La caída de la recaudación por retenciones impactó en el déficit fiscal

Durante el primer trimestre del año se registró una caída real de los ingresos totales de la Administración nacional de casi un 10%, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre la ejecución del Presupuesto nacional. Esta contracción se explica por la fuerte merma en los derechos de exportación como consecuencia de la sequía pero también por una baja en los derechos de importación. Entre enero y marzo, el gasto público registró una caída real del 5,9%. Como contrapartida, hubo un incremento del 22% en términos reales de los pagos de intereses de deuda vinculados al FMI.

El déficit primario fue del 3,3%, cuando la pauta anual establecida con el organismo multilateral es del 1,9%. Con estos guarismos, queda claro por qué el Gobierno y el Fondo pretenden modificar las metas del acuerdo.

“La reducción de los ingresos totales de la Administración nacional se explicaron por una caída del 16,2% interanual de los recursos impositivos. En los derechos de exportación, la baja fue del 69,6%, los derechos de importación cayeron un 19,6% y el Impuesto a las Ganancias, un 0,9%”, puede leerse en el último trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La caída en las importaciones pegará de lleno en la actividad económica, con un posible escenario de estancamiento.

Los derechos de exportación disminuyeron como consecuencia de los menores volúmenes registrados en las declaraciones juradas de ventas al exterior del sector agropecuario. Según los cálculos de la consultora PxQ, luego de tomar en cuenta el impacto del nuevo dólar soja, que morigerará la merma en las retenciones, la retracción sería del 0.5% del PBI, contra un target de déficit primario de 1,9%, ahora sometido a discusión.

Lo que sí aumentó de manera notoria fueron los pagos de intereses de la deuda. “Se registró un incremento del 22% interanual en términos reales, que se explica por los mayores pagos de intereses por los préstamos del FMI y de títulos en moneda extranjera emitidos en el marco del proceso de reestructuración de la deuda de septiembre de 2020”, concluye el informe de la OPC.

Lo que pide el Fondo

El ajuste del gasto público en términos reales –es decir partidas presupuestarias que crecen menos que la evolución de la inflación– forma parte de las exigencias del FMI, que ante cada revisión técnica insiste con profundizar la quita de subsidios o que la política social sea lo más focalizada posible.

Otro de los ajustes establecidos por el organismo multilateral tiene que ver con las transferencias discrecionales hacia las provincias, directriz que quedó escrita luego de la primera revisión trimestral. Los datos analizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el gasto devengado durante el primer trimestre de este año dan cuenta de la sincronía entre la gestión de Massa y los designios del organismo.

Los recursos para las prestaciones sociales crecieron menos que la evolución de la inflación para el período bajo análisis. De acuerdo al análisis de la OPC, los recursos para la Asignación Universal por Hijo cayeron un 10 por ciento interanual (real), y las políticas alimentarias lo hicieron en un 4,6%. Las asignaciones familiares también registraron una merma en términos reales, del orden del 30%.  

Por su parte, las transferencias corrientes hacia las provincias se contrajeron un 21% interanual, explicadas principalmente por una disminución en la asistencia financiera a los municipios y gobiernos subnacionales (-99,4% interanual), las transferencias a la provincia de Buenos Aires en el marco del Fondo de Fortalecimientos Fiscal (-49,3%), y los giros a las Cajas Previsionales Provinciales (-0,1%).

¿Más cambios?

El Gobierno nacional y el FMI coincidieron en que, a raíz de la sequía, las exportaciones locales caerían este año 13.000 millones de dólares, tal como quedó expresado en un documento del departamento de Agricultura de Estados Unidos. Este es el punto de partida para las negociaciones que ya arrancaron con la intención de modificar las diferentes metas del acuerdo firmado con el organismo y, a su vez, conseguir fondos frescos que podría concretarse a través de un adelanto de los DEGs ya comprometidos.

Pero nada será gratis. “¿Qué nos va a pedir el Fondo”?, preguntó El Destape a un funcionario que sigue de cerca las negociaciones. La respuesta tiene que ver con lo fiscal. El Fondo podría modificar las metas de déficit a cambio de otros ajustes o, como prefieren explicarlo desde Economía, con el reacomodo de partidas presupuestarias (acelerar quita de subsidios y focalización extrema en la moratoria jubilatoria y otros planes sociales) de una manera más acelerada. ¿Sobre quién caerá el costo?

Lo geopolítico también juega sus cartas. No por nada, la vicesecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, que estuvo en el país para hablar sobre los recursos naturales que podrían ser moneda de cambio, sostuvo que “los argentinos saldrían adelante si soportan el dolor en el corto plazo”.