Resultó inédito en sus requerimientos y estructura. Y es que a diferencia de los anteriores créditos de Facilidades Extendidas del FMI, el entendimiento al que se llegó con este organismo no demanda reformas laborales, previsionales, ni privatizaciones, en tanto que el cronograma de reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria, o la suba de las tasas de interés y del dólar oficial, se revela como mucho más gradual que el de los habituales planes de estabilización y shock del Fondo. Todo ello, aún cuando Argentina logró posponer en una década los vencimientos, siempre y cuando en sus revisiones trimestrales demuestre el cumplimiento de las variables macroeconómicas acordadas.
Con todo, tal como lo advirtió la investigadora Noemí Brenta. la mayor especialista en las relaciones entre el FMI y nuestro país, resulta prematuro hacer proyecciones sobre el acuerdo, “porque estamos hablando del FMI”.
En este sentido, bien vale revisar las consecuencias en el último país de la región que firmó un acuerdo con el FMI, Costa Rica, sumido hoy en una de las mayores crisis políticas de su historia.
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Duramente afectado por la pandemia, las conversaciones de Costa Rica con el FMI se iniciaron el año pasado, para finalizar en un programa Servicio Ampliado (SAF) por 1.778 millones de dólares, el cual se encuentra hoy trabado en sus desembolsos por el incumplimiento en las metas acordadas, y con una población que, duramente golpeada por la pandemia y el ajuste comprometido al FMI, le ha dado la espalda a la clase política en general y al oficialismo en particular, pues de acuerdo al Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, el 43 por ciento de los costarricenses no manifiestan interés en las elecciones, mientras que el 32 por ciento aún no ha definido su voto, incluso cuando las elecciones son el próximo domingo. Si está claro, en cambio, que con cerca del 20 por ciento de intenciones de voto cada uno, el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) son los dos partidos que tienen chances, pues el Partido Acción Ciudadana (PAC), que llevó a cabo los entendimientos con el FMI, figura, de acuerdo a esta encuesta, en el octavo puesto.
Según comentaron a El Destape fuentes oficiales que prefirieron mantener su anonimato, el actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), encabezado por el periodistas y escritor Carlos Alvarado Quesada, “subió con una retórica de izquierda y de justicia social, pero poco a poco fue llevando al acuerdo con el FMI, primero con mayores condicionamientos y luego, frente a las protestas, resignando algunos puntos”. Lo cierto es que ni aún sobrecumpliendo las metas fiscales acordadas con el FMI, el organismo desembolsó los montos pactados, debido a que la Asamblea Legislativa aún no aprobó las reformas previsionales y laborales.
En efecto, de acuerdo las últimas cifras del Ministerio de Hacienda, presentadas la semana pasada, el déficit primario cerró en 0.28 por ciento del PBI, el menor monto en 13 años incluso dentro del contexto de pandemia, y en una cifra casi seis veces inferior al proyectado 1,7 por ciento acordado con el FMI, mientras que el déficit financiero (que incluye el pago de servicios de la deuda) finalizó con un un déficit de 5,18 por ciento del PIB también inferior al 7 por ciento acordado con el Fondo. Sin embargo, la falta de cumplimiento con las reformas estructurales, bloqueó el segundo desembolso del crédito del FMI; al punto que el presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero, señaló que "ya no nos dan los plazos para ir al directorio del FMI en diciembre y aprobar la revisión del programa de cumplimiento de metas para acceder a un segundo desembolso".
Las leyes acordadas con el FMI, implicaban la eliminación de la jubilación anticipada, así como la edad de 63 años para la jubilación de las mujeres en lugar de los actuales 60, y reducciones en los montos de jubilación de entre un 5 y 7 por ciento. Asimismo, proyectaban una remuneración estándar por puesto para toda la planta de empleados públicos, con lo que si un funcionario ganase más de lo establecido en la escala salarial, se le congelaría cualquier nuevo aumento, junto a la quita de desgravaciones impositivas por hijos en edad escolar, mientras que al grueso de los trabajadores se le incrementarían el cobro de impuestos.
Nada de ello fue aprobado por los legisladores, pero de todas formas, tras el acuerdo con el FMI se profundizó la actual crisis política, de cara a unas elecciones donde el oficialismo tiene asegurada su derrota.
“El país está embarcado en un acelerado proceso de construcción de un riesgo de proporciones históricas: que durante estos años se produzca regresiones, más o menos permanentes, en los logros de Costa Rica en desarrollo humano, debido a la falta de respuestas frente a la ampliación de las profundas desigualdades económicas y sociales prepandémicas, el debilitamiento de su Estado de bienestar y de las políticas de sostenibilidad ambiental”, señaló el pasado noviembre el “Informe anual de Estado de la Nación”, un centro de estudios conformado por universidades estatales, que advierten los riesgos para un país que pese a ser la única nación centroamericana miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), posee un 25 por ciento de pobreza y 45 por ciento de informalidad laboral.