Producto de la pandemia del coronavirus, la tasa de pobreza llegó a 40,9% de la población según el Indec, con un aumento de 5,5 puntos porcentuales interanual. Sin embargo, un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) reveló que las medidas de atención social funcionaron como paleativo para los sectores más vulnerables.
Las cifras oficiales mostraron que hay 2,5 millones de personas más que no logran acceder a una canasta básica de bienes y servicios y, entre ellos, 560.000 son niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, cuya situación se vuelve aún más crítica. En total, 56,3% de los niños y adolescentes viven en hogares con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica.
Asimismo, se profundizó la brecha de pobreza: la distancia entre el ingreso medio de los hogares en condición de pobreza ($ 25.759) y su canasta básica total ($ 43.785) se amplió a 41,2%. “Estas cifras pueden explicarse en parte por la pérdida de puestos de trabajo durante la pandemia. Casi cuatro millones de personas perdieron el empleo, al menos temporalmente, y una gran mayoría pasó a la inactividad", explicó Cippec.
Frenar el desplome social
Si bien no compensaron los efectos reccesivos,“sin las transferencias implementadas por el Gobierno, la tasa de pobreza en el primer semestre de este año podría haber aumentado 2,6 puntos porcentuales más, alcanzando a 43,5% de la población”. En números, “estas políticas habrían impedido que casi 1,2 millones de personas caigan bajo la línea de pobreza”.
En el segmento joven (menores de 18 años), “sin las transferencias, el documento estima que el efecto de la crisis sanitaria sobre la niñez hubiese sido mayor, alcanzando a 60,4% de los niños, niñas y adolescentes”. Pero el impacto más potente de las medidas de asistencia se observó en la indigencia.
“Es dentro de estos grupos más vulnerables que las transferencias de ingresos jugaron un rol crucial. Sin ellas, la pobreza extrema podría haber llegado a 17,5% de la población y a más de uno de cada cuatro niños del país”, puntualizó el documento. Según el Indec, la indigencia fue de 10,5% en el primer semestre, lo cual equivale a cerca de 5 millones de personas.
“El pequeño margen fiscal y las limitaciones estructurales para potenciar el crecimiento sumados a la caída de la actividad global conforman desafíos que agudizan la emergencia social. Los interrogantes sobre cómo proceder en este contexto son varios, sobre todo en vistas de lograr una recuperación social y económica que priorice la inclusión social y la disminución de la desigualdad”, sostuvo Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social de Cippec.
Respecto al esquema de políticas de protección que diseñó el Gobierno, el informe subrayó que “se potenció la transferencia de ingresos a las familias más vulnerables con niños/as y adolescentes y a personas mayores a través de bonos extra a la AUH y AUE y a las jubilaciones y pensiones". Además, "se formularon nuevas políticas de transferencias, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), expandiendo la cobertura de protección social y alcanzando a grupos más amplios".
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