En una medida esperada para uno de los sectores más golpeados por la pandemia del coronavirus, se reglamentó la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística. Entre otros puntos, establece fuertes incentivos para quienes compren anticipadamente servicios a ser brindados el año próximo a través del Plan Preventa, moratoria impositiva, un Bono Vacacional para familias y la extensión del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta el 31 de diciembre.
Los principales puntos de la ley
La vigencia del ATP fue prorrogada hasta el 31 de diciembre para las actividades y rubros del sector, cuando se encuentren paralizadas o tengan una facturación inferior al 30%. Los beneficios incluyen una reducción del pago de las contribuciones patronales del 95% y un salario complementario abonado por el Estado para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado del 50% del salario neto, no pudiendo ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil.
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En tanto, el Programa Bono Fiscal Vacacional, un incentivo muy importante para impulsar el turismo y desestacionalizar la demanda, estipula un aporte en favor de las familias cuyos ingresos mensuales netos totales no superen el equivalente a cuatro SMVM. Se aplicará mediante el otorgamiento de un bono fiscal emitido bajo modalidad electrónica, destinados exclusivamente al pago de servicios ofrecidos dentro del país por empresas habilitadas del sector.
Por su parte, el Plan de Preventa consiste en el reconocimiento de un crédito por parte del Estado equivalente al 50% del monto por cada operación de compra de servicios turísticos dentro del país. Las compras se deberán realizar hasta el 31 de diciembre y los servicios adquiridos utilizados durante el 2021. Además, será prorrogado por 180 días el vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las actividades vinculadas a la actividad turística cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre. Además, será suspendida por ese mismo plazo la traba de cualquier tipo de medida cautelar a requerimiento de la AFIP y la ANSES para las empresas del sector.
Por último, las empresas alcanzadas por la Ley deberán estar inscriptas en un registro creado bajo el ámbito del Ministerio de Turismo. De este modo, el Estado lleva invertido más de $ 60.000 millones para sostener al sector turístico.
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