En un escenario marcado por la dificultad para acumular reservas, agravado por la sequía y el menor ingreso de dólares por exportaciones del agro, al que se suma la especulación de ciertos sectores que presionan por una devaluación brusca, uno de los puntos que aparece sobre la mesa tiene que ver lo que sucederá con del acuerdo con el FMI, no solo en lo inmediato de este año sino también con los vencimientos de deuda por delante.
“Tras varios años de restauración neoliberal y la crisis de la pandemia, el sobreendeudamiento ha retornado y, con ello, las presiones para sacrificar el presente y el futuro. Porque ´hay que pagar la deuda’”, analiza un informe reciente de especialistas que indagan en una serie de mitos fiscales y el rol de los Estados. En ese sentido alertan por el predominio de “concepciones que priorizan la austeridad antes que la garantía de derechos”.
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En la misma sintonía, en declaraciones televisivas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, habló de la necesidad de “revisar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional” y agregó que "el año que viene la Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares, entre FMI, acreedores privados, de las provincias y deuda privada" que "ningún gobierno va a poder pagar".
Escenario 2023
Esta semana la Universidad Nacional de Buenos (UBA) difundió su análisis sobre el cumplimiento de los principales compromisos asumidos en el acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) con el FMI, para refinanciar el endeudamiento tomado por la gestión de Cambiemos en 2018. Puntualmente sobre las metas del primer trimestre de este año se indica que “en promedio Argentina no cumplió las metas en un 43,9%”, de acuerdo al Índice de cumplimento del Acuerdo con el FMI (ICAF).
En relación se detalla que “la meta de déficit fiscal se incumplió por un excedente de $248.428 millones (quedando 56% por encima del máximo). Establecía un déficit primario de $441.500 millones (equivalente a 0,3% del PBI proyectado), mientras que éste acumuló $689.928 millones al cierre de marzo de 2023 (0,4% del PBI) en base a datos oficiales”, en tanto que la deuda flotante (diferencia entre el gasto devengado y pagado) “ascendió al 1% del PBI al cierre de marzo, equivalente a $1,7 billones, mientras el acuerdo con el FMI establece un máximo de $1,2 billones para el primer trimestre”.
Sobre la meta de emisión monetaria, la UBA advierte que “la meta pactada es de $139.300 millones, mientras que la emisión efectiva fue de $130.000 millones, se alcanzó con un margen de $9.300 millones (7% por debajo del máximo propuesto). De este modo, esta es la única meta del acuerdo que se ha podido cumplir en el trimestre”. Vale recordar respecto de la meta de reservas que originalmente implicaba una acumulación por USD 5.500 millones pero, por los efectos de la sequía, se redujo a USD 1.900 millones para marzo, aunque de todos modos “en vistas de la información publicada por el Banco Central, al cierre del primer trimestre, el acumulado efectivo de reservas respecto a diciembre resultó de USD -467 millones (134% por debajo del mínimo acordado). Esto se traduce en un incumplimiento de la meta por USD 2.547 millones (USD 6.147 millones respecto a la meta original)”, indican.
En este marco, desde la consultora PxQ analizaron en un documento de trabajo que “si no se recompone el ingreso de divisas vía algún incentivo adicional a los exportadores y/o desembolso del FMI que puedan utilizarse para fines distintos que los pagos al propio organismo, no solo no hay margen para continuar con este nivel de pagos al exterior, sino que además puede resultarle imposible a la autoridad monetaria evitar un salto del tipo de cambio oficial”. A su vez, el panorama para el resto del año también luce complicado, ya que a la urgencia de refuerzo de las reservas se suma la cuestión fiscal, “es muy difícil cumplir la meta fiscal de junio (el déficit tendría que ser de apenas $80.000 mm por mes en mayo-junio, menos de un tercio del de enero-abril), el gasto ajustó pero los ingresos cayeron aún más”, evalúan desde la consultora 1816.
Pagar a costa de qué
“La experiencia internacional muestra una doble vara para el repudio o el impago de las deudas soberanas. Si para los acreedores la estabilidad del deudor reviste un interés especial (geopolítico, estratégico, económico) las deudas pueden aligerarse e incluso anularse”, se plantea en el manual Mitos impuestos, dado a conocer este semana por el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), una iniciativa de ACIJ y FES Argentina, y presentado como “una guía para disputar ideas sobre lo fiscal”. En esa línea citan como ejemplo “la condonación del 80% de la deuda de Irak por iniciativa norteamericana en 2004, por considerarla una deuda odiosa, contraída por un régimen despótico que iba en contra de los intereses de su Estado y de su pueblo, e impedía el crecimiento del país, invadido por Estados Unidos en 2003”.
Además agregan que, como contracara, “si los acreedores apuntan a despojar al deudor, o si su destino les tiene sin cuidado, exigirán las condiciones más duras y favorables a sus intereses. Tal fue el tratamiento otorgado a las deudas latinoamericanas contraídas en los años 1970 y en la década perdida de 1980, y securitizadas en los 1990 a través del Plan Brady, que tuvo como propósito salvar a los bancos acreedores”. El análisis corresponde a lo que en el manual es presentado como el mito fiscal número III que refiere a que "hay que pagar la deuda, cueste lo que cueste". El equipo del ETFE, con la economista Noemi Brenta, analiza en este caso el impacto del endeudamiento y alerta sobre “las crisis recurrentes por sobreendeudamiento y las presiones para sacrificar el presente y el futuro porque ´hay que pagar la deuda’”.
Ello se vincula además con las características propias en las que se suceden los endeudamientos y el camino de probabilidad de repago pautado. Según el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) el préstamo de 2018 del FMI “representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país" en tanto que se destacaron “incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del Acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo", entre otros.
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En este caso el manual al que accedió este medio pone la lupa en cómo se asumen los compromisos de deuda cuando además de conllevar un conjunto de irregularidades en la propia toma del crédito, implican consecuencias negativas para el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de las sociedades. “El problema principal del sobreendeudamiento externo es que su servicio resta recursos al país y a las actividades productivas, y empeora la vida de la mayoría de sus habitantes. Cuando la deuda pública aumenta, el Estado gasta más en atenderla y reduce las demás erogaciones, como salud, educación, jubilaciones o infraestructura. Por cada $1 que el Estado corta de su gasto en una economía, la actividad baja entre $1,5 y $2, según un cálculo del FMI. La producción cae, así como el empleo y los ingresos de las personas, las ventas y las ganancias de las empresas. Por lo tanto, la base para cobrar impuestos también se reduce: la austeridad desliza a la economía en un tobogán sin fin”, detallan en la publicación realizada por ETFE y revista Anfibia.
Así, un repaso por las crisis argentinas de 2001 y 2019 muestra que “el pago de los intereses de la deuda pública, que llevaban el 20% y 17% del gasto, respectivamente, sumado a despidos y recortes de salarios, jubilaciones, obras públicas y subsidios, entre otros conceptos, significaron un ajuste que disparó ambas recesiones”. Sumado a que “como el Estado requiere divisas para atender la deuda externa, el sobreendeudamiento acentúa la vulnerabilidad del flanco más inestable de la economía argentina”
Otras alternativas
Los equipos de trabajos del ETFE desarrollaron, en más de un año, este manual para “desterrar mitos”, que en uno de sus capítulos profundiza sobre el crecimiento de la deuda externa argentina, la vinculación con la fuga de capitales y las posibilidades de repago. “Sus principales desembolsos -6.300 millones de dólares en agosto de 2001 y un total de 44.500 millones de dólares entre junio de 2018 y julio de 2019- ingresaron a las reservas del BCRA y salieron rápidamente, antes del "corralito" de 2001 y de las devaluaciones de enero de 2002 y agosto de 2019, para salvar al capital”, indica el texto del informe.
Al respecto consideran que “reducir el sobreendeudamiento es imprescindible, pero el ajuste no es el camino”. En este sentido, “en Argentina, el arreglo Romero de 1893 y los canjes de 2005 y 2010 fueron mejores que los planes Baker y Brady, porque permitieron salir del default y crecer sin llevar a nuevas crisis de deuda”. Asimismo agregan otras propuestas como “la creación de un fondo multilateral para la recompra de deuda a precios bajos de mercado, para su rescate por aporte de los países emisores, podría ser un destino para una parte de los DEGs (Derechos Especiales de Giro) emitidos en 2021 en el FMI, en poder de países que no los necesitan”.
Finalmente se destaca que “aún si un país reconoce la obligación de pago de sus deudas, cumplir con los derechos humanos también es una obligación contractual establecida por normas internacionales a las que Argentina ha adherido”.
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