El presidente, Alberto Fernández, adelantó que presentará acciones judiciales contra los exfuncionarios que endeudaron al país por 44.000 millones de dólares, entre los que se destacan el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, el entonces presidente del Banco Central Guido Sandleris y el secretario de Finanzas (con un paso breve al frente de la autoridad monetaria) Luis Caputo. De esta manera, la discusión con el staff del Fondo Monetario (FMI) tendrá un componente político y judicial que limitará el reconocimiento de los ajustes propuestos habitualmente por el organismo. "Por ese motivo, instruí que todo lo que sea objeto de denuncia e investigación en nuestro país sea puesto en conocimiento de la Oficina de Evaluación antes mencionada", ratificó Fernández.
El presidente, Alberto Fernández, adelantó que presentará acciones judiciales contra los exfuncionarios que firmaron el préstamo con el FMI. Además de que el acuerdo no pasó por el Congreso Nacional. El Destape había revelado hace dos años que Cambiemos no respetó la ley que lo obligaba a proyectar cuándo y cómo devolver el crédito.
En la inauguración de las sesiones ordinarias en la Legislatura, el jefe de Estado reveló que instruyó presentar una denuncia penal contra los responsables del mega endeudamiento con el Fondo. El dinero, lejos de invertirse en ampliar la capacidad exportadora del país y así generar divisas genuinas para poder repagarlo, se perdieron en la fuga de capitales, que se aceleró por los desequilibrios propios del modelo económico macrista. El propio estatuto del FMI impide que se mantenga abierto el grifo para la salida de capitales en momentos en que la asistencia se desembolsaba como aporte de campaña al macrismo.
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Las causas acumuladas contra el acuerdo
Apremiado por cerrar el préstamo lo antes posible con el Fondo, en medio de un descalabro financiero que desató por las políticas de desregulación de la cuenta capital, algo que el propio organismo reconoció recientemente, el gobierno Cambiemos violó múltiples leyes. Esto quedó demostrado en las acciones judiciales que llevaron adelante integrantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (Eduardo Murúa) y del Centro de Estudios de Integración Financiera -CINFIN-, (Eduardo Codianni). Ambos estuvieron representados por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público.
El expediente “Codianni” lleva un año y medio en los despachos de la Corte Suprema. Consistió en un pedido de información ante la falta de respuesta de los entonces titulares del Ejecutivo, que reveló que los entonces funcionarios no respetaron la legislación y armaron expedientes y dictámenes previo a solicitar el crédito.
El caso “Murúa” reveló que el Banco Central incumplió con su deber de estudiar cómo puede llegar a devolverse el mayor préstamo en la historia de Argentina y también del Fondo. Allí solicitaron la nulidad, con efectos modulados, del procedimiento y las cartas suscriptas por Argentina para contraer y ampliar el crédito stand by en 2018. La ley de administración financiera le exige un dictamen previo a contraer empréstitos externos al BCRA.
Las irregularidades a considerar
El gobierno de Macri endeudó al país en más de cien mil millones de dólares, mientras que la fuga durante esa administración ascendió a 86.000 millones. A esto se suman los 44.000 desembolsados por el FMI en un acuerdo "flojo de papeles". El director del Banco Nación, Claudio Lozano, junto a Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, denunciaron penalmente a Macri, Dujovne y Sandleris, quienes aparecen en las firma del acuerdo Stand-by y a otros demás funcionarios que "resulten responsables por la posible comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".
Consultados por este medio, funcionarios de las áreas responsables aseguraron que no está aún el escrito con la denuncia, pero se volcarán los hechos de notorio conocimiento sobre las ausencias en los controles para otorgar y seguir el proceso del acuerdo.
"Ese monto adeudado, según lo acordado por el gobierno que nos precedió, debe ser pagado en cuatro años. Este año, la deuda a pagar es de 3.826 millones de dólares. En 2022 esa cifra aumenta a 18.092 millones de dólares. El año subsiguiente el monto asciende a 19.186 millones de dólares. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares", sentenció Fernández este lunes.
La clave para destrabar judicialmente este conflicto de intereses, tal como relató el mandatario, fueron las declaraciones del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, quien reconoció que en sus días de director del Fondo en representación de la administración de Donald Trump, impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección.
La jurisprudencia en la biblioteca
El caso emblemático es el histórico fallo del juez federal Jorge Ballestero, que hace 20 años decretó la ilegalidad de gran parte de la deuda externa contraída por el país durante la dictadura militar que rigió el destino de los argentinos entre 1976 y 1983. "El endeudamiento externo sirvió para solventar negocios privados", concluyó el juez luego de una profusa investigación que comprobó 477 delitos cometidos por funcionarios públicos de alto rango, en los que estaban implicados grupos económicos y empresarios de los más poderosos del país.
La investigación judicial, que contó con numerosos peritos de organismos oficiales y privados, locales y extranjeros, comprometió seriamente a las autoridades civiles y militares de entonces, entre ellas, al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, a su mano derecha Guillermo Walter Klein (h), quien tuvo a cargo la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, y a los distintos presidentes del Banco Central, incluyendo a Domingo Cavallo.
Estos fueron los responsables políticos, los beneficiarios fueron algunos grupos económicos, ligados a los centros financieros internacionales, como los grupos Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati, Pescarmona, que contrajeron la deuda privada que más tarde sería estatizada con seguros de cambio. La operatoria descripta en este invaluable fallo se valió principalmente de tres pilares: la reforma financiera y la pauta cambiaria (devaluación progresiva del peso); la apertura económica y la desindustrialización; y el desmantelamiento estatal y la represión de la resistencia.
"Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó 'ser parte del primer mundo'. Conoce también que fue el 'blindaje' y que fue el 'megacanje'. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos las mismas victimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria", reconoció este lunes Alberto Fernández. "Por eso, he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra", concluyó.
Para que no siga pasando
En ministro de Economía, Martín Guzmán, envió al Congreso n proyecto de ley para que todo programa de financiamiento o incremento de deuda externa tenga la autorización por ley del Congreso. Finalmente, en noviembre del año pasado, el Senado aprobó el proyecto de ley. La norma contempla que "el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Congreso de la Nación". En otro artículo se define también que "los acuerdos futuros con el FMI" deberán contar con aprobación parlamentaria.
Según sus considerandos la iniciativa se apunta a "fortalecer mecanismos institucionales que garanticen que el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública y la ejecución de planes de estabilización macroeconómica de plazos que exceden un período de gobierno sean políticas de Estado".
El proyecto busca también "mejorar la transparencia y los criterios en los que tales políticas (de endeudamiento externo) se fundan, y de este modo construir colectivamente condiciones para que la Argentina transite un sendero de estabilidad de mediano y largo plazo que potencie las oportunidades de nuestro pueblo", según señalaron desde la cartera de Economía.
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