones entre economía y género y por el otro, no está dispuesto a revisar su propia teoría y práctica económica", de acuerdo al análisis de Magalí Brosio, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Birmingham. Para la investigadora “el organismo dice no tener experiencia en el tema pero no muestra interés en incluir expertas ni economistas feministas, lo que a su vez pone en cuestión el apoyo que deberían dar en formación de capacidades a los Estados, y un punto central es el uso discrecional de lo ‘macro crítico’ para decidir cuándo y cómo intervenir”. Al respecto, se trata de una categoría que se incluyó desde 2012 para definir qué cuestiones vinculadas a las desigualdades de género afectan a la macroeconomía y la estabilidad financiera, que son “el objetivo último del organismo internacional”. Si los problemas de género no son entendidos como “macro críticos” no son prioridad de agenda: "incluir una perspectiva de género sin alterar sustancialmente el accionar del FMI no es suficiente para desarmar las barreras estructurales y sistémicas que imposibilitan a las mujeres gozar plenamente de sus derechos humanos. Aún más, es el propio FMI quien frecuentemente ha contribuido a la creación y el mantenimiento de estas mismas barreras, algo que no parece estar del todo dispuesto a revisar”, señaló Brosio en el informe El FMI y su estrategia de género: ¿una buena noticia para las mujeres del sur global?

En el mismo sentido, las economistas Corina Rodríguez Enríquez y Diane Elson analizaron los planteos públicos del FMI y cómo se reflejan en las políticas que recomienda a los países en sus programas de deuda, y destacaron que “el FMI ha ido construyendo una narrativa de género que resulta estrecha e instrumental, y no contribuye en la práctica a promover los derechos humanos de las mujeres”. En el documento "Del dicho al hecho: la narrativa de género del FMI y los derechos humanos de las mujeres” señalaron que “el abordaje es profundamente acotado e instrumental, como un medio para lograr otros objetivos. La desigualdad de género se aborda por separado de la clase y la raza o etnicidad, por lo que no distingue distintos grupos de mujeres en relación con estas interseccionalidades y las mujeres son tratadas como un grupo homogéneo”. 

El impacto en la vida cotidiana

Un problema central de los procesos de sobreendeudamiento es el condicionamiento en las decisiones de política económica soberana de los países deudores, y la imposición de medidas de ajuste que afectan los recursos, las actividades económicas y la calidad de vida de la mayoría de la población. Al respecto, en la presentación organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Friedrich Ebert Argentina (FES) y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), se advirtió que a diferencia de la “visión instrumentalista que mira al género como medio entendido para la estabilidad financiera” el sentido opuesto sería pensar cómo las políticas promovidas generan consecuencias negativas en las desigualdades de género. 

“Hay tres vías que analizamos sobre cómo impactan los acuerdos”, planteó Agostina Costantino, investigadora del Conicet, y detalló “la primera tiene que ver con la insistencia en aplicar políticas de austeridad y de reducción del déficit, que puede lograrse de diferentes maneras como aumentando ingresos o reduciendo gastos, y el aumento a los ingresos puede ser a su vez subiendo impuestos directos o indirectos, incentivar que sea por reducción del gasto total y de las políticas sociales tiene un impacto negativo. En segundo lugar, la forma de crecimiento que se promueve basado e industrias extractivas tiene un alto impacto en términos de género porque son actividades masculinizadas con fuertes brechas salariales, que dañan los territorios dificultando el acceso a los cuidados. Y en tercer lugar aparece el requisito de reformas estructurales, como la reforma jubilatoria y laboral que perjudican a las mujeres”. 

En relación, la economista Rodríguez Enríquez destacó en su informe que en los documentos del organismo no se hace mención a “la mejora de los derechos de las mujeres en el empleo y a su capacidad para formar grupos de apoyo colectivo y afiliarse a sindicatos” y detalló el caso argentino respecto de que “en el memorándum de entendimiento firmado entre el país y el FMI en junio de 2018 se incluyó el respectivo capítulo de género” sin embargo “el  resto  del  memorándum  comprometió  al  gobierno argentino a las habituales reglas macrofiscales y las metas de  equilibrio  fiscal,  que  se  riñen  con  la  posibilidad  de  implementar políticas que avancen los compromisos sugeridos en el capítulo de género. Por ejemplo, pueden encontrarse recomendaciones para facilitar la participación laboral de las mujeres, junto con condicionalidades vinculadas a reformas laborales flexibilizadoras. De la misma manera, el reconocimiento instrumental del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, entendido sólo como un obstáculo para el crecimiento económico, no le permite reconocer el rol económico sistémico de este trabajo, y la forma injusta de la organización social del cuidado”. 

Las implicancias de los programas de los organismos internacionales de crédito tienen que ver con cómo afectan la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, ya que son condicionantes tanto del área económica, como productiva, monetaria, fiscal. Sobre esto, “el problema principal del sobreendeudamiento externo es que su servicio resta recursos al país y a las actividades productivas, y empeora la vida de la mayoría de sus habitantes. Cuando la deuda pública aumenta, el Estado gasta más en atenderla y reduce las demás erogaciones, como salud, educación, jubilaciones o infraestructura”, según se señaló en el manual Mitos impuestos, del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE). 

Esto no es menor si se considera que en el reciente informe del panorama laboral en la región, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) alertó que “resulta preocupante, dado el escenario de expectativas de ralentización del crecimiento económico, que la tasa de desocupación registre incrementos en el futuro cercano. Es fundamental destacar que las mujeres fueron afectadas de manera desproporcionada por el impacto de la pandemia y la crisis subsiguiente en los mercados laborales en comparación con los hombres, lo que se evidencia en la significativa disminución de su tasa de participación laboral, así como en la agudización de su sobrecarga de trabajo doméstico, lo que a su vez resultó en una masiva salida de mujeres del mercado laboral”. 

La deuda del día a día

En América Latina el incremento del endeudamiento de los países y el abordaje ortodoxo de las políticas impulsadas por el FMI inciden no solo en el crecimiento y distribución del conjunto de la economía, sino que en lo cotidiano también se reflejan en un fuerte incremento en el número de personas que toman préstamos para afrontar gastos como alimentos, pago de servicios básicos y medicamentos. 

Ese endeudamiento profundiza, sobre todo, las dificultades para la autonomía económica de las mujeres ya que el sostenimiento de las economías domésticas se vincula con la toma de créditos principalmente en tiempos de crisis. En ese sentido, los hogares encabezados por mujeres fueron, en gran medida, los más castigados por los efectos de la crisis económica que se desató en 2018 y que la pandemia luego agravó, quedando expuestas a diferentes formas de sobreendeudamiento. Un claro ejemplo son los procesos de endeudamiento promovidos por ese gobierno macrista con los “Créditos ANSES”, que condicionaron a las beneficiarias de programas sociales. 

En el libro Una lectura feminista de la deuda de Luci Caballero y Verónica Gago se retomó la consigna que se mantiene desde 2018, “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” para explicar que “al mismo tiempo que se estaba iniciando uno de los procesos más acelerados de endeudamiento público de la historia argentina, se sumaba una devaluación brutal de los salarios y un recorte del presupuesto público que incluyó la eliminación de trece ministerios”. Es decir que “la deuda externa que se tomó aceleradamente durante el macrismo produjo una brusca caída del poder adquisitivo de salarios y subsidios, un retiro del Estado en la provisión de ciertos servicios públicos y una proliferación de ofertas crediticias que empezaron años antes, pero que con Macri comienzan a tener otro destino: el endeudamiento es para vivir”.