Despidos, suspensiones, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y recorte de horas extras. La crisis social creada por la administración de Javier Milei es transversal a las distintas ramas industriales del país vinculadas principalmente al mercado interno. No existen los errores de cálculo. En una economía local que se reprimariza – en consonancia con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversores de la Ley de Bases-, el Gobierno disciplina y expulsa a los trabajadores y trabajadoras.
A partir de un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) junto a la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) se determinó que, de un universo de 61.000 empresas vinculadas a la construcción, textiles, petróleo, metalmecánica, molineros, entre otros, el 80% tuvo que despedir empleados como consecuencia de la caída en la actividad durante los primeros meses de gestión mileista, mientras que otro porcentaje similar tuvo que recurrir a los retiros voluntarios.
Con una desocupación ubicada en el 7,7% para el primer trimestre del año, la mayor cantidad de despidos se habría concentrado hasta el momento en las empresas con más de 500 empleados. Milei lo hizo. Acindar, un caso emblemático. Sus obreros anunciaron un paro de actividades para el próximo lunes, ante una paritaria congelada desde noviembre del año pasado, suspensiones masivas y la amenaza latente de despidos.
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El Estudio
La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina nuclea 61.728 empresas dividas en 18 sectores de actividad: construcción, metalmecánica, textil, madera, molineros, papeleros, petróleo y gas, etc. En total, involucra a 1.097.693 trabajadores, de los cuales solo un 56,7% se encuentra sindicalizado. El trabajo sobre la actualidad industrial se realizó en conjunto con el CEPA. La metodología incluyó un cuestionario con 25 preguntas, abarcó a 36 gremios, concretado entre el 23 de mayo y 6 de julio.
Los resultados fueron contundentes. El 90,0% de los encuestados indicó que la situación económica de sus empresas había empeorado. “El resultado es consecuencia directa de la caída del consumo y de la recesión económica en la que se encuentra el país, causadas por la política de ajuste aplicada desde el inicio del mandato del actual presidente”, explicó el CEPA en el trabajo titulado “Sin industria no hay empleo”.
Las empresas asociadas a la Confederación pertenecen a diferentes ramas productivas: más de 22.000 organizaciones se vinculan a la construcción, otras 11.000 pertenecen al rubro metalmecánico, 10.000 al rubro textil, otras 6000 al sector maderero, y 2000 al rubro plástico, entre otros sectores. El 52% de las organizaciones se aboca al mercado interno.
Según el estudio citado, el 65% de las empresas declaró caídas de las ventas superiores a 15%; mientras que un 63% respondió que redujo su producción en otro guarismo similar. En total, el 90% de los encuestados sostuvo que la situación económica había empeorado.
“Las expectativas para los próximos 6 meses se mantienen en niveles críticos: 95% considera que empeorará. Solo un 5% de las empresas encuestadas se muestra optimista respecto a mantener una situación similar a la actual”, concluye el informe elaborado entre el CEPA y la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina.
Los trabajadores y trabajadoras sí la ven
Pauperización. Disciplinamiento.. Entre las 61.000 empresas consultadas, el 80% tuvo que despedir personal.
Pero también se registraron otras dinámicas vinculadas a la caída de ventas y de la producción, con incidencia directa en la vida de los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo suspensiones, retiros (poco) voluntarios, jubilaciones anticipadas y recorte de horas extras.
De acuerdo al relevamiento citado, la situación detectada fue la siguiente:
*Suspensiones: 60% de los encuestados señaló que sus trabajadores sufrieron algún tipo de suspensión.
*Retiros voluntarios: el 80% de las empresas han implementado esta operatoria.
*Jubilaciones anticipadas: se relevaron casos en 35% de las empresas.
*Recorte de horas extras: se computaron recortes de horas extras en el 90% de los casos.
*Adelanto de vacaciones: 65% de los casos declaró casos en sus empresas.
El contexto
El desempleo del primer trimestre del año se ubicó en el 7,7 por ciento, una aceleración de la pauperización social post devaluación mileista. De acuerdo al análisis realizado por el CEPA, los puestos laborales destruidos –entre noviembre de 2023 y marzo de este año – llegaron a los 136.160 casos.
“Cuando se analiza la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que durante los primeros meses de la gestión de Milei, la expulsión de trabajadores se concentró en las empresas de mayor porte: 83% de la pérdida de empleo (-112.529 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores”, indicaron desde CEPA. A su vez, se redujo la cantidad de empleadores en 3.559 casos.
La destrucción de puestos laborales fue mucho más acentuada para los trabajadores no formales, según un estudio realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), bajo la coordinación de Claudio Lozano.
“La tasa de empleo pasó del 45% al 44,3% que resultó en una reducción de la población ocupada de 114 mil. Esta destrucción de empleos se debió especialmente a la caída de formas no asalariadas (mayoritariamente explicada por la menor cantidad de trabajos por cuenta propia) y por la destrucción de puestos de trabajo asalariados no registrados”, puede leerse en un reciente trabajo del IPyPP.
En total, entre trabajadores formales e informales, la reducción de la población ocupada habría alcanzado a 592.511 personas. Milei lo hizo.
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Acindar, el caso testigo
Los trabajadores y trabajadoras de Acindar padecen de manera directa las consecuencias de una recesión planificada. Ante la caída de la actividad de la construcción y la producción manufacturera, la metalmecánica no solo frenó su producción sino que también avanzó con un plan de suspensiones que abarcó a sus 1000 empleados.
Este lunes, Acindar debería retomar la actividad en el área de acería, conjuntamente con el movimiento de sus trenes. Pero los trabajadores ya anunciaron un paro general de actividades. Desde noviembre del año pasado, mantienen sus salarios congelados, sin acuerdo paritario.
Varios serían los responsables del atraso salarial, además de la crisis auto generada por el Gobierno. La comisión interna apunta contra las patronales del sector, lideradas por Techint y sus principales directivos, actualmente con fuerte presencia en el Gobierno de Milei.
“Ya hubo cortes de contratos y el inicio de los retiros voluntarios. La diferencia entre cada una de estas medidas es que la empresa empezará a elegir quiénes van a quedarse y quiénes no”, sostuvo el delegado Matías Ruffini. La hipótesis de los delegados es que luego del proceso de suspensiones y el parate de la fábrica, “la empresa irá por los despidos directos”. Con una reforma laboral aprobada dentro del paquete Ley de Bases, la amenaza se percibe latente.
En diálogo con El Destape, Ruffini también apuntó contra la UOM nacional por no haber tomado ningún tipo de medidas de fuerza en línea con una CGT acuerdista.
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