La Argentina tiene la difícil tarea de acumular dólares genuinos tanto para crecer y generar puestos de trabajo como, después del paso de Macri por el Poder Ejecutivo, para recomponer sus reservas internacionales y hacer frente a importantes vencimientos de deuda externa. Cómo hacerlo es probablemente la mayor incógnita de los próximos años. En este contexto es que el Frente de Todos presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley para la creación del "Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional". La propuesta busca constituir un aporte extraordinario a partir de penalizar a las personas y empresas que fugaron divisas y que tienen activos fuera del país sin declarar, y por lo tanto evadieron sus responsabilidades impositivas. Esto genera un doble daño, ya que deja sin dólares al país para poder desarrollarse y baja la recaudación del Tesoro disminuyendo las capacidades del Estado para asistir a los que menos tienen.
Más de una vez hemos escuchado la frase “los argentinos y argentinas tenemos un PBI en el exterior”, eso quiere decir que hay en el exterior activos de compatriotas, en forma principalmente de inversiones financieras y ahorro en monedas extranjeras, de un valor igual a todos los bienes y servicios que producimos en nuestro país durante un año. Imaginemos todo el empleo y oportunidades que se generarían si ese dinero se invirtiera en nuestra economía.
Aquí cabe aclarar que todo ese dinero no corresponde a fuga. Para eso es importante entender las diferencias entre la formación de activos externos (FAE), y la llamada fuga de capitales. La FAE es un dato publicado y conocido a partir del balance cambiario que hace el Banco Central (BCRA) a partir de las operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde se registra la compra de dólares para atesoramiento por parte de las personas físicas o jurídicas. Es decir, son operaciones legales e incluye la compra de dólares que quedan en el sistema financiero nacional, como puede ser el dólar ahorro, así como el giro a cuentas en el exterior por parte de argentinos. Para dimensionar de qué hablamos, según el informe del BCRA, durante el gobierno macrista, la formación de activos externos (FAE) de los residentes se triplicó, superando los USD 86.000 millones.
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Por otro lado, la fuga carece de una definición tan específica dada la propia ilegalidad que abarca, ya que implica evasión o elusión fiscal. Son activos del sector privado en el exterior no declarados, en forma de empresas offshore, cuentas no declaradas u otras. La forma en que se debería estimar y penalizar esta evasión fiscal es a partir de la colaboración internacional y un adecuado sistema único de información entre diferentes organismos claves del estado: AFIP, ANSES, Banco Central, y la Comisión Nacional de Valores.
La fuga no solo tiene un componente de evasión impositiva, sino que también busca evitar controles cambiarios y es un mecanismo de arbitraje frente a la inestabilidad en la cotización del dólar. Pero queda claro que tanto la FAE como la fuga consumen divisas que enriquecen a unos pocos pero no están destinadas a la producción, a la generación de ocupación, ni al desarrollo nacional. Ambas dañan los objetivos de control de cambios para la sustentabilidad del crecimiento, pero la FAE deja a los gobiernos sin mecanismos ex-ante de persecución por su manto de legalidad.
Entonces, lo primero que hay que resaltar es que el gobierno del FDT reintrodujo en 2020 una seguidilla de medidas desde el BCRA para reducir al máximo la FAE. Las más conocidas quizás sean el control del dólar ahorro y el impuesto país, pero también la limitación a la distribución de utilidades a sus casas matrices de las empresas multinacionales, o los límites para compra de bienes suntuarios, entre otras.
La FAE récord que permitió Macri se hizo en un marco de legalidad que no debe ser permitido nunca más en nuestro país. Recordemos que en diciembre de 2015 durante ese “veranito” financiero de dos años que creó la administración de Cambiemos con niveles históricos de emisión de deuda externa, se permitió la compra ilimitada de dólares y se liberalizaron todas las operaciones de control de cambios.
Pero la fuga también debe ser combatida. Y si la justicia no hace lo propio, es de esperar que desde el Poder Legislativo se busquen herramientas para que vuelva al fisco argentino lo que es de todos. Reclamar justicia tributaria (una bandera que a nivel internacional se discute como tax justice) a veces parece una utopía frente al crecimiento de discursos libertarios, pero es un pilar básico de la construcción de cualquier Estado Nación. Así, estamos hablando aquí de que se busque a quienes delinquen y evitan el pago de impuestos.
De esta manera, los dólares que recupere el fisco argentino a partir de encontrar a quienes hayan fugado sus divisas irá a paliar el peso de la deuda externa sobre todos los argentinos y argentinas. Por ende, dicha justicia tributaria tendrá por objeto proteger al pequeño y mediano empresario, a la trabajadora, a las mayorías que pagan rigurosamente sus impuestos como ganancias e IVA, a quienes pagaron el aporte de las grandes fortunas, a quienes invierten en Argentina y no se llevan los beneficios generados en esta tierra tan productiva a un paraíso fiscal o a propiedades en Miami o en Punta del Este.
Para finalizar, la protección de los dólares generados genuinamente en la Argentina tiene dos componentes: la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, es decir la fuga, y la regulación cambiaria para limitar al máximo la FAE. Estos dos puntos requieren de políticas nacionales, de regulaciones financieras, pero también de la cooperación internacional. Bienvenido el proyecto del FDT, espero que la discusión esté a la altura.