El economista del PRO Luciano Laspina, cabeza del equipo de asesores de Patricia Bullrich en la materia, defendió la propuesta que la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio en las elecciones 2023 hizo sobre el uso de un "blindaje financiero" como el del 2001. El diputado nacional minimizó la palabra y destacó la necesidad de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo.
"De la Rúa usó los fondos para intentar blindar la deuda. Había que hacer muchos pagos, parecido a lo que hizo Macri, intentando revertir la confianza del mercado. Hoy la situación es distinta", comenzó Laspina. Pero agregó: "Lo que dijo Patricia es lo que todos sabemos, tenemos que ir a un nuevo acuerdo porque este está caído".
"El Fondo Monetario Internacional generalmente expresa sus apoyos con crédito. Yo creo que sí hay apoyo multilateral de organismos internacionales. Y esto es un poco lo que expresó Patricia (Bullrich) y se tergiversó políticamente porque la están buscando. Lo que dijo Patricia es absolutamente correcto, ahora deberían ser usados para respaldar los ahorros de los argentinos. Intocable es el blindaje, es el matafuego. Es muy probable que sea mucho mejor tener un matafuego para que nadie corra al divino botón; y yo prefiero tenerlo que no tenerlo", señaló en canal LN+. "Si a mí me dan ese apoyo, yo lo uso yo. Yo, Luciano Laspina, responsable en ese momento, lo uso .Es tomar más deuda con el fondo a ver para para capitalizar", concluyó.
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Blindaje
El blindaje financiero del año 2000 fue una negociación llevada adelante por el Gobierno de la primera Alianza, con Fernando De la Rúa a la cabeza, con el objetivo de robustecer las reservas del Banco Central para enfrentar vencimientos de deuda y, a su vez, seguir sosteniendo el modelo de la convertibilidad y la falacia del 1 a 1. Por entonces, pocos dirigentes dentro del sistema político consideraban posible abandonar el esquema ideado por el menemismo en pleno Consenso de Washington. Patricia Bullrich, en su rol de ministra de Trabajo, fue clave para aplicar un ajuste fiscal al recortarle los haberes a jubilados y jubiladas, tal como reclamaba el Fondo Monetario Internacional.
El ministro de Economía de entonces era José Luis Machinea. En febrero de 2000 se había firmado un préstamo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mundo vivía de crisis en crisis financiera. El tequila en México (1994), Asia (1997), Rusia (1998) y en Brasil (1999).
En pleno 2000, con dos años de estancamiento económico acumulados, las exportaciones agropecuarias no alcanzaban para robustecer las reservas del Banco Central. De hecho, muchos campos de pequeños productores pasaban a ser carne de cañón de los pools de siembra, sumado a los múltiples embargos del Banco Nación. La desocupación y la pobreza crecían día a día.
Esas recetas son las mismas que se aplican en la actualidad: abrupto ajuste del gasto público y salir de la convertibilidad, lo que hoy podría entenderse como una devaluación. Por eso fue clave la presencia de Bullrich en el gabinete, garante del recorte del 13 por ciento en los haberes de jubilados y jubiladas.
Finalmente, el Gobierno negoció tomar deuda con bancos e inversores institucionales que se habían comprometido con un aporte de US$ 20.000 millones, una cifra similar a la que ofrecían los organismos multilaterales, por medio de colocaciones y canjes de títulos. Luego, las llamadas entidades creadoras de mercados sumarían US$ 10.000 millones, los inversores institucionales otros US$ 3.000 millones, más otros US$ 7.000 millones. Dentro de este enorme paquete de deuda, el FMI aportó US$ 13.700 millones, mientras que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pusieron US$ 2.500 millones cada uno.
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