“Es inconstitucional” esgrimió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, entre una batería de argumentos el jueves al ser consultado por la eliminación de la indemnización por despido. El proyecto elevado al Congreso por el macrismo fue criticado por sindicalistas y el Gobierno por quitarle derechos a los trabajadores, al punto de que desde la CTA la consideren una herramienta de disciplinamiento laboral.
La propuesta firmada por Martín Lousteau reemplaza la obligación de los empleadores de pagar una indemnización en caso de despido sin causa por el aporte a un Fondo de Cese Laboral que asumiría tal obligación, aunque con una indemnización recortada. En el documento se reduce la base de cálculo y se elimina el preaviso.
El proyecto que Juntos busca tratar en el parlamento después de las elecciones legislativas se establece un máximo para el aporte patronal del 12% sobre las remuneraciones para el primer año de una relación laboral y del 8% para los subsiguientes. Se trata de un porcentaje significativo, que para las y los empresarios representa un costo igual o mayor al de una indemnización (un mes de salario por año trabajado equivale al 7,7% sobre el salario anual). En un contexto de salarios deprimidos y con una elevada inflación que socava su poder adquisitivo, desde el sindicalismo ponen en duda de si las patronales no trasladarán ese costo efectivo a los trabajadores.
Para atraer a los empleados, vislumbra la posibilidad de percibir una suma de ese fondo ante situaciones de finalización de un vínculo laboral que no sean el despido sin causa. De todos modos, en relación con este tema la redacción del proyecto es por demás ambigua, sin que se especifiquen dichas situaciones ni cómo se instrumentarían.
Se afirma, a su vez, que la eliminación de la indemnización por despido redundaría en un incremento del empleo. “La propia experiencia argentina ha mostrado que la flexibilización del mercado laboral y la reducción de costos laborales no provocan que el empleo se incremente”, resaltó CIFRA, el centro de estudios de la CTA.
“Contra los trabajadores, esta medida sin dudas implicaría una menor estabilidad en el empleo, ya que el costo disuasorio de un despido desaparecería. Además, la amenaza del desempleo se volvería un recurso más concreto frente a cualquier reclamo. En síntesis, menos estabilidad y mayor disciplinamiento”, resumió el organismo en su último informe.
La fundamentación del proyecto resulta escasa e incompleta. Afirma que se viene a “dar solución a algunas de las problemáticas que existen en nuestro sistema laboral y especialmente a dar estabilidad, tomando como base el modelo de los empleados de la construcción”. Además de no aclarar los inconvenientes aludidos, dice buscar estabilidad cuando el efecto de la eliminación de la indemnización por despido generará exactamente el contrario.
Por su parte, hoy el ministro Moroni aseguró que el proyecto de implementar despidos sin indemnización es una idea que "está equivocada". Además, resaltó que se contrapone "con la Constitución Nacional en cuanto al despido arbitrario", reflejado en el artículo 14 bis.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, Moroni dijo que "el contrato de trabajo no es solo monetario", sino que se trata de "modos de contratos sociales" y que además "están protegidos por sindicatos fuertes". El ministro se opuso a "cambiar un modelo que en la Argentina anduvo muy bien" y ejemplificó que entre 2007 y 2012 "se dio el período de mayor crecimiento del empleo, con estas mismas normas laborales".
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