En los últimos días la negociación entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el histórico préstamo que le entregó a la administración Cambiemos (por el monto y las irregularidades en su entrega) comenzó a virar hacia la arena política. La modificación del programa actual por uno que le permita a la Argentina en plazos sustentables repagar la herencia de 44.000 millones de dólares que el organismo entregó como aporte de campaña al macrismo conlleva una serie de condicionalidades que suelen imponerse a los países deudores. Sin embargo, la falta de control ex ante y ex post del Fondo al convalidar ese monto extraordinario es la llave política con la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará destrabar la negociación. "Estamos en un momento en que la discusión es política más que técnica", reconoció a El Destape una fuente del equipo económico.
En lo técnico, la clave será lo que suceda con los subsidios, principalmente a la energía, por su alto impacto en el bolsillo de las familias. En un año electoral, la posibilidad de cumplir con una reducción del déficit que agrade a los burócratas del Fondo impactará de lleno en el humor de las y los votantes en un año de elecciones de medio término. Es por eso que, con un plazo que vence formalmente en septiembre para alcanzar un acuerdo, no se descarta la posibilidad de que la resolución sea después de octubre.
"Nada está dicho en cuanto a los plazos. No existe un cronograma fijo", reiteran desde el equipo negociador que comanda Guzmán y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos. El objetivo es llegar una primer entendimiento antes de mayo. El próximo vencimiento para pagarle al Fondo, en un cronograma irresponsablemente corto de repagos que dejó el macrismo, es en septiembre. Pero la fecha a mirar es abril, un mes antes de que venza otra cuota del préstamo con el Club de París, organismo financiero internacional con el que la Argentina mantiene una situación de deuda impaga desde junio pasado. Si bien son instituciones distintas, coinciden los países que integran uno y otro.
A mediados de marzo Guzmán viajará a Washington para continuar con las negociaciones en forma presencial. "Se está trabajando de manera virtual cotidianamente. Así como hicimos con los acreedores externos, se puede hacer con el FMI. Pero acá la discusión pasó a la arena política", confirmaron a este medio. "Lo que está claro es que vamos a ir con nuestro programa económico", insistió la fuente. Los próximos viajes de Guzmán, que servirán para sumar adhesiones a la posición argentina frente al irresponsable crédito que recibió el gobierno anterior, continuará por varios países de Europa --con foco puesto en el Club de París-- y luego a China.
No negociable
Los dos puntos sobre los que la Argentina no está dispuesta a negociar, según señalan en los despachos de Hipólito Yrigoyen 250, es a aplicar una reforma previsional y laboral al estilo del Fondo. "Ni una ni la otra", sentenció la fuente. La negociación busca pasar de un acuerdo Stand-by, para problemas coyunturales de la cuenta capital a uno de Facilidades Extendidas, el cual es más extenso en los plazos para su repago pero que suele conllevar pedidos de reformas estructurales.
El Fondo había recomendado, durante la última etapa del macrismo --y si ese espacio era reelegido se iban a llevar a cabo--, cambios en el sistemas jubilatorio, exigiendo a la Argentina disminuir el ingreso inicial de los jubilados. Pese a los cambios realizados en 2017, el organismo multilateral se enfocó en el ajuste en el cálculo de la jubilación inicial, recomendando a la Argentina reducir la tasa de sustitución: la relación entre el haber inicial y el salario promedio previo al retiro. En resumen, implica reducir el ingreso que reciben los nuevos jubilados.
El paquetazo del Fondo implicaba también incrementar la edad de jubilación y endurecer las reglas para acceder, reduciendo el tamaño de las pensiones a través del ajuste en el cálculo de los beneficios. El ajuste de las jubilaciones iniciales formó parte del listado de propuestas desarrollado en su primer informe del Artículo IV realizado después de una década y la que volvió el gobierno de Cambiemos; en ese entonces asegurando que no era para pedir un nuevo crédito. Allí se proponía: 1) modificar la movilidad jubilatoria, 2) incrementar la edad de jubilación de las mujeres, 3) separar presupuestaria y administrativamente la seguridad social de la asistencia social, 4) incrementar la participación laboral y 5) reducir la tasa de sustitución. Los dos primeros fueron llevados a cabo por el macrismo.
La otra gran reforma que planteó el Fondo es desplegar un “ambicioso esfuerzo” de reformas estructurales para apuntalar el desarrollo de la economía, entre las que incluye “flexibilizar el mercado laboral”. El organismo “aconseja”, en su informe de 2019, una serie de medidas “para favorecer una mayor inversión y una mejora en la productividad” facilitar la creación de empresas; reducir los costos para crear un negocio; abrir más la economía al comercio internacional; flexibilizar el mercado laboral; bajar la carga tributaria e impulsar regulaciones “favorables a la competencia que impulsarían el crecimiento principalmente a través de un mayor empleo y eficiencia”.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) se manifestó que hubo un rechazo explícito ante la misión del Fondo a “la implementación de reformas estructurales que impliquen reforma laboral, rebaja de jubilaciones y reducción de empleados públicos” y advirtió que “la deuda no puede pagarse a expensas del sacrificio y la pobreza de los trabajadores”. La delegación del Fondo aclaró que ahora el organismo “no está buscando una reforma laboral”. Ambas reformas fueron descartadas de plano por Guzmán.
Las posibles concesiones
Sin reformas estructurales, la discusión será sobre los parámetros de referencia, que, tal como se acordó con el organismo, Guzmán presentará estas estimaciones con carácter plurianual. Una proyección de, al menos, los próximos cinco años. En ese lapso la apuesta es alcanzar un plan de reembolsos; es decir, que el organismo preste fondos para poder pagarle, una ecuación que debería netearse a cada vencimiento.
El eje de la discusión para firmar una carta de intención es cómo alcanzar y financiar un déficit fiscal de no más del 4,5 por ciento este año hasta lograr un equilibrio presupuestario en 2024. Economía trabaja para reducir su nivel de emisión monetaria y convertir deuda que actualmente está en moneda extranjera por pasivos en pesos, lo que haría sustentable la posibilidad de cubrir el rojo fiscal.
El otro tema central es cómo llegar, en plena pandemia, a reducir el déficit. En este aspecto se enmarca la discusión de las tarifas que, durante el año pasado estuvieron prácticamente congeladas como ancla inflacionaria y para darle algo de oxígeno a los hogares, luego de cuatro años en que el costo de los servicios se sextuplicaron. La decisión de descongelar de manera segmentada las tarifas está tomada. El objetivo es que el ajuste recaiga en mayor medida sobre quienes tienen capacidad para afrontarlo.
Esta semana el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) Federico Bernal, aseguró que si el Gobierno no hubiera decidido una "revisión" de las tarifas de gas en audiencia pública, el aumento, de acuerdo con los parámetros heredados del macrismo, hubiera sido de un 130 por ciento al finalizar el congelamiento. "Esos son aumentos que no son razonables. Por eso, vamos a meter en la balanza todo, los años de las tarifas de Macri más la pandemia del año pasado y la de este año, más lo que la ciudadanía exprese" en la audiencia pública prevista para el 16 de marzo.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) lleva a cabo un análisis estructural de los costos similar. El macrismo desreguló y dolarizó tarifas y la boleta de luz se multiplicó por más de seis veces. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2015 y 2017 la electricidad (562 por ciento). La semana pasada se realizó un ajuste del 50 por ciento parea grandes contribuyentes. Acá también hay poco margen para aumentos. Tras el arribo de la pandemia, quedaron más de 12 millones de personas con deudas de servicios eléctricos. La caída, y en algunos casos la desaparición, de ingresos en los hogares por el impacto del COVID-19 y las medidas de aislamiento, no dejan espacio para reajustes por encima de la inflación proyectada este año, la cual está estimada en el Presupuesto en el 29 por ciento.
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El objetivo será rediscutir cómo se reparten los subsidios al sector para que haya un menor impacto presupuestario. El gasto proyectado para este año en subsidios a la energía y al transporte es de 805.855 millones de pesos, que equivale a 2,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y representa el mismo nivel asignado en 2020. "El 77,4 por ciento (623.713 millones de pesos) de esos fondos es destinados a subvencionar al sector de gas y electricidad, mientras que el 22,6 por ciento (182.142 millones de pesos) se asigna al transporte", según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Las partidas más significativas corresponden al sector eléctrico, con 446.579 millones de pesos previstos y una suba real del 4 por ciento. Esto equivale a que los usuarios afrontarán este año el 43 por ciento del costo estimado para la electricidad, nivel similar al del año 2016. El déficit energético en la última década promedió los 2980 millones de dólares, contrastando con el superávit comercial del período. Se destinarán además 71.736 millones de pesos en subsidios a la oferta de gas natural, lo que representa un incremento de 5,3 por ciento respecto al cierre previsto para 2020.
Las cartas de Guzmán
Aunque la voluntad de pago no está en discusión, siquiera como amenaza, por las implicancias de largo plazo, el equipo negociador pondrá sobre la mesa el carácter ilegítimo de un préstamo que tuvo solo intencionalidad de financiar la reelección de Macri, un objetivo buscado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien veía en el ex mandatario argentino un aliado para sus intereses. No sólo es una discusión de perspectivas sino que los informes, privados, públicos y hasta del propio Fondo, reconocen que no hubo controles en esa operación.
El uso de los recursos otorgados por el Fondo, que terminaron por financiar una fuga masiva de capitales, es el punto a examinar y eso permitirá discutir aspectos más técnicos, como las comisiones, tasas de interés y cargos por servicio que pretenda cobrarle al país por un crédito irresponsable. Esta semana Guzmán plantó bandera sobre este punto. Ante referentes de países que integran el G20, el ministro solicitó al FMI que deje de cobrar una sobretasa por préstamos elevados, como el que pidió Macri en 2018.
Cuando un país se endeuda por encima de su cuota, el Fondo le cobra una sobretasa. Esta variable actúa de forma procíclica: cuanto más por encima del límite el pedido de deuda, mayor aún la tasa que se adiciona. Cambiemos sacó un crédito 1.000 por ciento por arriba, lo que implicó una sobretasa de interés del 2 por ciento. La sobretasa jugó un rol fundamental en profundizar lo que se coronó como una de las peores crisis en la historia de Grecia. El pedido de Guzmán será revisado en octubre, cuando el Fondo se reúne anualmente para revisar sus políticas, más allá del acuerdo argentino.
Esta semana el vocero del organismo, Gerry Rice, aseguró que el staff técnico está preparando un informe autocrítico sobre el programa financiero fallido firmado con la Argentina en 2018. Ya en octubre del año pasado, una auditoría interna del Fondo reconoció que hubo una falta de supervisión del programa económico que implementó el gobierno de Cambiemos y que se aceleró de forma inconsistente la apertura de la cuenta capital en el país, generando una crisis económica y social.
"El FMI podría no haber advertido con suficiente insistencia sobre la necesidad de fortalecer el marco de política macroeconómica tras una apertura muy rápida de la cuenta de capital", advierte el informe de la Oficina de Evaluación Independiente (IEO, por sus siglas en inglés) que fue establecida en 2001 para analizar las políticas y actividades del FMI. La falta de regulación en el otorgamiento del crédito y de controles a los parámetros comprometidos por el macrismo están más que claros. Cómo se utilicen estos argumentos para conseguir un mejor acuerdo dependerá de la firmeza con la que se negocie.
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