La deuda alimentaria, un problema económico que se agrava con ingresos mínimos pulverizados

Criar y cuidar cuesta, en promedio, 350.000 pesos mensuales, según la estimación de la Canasta de crianza difundida por el INDEC. Este valor no es menor si se tiene en cuenta que el salario mínimo está en 234.000 pesos. El cruce de estos datos resulta relevante si se considera que al momento de fijar la cuota alimentaria y ante ingresos no registrados (más del 35% de los trabajadores se encuentra en esa condición) dicho salario mínimo es la referencia que se toma para determinar el porcentaje que debería permitir cubrir las necesidades básicas de subsistencia de infancias y adolescencias. 

En un contexto de creciente pérdida de poder adquisitivo de los ingresos en general y del salario mínimo en particular, el cumplimiento del derecho elemental a la alimentación, la vivienda, la salud y la educación de las infancias corre cada vez más riesgo y explica, en gran medida, por qué el 92% de los hogares monoparentales a cargo de mujeres se encuentra bajo la línea de pobreza e indigencia, según datos oficiales. 

Así, al problema del incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria hay que sumar también las dificultades concretas de que los montos fijados sean suficientes para criar en condiciones dignas. Trabajos no registrados y más informalidad, salario mínimo pulverizado, incumplimiento de cuota alimentaria y montos que están cada vez más lejos de los valores reales de crianza configuran la coyuntura actual atravesada por el creciente empobrecimiento familiar, ya que no hay malabar que alcance para cubrir el costo de vida básico que necesitan, de mínima, las infancias y las adolescencias del país, transformándose en un problema económico cada vez más acuciante. 

Ingresos que ponen en jaque el derecho al alimento

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publica mensualmente el costo de la Canasta de crianza (incluye costo de bienes y servicios y valorización del tiempo que requiere el cuidado) para niñas, niños y adolescentes. Los últimos datos a abril de este año mostraron subas mensuales por arriba de la inflación de ese mes (+8,8%) así como superiores a la Canasta Básica Total (+7,1%) y la Canasta Básica Alimentaria (+4,2%) en igual periodo, y incremento acumulado desde diciembre, con desregulación de precios mediante, supera en más de $200.000 los valores de un año atrás. En lo concreto, el costo de crianza de un niño menor de un año fue de $309.616, lo que implica una suba mensual de 9,8%. A su vez, para infantes de 1 a 3 años la canasta se ubicó en $367.765, un alza mensual de 9,7%, para la franja de 4 y 5 años en $308.416 (+9,0% mensual) y en el caso de 6 a 12 años, el costo escala a $388.010 (+9,0% mensual).

Este índice fue creado a mediados del 2023 y permite contar con información oficial que sirva de base en los ámbitos judiciales para establecer el pago de las cuotas alimentarias, de acuerdo a las necesidades reales y costos actuales de subsistencia. Al respecto, la cuota alimentaria es una suma de dinero obligatoria que quienes no conviven con sus hijos deben enviarle a la parte conviviente, para cubrir no solo alimentos sino también educación, ropa, vivienda, salud, esparcimiento, de manera de hacer más igualitario la distribución de los gastos de crianza. Considerando lo anterior, el índice se construye a partir del costo de los bienes y servicios para estos grupos etarios según la Canasta Básica Total (CBT) así como el costo de las horas de cuidado, según el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. De hecho, desde su primera publicación ya se utilizó en, al menos, 26 fallos de alimentos en 13 provincias del país. “En casos en que se usó para actualizar, la cuota aumentó 219% en promedio y los fallos en los que se usó tardaron 280 días menos”, indicó Sol Prieto, exdirectora de Economía, Igualdad y Género.

“El derecho de alimentos comprende el derecho de niñas, niños y adolescentes a tener satisfechas sus necesidades. Esto se hace a través de reclamos en la vía judicial donde comúnmente las mujeres, que son quienes más cuidan y tienen a cargo la crianza, reclaman la cuota alimentaria. Existen muchas dificultades para que las cuotas se cumplan a término y también para que estén actualizadas conforme a los gastos que implica la crianza, así como para que se cumplan con la periodicidad que se necesita para cubrir esos gastos”, explicó a El Destape la abogada Marianela Flores Díaz. Según la profesional, “el Índice de crianza ha permitido tener una base para poder calcular cuánto es lo que cuesta realmente la crianza” pero advirtió que “así como se aplica cada vez más, todavía hay muchos jueces y juezas que están utilizando el índice estableciendo cuotas inferiores, es decir, solo un porcentaje de este. Lo que señalamos las abogadas con perspectiva de género y derechos humanos es que deben respetarlo y garantizar su total cumplimiento”. 

La creación de una herramienta estadística oficial que cuantifica cuánto cuesta la manutención de las infancias fue clave para avanzar en el cumplimiento de la cuota alimentaria. Sin embargo, su implementación encuentra en la práctica dos barreras para nada menores que derivan en un creciente empobrecimiento de muchos hogares argentinos. Una de ellas, denunciada por las abogadas feministas y organizaciones vinculadas al tema, tiene que ver con el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los progenitores. En un escenario de suba acelerada de precios los hogares monomarentales tienen mayores tasas de pobreza infantil como consecuencia de este problema que afecta, al menos, a 1.600.000 mujeres que están a cargo de hogares con niños en nuestro país (12% del total), de los cuales solamente dos de cada cinco reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma. Se estima, según datos oficiales, que serían más de 3.000.000 niños y niñas afectadas. “Muchas reclaman la cuota por años, se hacen cargo solas de la manutención, ya sea porque los progenitores no pagan directamente la cuota o porque lo hacen por montos inferiores. Así, las mujeres tienen que recurrir a tener dos o hasta cuatro ingresos para poder llegar a fin de mes, sumado al tiempo destinado a reclamar en el sistema judicial lo que les corresponde a sus hijos”, analizó Flores Díaz. 

Por otro lado, un eje clave para entender la complejidad de esta problemática se vincula directamente con la situación del mercado laboral, marcada por la creciente precarización y el aumento del trabajo no registrado, agravado hoy por la recisión económica y la crisis de ingresos. “Cuando presentamos una demanda de alimentos, el juez o jueza a cargo establece un monto que se fija sobre un porcentaje de los ingresos del deudor alimentario. Si el trabajador al que se le inicia una demanda está registrado es más sencillo establecer cuánto va a ser esa cuota alimentaria según ingresos y Canasta de crianza, generalmente por hijo y de acuerdo al nivel de vida que tengan los progenitores, se fija entre un 20% y un 30% de esos ingresos. Sin embargo, cuando no hay recibo de sueldo, la base que se toma para calcular una cuota alimentaria es el Salario Mínimo, Vital y Móvil”, explicó en detalle la especialista consultada.

Al respecto, cabe mencionar que los trabajadores no registrados en nuestro país ya son más del 35% del total y sus ingresos se desplomaron 60% en los últimos siete años. Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) “el 2023 finalizó con un alto nivel de empleo y bajo desempleo, conviviendo con una extendida precariedad y salarios de pobreza” y consideraron que tras el inicio de la nueva gestión nacional “el impacto del plan económico de Milei-Caputo se expresa en una caída abrupta de la actividad económica y el hundimiento de los salarios, que anticipa niveles de desempleo superiores”. En lo concreto, sobre el total de asalariados, “quienes no están registrados representan el 35,7%, nivel muy similar al de fines de la gestión Cambiemos en 2019 (35,9%)”. De hecho, en su reciente informe sobre el Panorama Laboral de América Latina, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) alertó por niveles de informalidad que rondarían el 50% en nuestro país. 

Si se cruza esta realidad con el valor último de la Canasta de crianza, se observa el impacto del deterioro salarial y la crisis económica en el acceso a los bienes y servicios esenciales para las infancias, y las dificultades para que ello cambie si la situación económica no se revierte. En detalle, el salario mínimo de abril ($221.052, monto fijado a discreción por el gobierno) apenas cubrió el 70% del costo de crianza de niños de hasta 1 año. Dicho de otro modo, si se mira la canasta para infantes de 1 a 3 años, su valor está 66% por arriba de un ingreso mínimo, y en el caso de la de 6 a 12 años, lo supera en 75% al SMVyM. Si se toma de referencia el 20% que suele determinarse judicialmente para fijar las cuotas alimentarias según ingresos, corresponderían aproximadamente 44 mil pesos de cuota, un monto muy lejano a los 350 mil pesos en promedio que implica criar. 

“La pérdida del poder adquisitivo en el salario impacta de lleno en el cumplimiento de los deberes de manutención, es muy difícil poder garantizar los derechos plenos de las infancias y de la adolescencia en cuanto a alimentación, cuidados, educación, salud, con los bajos ingresos y con una pérdida total del poder adquisitivo”, alertó la abogada especializada en la materia y agregó “sin dudas es muy complejo cuando existe un salario mínimo tan bajo establecer porcentajes que impliquen una cuota alimentaria que permita cumplir con el derecho constitucional, por esto si no tenemos un Estado que preste las condiciones necesarias para que esos derechos sean efectivos, nos quedamos muy cortos. Sin dudas necesitamos jueces responsables y que tomen medidas urgentes que garanticen los derechos de la infancia a tener una vida digna, pero no va a haber ningún instrumento judicial que alcance en tanto y en cuanto la situación económica no mejore”.

Un informe de UNICEF advirtió que la pobreza infantil escaló al 70% en el primer trimestre de este año, generando una “crisis profunda” con repercusiones no solo en el corto plazo sino sostenida a lo largo de generaciones, y cada vez más difícil de revertir ya que en los últimos 40 años nunca se logró romper el piso del 30% de pobreza en este vulnerable grupo poblacional. A la par, en el primer trimestre de 2024 el salario mínimo cayó un 25% en términos reales y en los últimos ocho años acumula un retroceso de más del 50%, y supera el 60% si se lo mide en términos de alimentos.

Mayor pobreza y endeudamiento

De acuerdo con un informe sobre incumplimiento de la cuota alimentaria elaborado en 2023 por el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) el 92% de los hogares monoparentales a cargo de mujeres están bajo la línea de pobreza e indigencia. Estas mujeres trabajan cerca de 30 puntos más que los varones, ganan un 25% menos y sufren mayor informalidad laboral. Actualmente estos centros, con un rol clave para el acceso a la justicia de la población y la generación de información sobre esta problemática, se enfrentan a despidos en su personal y el desfinanciamiento de aquellos que funcionaban en barrios populares de diferentes jurisdicciones del país. 

A su vez, según había relevado la ex Dirección de Género del Ministerio de Economía “en los hogares monomarentales, 2 de cada 10 mujeres se emplean como trabajadoras de casas particulares, donde persiste un gran nivel de informalidad y la menor remuneración. Trabajan más que el resto de las mujeres y tienen ingresos más bajos, por todo eso recurren al financiamiento y se endeudan”. Sobre esto, la falta de pago de la cuota alimentaria y/o su valor insuficiente producto de ingresos laborales pulverizados, sumado a la desigual carga de los cuidados y a un acceso al mundo del trabajo más precarizado para las mujeres, generaron en este último tiempo un constante incremento del endeudamiento familiar, vía diferentes formas de créditos para la compra de alimentos, ropa y el pago de servicios básicos como luz, gas y agua.

En nuestro país el 60% de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos mientras que el 70% usa ese crédito tomado para comprar comida o medicamentos, según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), y la situación se replica a nivel regional, donde el peso del endeudamiento se ubica entre un 20% y 40% anual en las familias. Esta problemática económica se agrava en el presente por la ausencia de políticas públicas, lo que genera un aumento de la feminización e infantilización de la pobreza.