Un impuesto del 5% a los más ricos sacaría de la pobreza a 2.000 millones de personas

Al mismo tiempo que líderes políticos y empresariales del mundo se reunían en Davos por el Foro Económico Mundial bajo el lema "cooperación en un mundo fragmentado", trascendieron las últimas cifras de riqueza y pobreza globales. El 1% más rico tiene hoy el doble de riqueza que el 99% restante de la población. En este contexto, se estima que la implementación de un impuesto del 5% a los multimillonarios permitiría que 2.000 millones de personas, es decir un cuarto de la población mundial, salgan de la pobreza. Además, volvió a la escena el impuesto para las multinacionales y el tributo a la propiedad en la región.

Los datos se desprenden de un informe presentado por la organización Oxfam titulado “La ley del más rico” y dan cuenta de que desde el 2020, con la pandemia mundial por Covid-19, “el 1% más rico acaparó 26 billones de dólares, el 63% de la nueva riqueza generada, mientras que tan solo 16 billones de dólares (37%) llegaron al resto de la población mundial”. 

De esta forma, se observa una profundización de las desigualdades sociales a partir de la crisis sanitaria, que queda de manifiesto en que “la fortuna de los milmillonarios ha crecido a un ritmo de 2.700 millones de dólares diarios”, lo que se suma a “una década de ganancias históricas en la que el número de milmillonarios y su riqueza se han duplicado”, señaló el documento. Es decir, no se trata de un fenómeno mundial solo atado a los últimos dos años, sino que se está ante “una década dorada de bonanza económica para los más ricos del mundo".

En ese sentido, además de la crisis por Covid-19, en el último tiempo se registra el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania y un crecimiento de la inflación global con dos sectores claramente beneficiados: energía y alimentación. Las 95 empresas más grandes de estas actividades duplicaron sus beneficios en el 2022, “generaron beneficios extraordinarios por un total de 306.000 millones de dólares y destinaron 257.000 millones de dólares (84%) a remunerar a sus accionistas”, detalló el informe.

Por estas cifras, la organización planteó la necesidad de "aplicar mayores impuestos a los súper ricos y a las grandes empresas como una puerta de salida a las múltiples crisis”. Ello implica hacer frente al “mito fiscal” que dice que “los recortes fiscales para los más ricos terminarán de alguna manera beneficiando al resto. Cuarenta años de rebajas fiscales para los súper ricos han demostrado que las oleadas de privilegios solo terminan por beneficiarles a ellos”, aclaró Oxfam.

Gravar la riqueza para redistribuir

Según el análisis desarrollado por una serie de organizaciones, la Fight Inequality Alliance, el Institute for Policy Studies, Oxfam y Patriotic Millionaires, un impuesto al patrimonio con escala progresiva de hasta el 5% a las fortunas multimillonarias y milmillonarias generaría 1,7 billones de dólares de ingresos anualmente y con ese importe podría lograrse que “2000 millones de personas salieran de la pobreza, así como financiar la respuesta a los llamamientos humanitarios existentes, aplicar un plan de diez años para acabar con el hambre en el mundo, apoyar a los países más pobres a hacer frente a los impactos climáticos y garantizar servicios universales de salud y protección social para la población de los países de renta baja y media-baja”.

Un aspecto no menor es que el informe de Oxfam advirtió sobre los beneficios que estos sectores obtuvieron a lo largo del tiempo a partir de políticas públicas, sobre todo en momentos de crisis. “Las enormes ganancias fueron en gran medida generadas como resultado de los planes de estímulo con la inyección de fondos públicos”, concluyó y alertó que “décadas de recortes y privilegios fiscales para las grandes fortunas y empresas han sido cómplices del aumento de la desigualdad”.  

Este punto difiere de los planteos que suelen escucharse en Argentina y la región respecto al rechazo por parte de sectores empresariales y referentes de partidos liberales a un sistema de impuestos en el que paguen más quienes más tienen. Tal es así que en 2022 circuló en nuestro país una lista con los “165 impuestos” existentes que generarían una alta carga tributaria. Sin embargo se descubrió que de ese total solo el 40% podía considerarse como tal, ya que el resto refería a tasas, contribuciones y otras formas de cobro a cambio de contraprestaciones del Estado, que como tal no son impuestos.

También a las multinacionales 

Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicaron esta semana un informe que estimó que implementar un impuesto mínimo sobre los beneficios que obtienen las empresas multinacionales permitiría recaudar USD 220.000 millones al año. 

Este número supera la cifra calculada tiempo atrás (USD 150.000 millones) por el impacto que la pandemia generó en el crecimiento de la rentabilidad de las multinacionales. Su puesta en marcha es parte de un acuerdo que 140 países pautaron en 2021 con el objetivo de avanzar en un impuesto global del 15% para las empresas y que la recaudación tenga por destino a los lugares donde efectivamente generan sus ingresos y no a los de su casa central. El documento advirtió también sobre la necesidad de avances concretos entre los Estados para su implementación.

¿Qué pasa en América Latina?

Entre marzo del 2020 y noviembre 2022, la riqueza de los milmillonarios aumentó cinco veces más rápido que el PIB de la región durante el mismo periodo (+3,9%), señaló el informe de Oxfam para América Latina y El Caribe.

Los datos son contundentes. A fin del año pasado había 91 milmillonarios en Latinoamérica, que entre todos sumaban una riqueza de USD 398.200 millones, un 21% más que al principio de la pandemia. Por lo tanto, “si nada cambia pasarán a la próxima generación USD 158.600 millones totalmente libres de impuestos, alimentando una vez más una rueda de ultrarricos y privilegios, mientras que 201 millones de personas (32,1%) de la población vive en la pobreza”, destacó el informe.

En ese sentido, se pone la lupa sobre la necesidad de gravar al patrimonio neto, un impuesto que solo se aplica en cinco países de la región. Desde Oxfam estimaron que podrían recaudarse “alrededor de USD 50.000 millones aplicando un impuesto al patrimonio neto del 2% a los millonarios, del 3% a aquellos con una riqueza superior a USD 50 millones y del 5% a los milmillonarios de todo América Latina y el Caribe”.

En la misma línea, un informe reciente sobre los efectos de la tributación progresiva en la región elaborado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP), el Centro de Estudios de Economía Política (CEPA) y Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) al que tuvo acceso este medio, analizó que en América del Sur y El Caribe “la mayor parte de la recaudación depende de impuestos al consumo, mientras que los impuestos a la herencia son prácticamente inexistentes, y los impuestos a la propiedad se enfrentan con bases imponibles incompletas, con evasión y fuga”. 

En ese marco y ante la necesidad de atender demandas extraordinarias producto de la pandemia de coronavirus, se destacan las experiencias de Argentina y Bolivia para gravar a las grandes fortunas, mediante el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas y el Impuesto para patrimonios (IGF) respectivamente, al tiempo que se observan como positivos los cambios políticos en la región, como es el caso de Gustavo Petro en Colombia y el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, que ponen en agenda cambios tributarios más justos.

La investigación destacó que “la puesta en marcha de modificaciones tributarias progresivas requiere de consenso social, poder y voluntad política y apoyos de la comunidad internacional” y que “es clave la formulación de una agenda conjunta que se focalice en las realidades latinoamericanas”.

En la misma sintonía, el informe de Oxfam señaló que es necesario “promover un gran acuerdo fiscal latinoamericano, con el objetivo de ampliar la cooperación y la coordinación de políticas tributarias, con medidas para afrontar la elusión y los paraísos fiscales, así como la revisión de los beneficios tributarios ineficientes”.