El gasto devengado de la Administración Pública Nacional en junio ascendió a 1 billón 754.090 millones de pesos, con un incremento interanual del 61%, en lo que constituye una retracción en términos reales "por primera vez en el año", destacó hoy el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
La entidad proyectó una inflación acumulada en los últimos doce meses del 64%, si bien el dato oficial será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el jueves 14 de julio.
Gran parte de la reducción real del gasto total obedeció a que, en la clasificación por finalidad, "la deuda pública bajó significativamente", con $57.864 millones, un 16% menos que en junio del año pasado.
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Esa baja, explicó CESO, "está asociada a la concentración de los vencimientos que había sido mayor en junio del año pasado y a las colocaciones en pesos que estuvieron por debajo de la inflación".
Esa importante reducción pudo compensar el impacto de la suba del 111% en subsidios energéticos, que en el primer semestre alcanzaron a $768.534 millones, "siendo uno de los rubros con mayor incremento", remarcó el Centro dirigido por Andrés Asiaín.
Tal como ocurre en la época invernal, "a medida que transcurre el año los subsidios al gas natural van teniendo un mayor peso", destacó, "aunque siguen representando un 32,2% contra el 67,8% que implican los subsidios a la energía eléctrica".
Ambos componentes, agregó, "representan un 10% del gasto total de los cuales Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) concentra el mayor porcentaje (74,4%)".
Asimismo, el CESO señaló que "los costos internacionales, la sequía y la ola de calor impactaron fuertemente en los pagos de energía durante el primer trimestre", y si bien en mayo "habían tenido una disminución muy importante", en junio "los subsidios energéticos retomaron un ritmo de fuerte crecimiento y totalizaron $231.262 millones", con un incremento interanual del 90%.
La baja en términos reales del gasto en junio no alcanzó para compensar las subas de los primeros cinco meses del año, por lo que en el primer semestre el gasto devengado ascendió a 7 billones 227.101 millones de pesos, con un incremento del 72%, "con un efecto expansivo en todos los rubros, a excepción de la deuda pública", precisó el CESO.
En cuanto al nivel de ejecución se llegó a un promedio del 46%, si bien la entidad advirtió que "el crédito asignado puede volver a incrementarse en el resto del año por la alta inflación", luego de que en el curso de junio se diera a conocer una modificación presupuestaria completa, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 331/2022.
Los dos extremos fueron el Ministerio Público, con un 59% de ejecución del crédito asignado, y el Ministerio de Desarrollo Productivo, con un 17,1%.
Los servicios sociales representan un 67% del gasto devengado durante 2022 y, dentro de ellos, la Seguridad Social es el componente más significativo y alcanza un 47% del gasto total ejecutado.
"Solamente las prestaciones previsionales (2 billones 84.176 millones de pesos) representan un 29% del gasto total, seguidas por las universidades nacionales ($232.923 millones) y las asignaciones familiares ($210.620 millones)", indicó el CESO.
Entre los principales programas, la Tarjeta Alimentar cuenta con 2.431.536 beneficiarios al mes de mayo, de los que el 91% son mujeres, y tuvo un gasto ejecutado hasta junio de $143.610 millones, un 90% más que en el mismo período de 2021.
"Sin embargo –apuntó el CESO- los últimos meses ya viene creciendo a un ritmo interanual del 56%", además de existir la posibilidad de que reciba nuevas asignaciones en lo que resta de 2022, ya que en la primera mitad del año ejecutó el 55,8% del crédito total.
Con información de Télam
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