Crisis alimentaria: productores locales denunciaron el impacto de importaciones y el ajuste en la agricultura familiar

Mientras el país atraviesa una situación de emergencia alimentaria reflejada en que cada vez más familias no llegan a cubrir los bienes esenciales de la canasta básica, con recorte de partidas en comedores comunitarios y en programas sociales que permiten la supervivencia de millones en la informalidad, la respuesta del Gobierno se focalizó en la apertura de importaciones junto con el desfinanciamiento de organismos que acompañaban el desarrollo de la agricultura familiar en el país. En ese escenario, distintas voces consultadas por El Destape coincidieron en que estas medidas “borran del diccionario las palabras desarrollo y producción nacional” lo que tendrá impacto en el crecimiento económico y la generación de empleo. 

En Argentina, 3,6 millones de personas viven en el campo, de ellas el 60% es considerada parte de la agricultura familiar y produce más de la mitad de los alimentos que llegan a las mesas argentinas, aunque sin ser propietarias y enfrentando desalojos frecuentes. En este último tiempo, además, vienen atravesando una dura situación debido al encarecimiento de insumos, el alza de tarifas de servicios y combustibles, y ahora enfrentan el ajuste del Estado en recursos que permitían mejorar la calidad y cantidad de los productos que ofrecen a la población. A su vez, la apertura importadora hace que sea más difícil competir con precios externos afectando a cooperativas, pequeños productores, campesinos y también a pymes nacionales que se muestran en alerta tras la brusca caída del consumo desde diciembre pasado. 

A este panorama se sumaron ahora los posibles despidos (más del 30% del personal) en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) encargado de controlar las normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países, frente a lo que desde el gremio ATE lanzaron un paro de 48 horas a partir de este martes, con paralización de exportaciones y controles sanitarios en todo el país. Así las cosas, pymes, campesinos, cooperativas, sindicatos, funcionarios, trabajadores y agrupaciones sociales coinciden en rechazar estas medidas y al tiempo que aseguran que dificultará aún más el acceso a los alimentos básicos, perjudicando fuentes de trabajo y afectando la soberanía de los recursos naturales. 

Alimentos, cada vez más inaccesibles

Las familias trabajadoras se enfrentan actualmente a situaciones cada vez más difíciles al momento de intentar cubrir el costo de vida básico, es decir contar con los ingresos suficientes para cubrir alimentos, salud, vivienda y tarifas de servicios. Frente a ello, terminan por recortar gastos que son esenciales. Si bien el índice de precios de la economía mostró en febrero una morigeración de su ritmo de crecimiento en relación con los picos de diciembre y enero pasado, lo cierto es que los aumentos en alimentos básicos de la mesa familiar lejos están de desacelerarse y continúan con subas por arriba de la inflación.

El Destape analizó una serie de productos en base a los datos de evolución de los precios que publica el índice de precios de CABA (IPCBA) e identificó que las subas más significativas se evidenciaron en productos como pan, fideos y cereales, leche y huevos, verduras, carne picada, azúcar y aceites que acumulan solo en el inicio de este año un incremento entre el 50% y 70% y, comparado con hace un año atrás, superan ampliamente al índice general (264,5% según IPCBA febrero): panificados subió en promedio 365% (fideos secos largos 564%), aceites 354%, Azúcar 368%, bebidas no alcohólicas 375%, acelga 324%, leche común entera 357%, yerba mate 345%, entre los principales. A su vez la canasta básica en barrios populares creció 70% desde que asumió la gestión libertaria, según el centro ISEPCI. 

Por su parte en lo que va de marzo los alimentos ya aumentaron en torno al 8%. Datos de la consultora Eco Go hasta la tercera semana del mes señalaron que los alimentos consumidos dentro del hogar ascenderían a 12,2%, y puntualizó que “el precio de la carne repuntó, marcando un aumento del 4,4%. La principal contribución vino de la mano del pollo, que registro una fuerte suba, en particular en el segmento de aves frescas y congeladas (23,3%)”, a su vez las verduras marcaron una suba del 4,9%, lideradas por la papa que experimentó un aumento del 18,4%, y en productos lácteos y huevos volvieron a registraron subas relevantes producto de la crisis que atraviesa el sector, cerrando esta semana con un aumento del 3,5%. Se destacaron los quesos con subas en torno al 7% y la manteca y crema, que registraron un incremento del 10,2%. De esa manera, “en promedio en marzo los precios de los alimentos acumulan un incremento de 8,8% mensual”. 

Estos aumentos, más que evidentes en el día a día familiar, llevaron a que el propio gobierno nacional se reuniera con representantes de las empresas más importantes de alimentos y consumo masivo del país (Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas; Establecimiento Las Marías, Arcor, Mondelez, Mastellone, Unilever; Nestlé, entre otras) para luego anunciar una serie de medidas que, lejos de ser novedosas, ya se han implementado en el país y sin los éxitos esperados. Como detalló el medio en esta nota, mediante la Comunicación A7980 del BCRA se determinó que las importaciones de un extenso listado de alimentos y medicamentos tendrán condiciones más flexibles por 120 días con acceso a pagos en una sola cuota a los 30 días y baja de impuestos internos (IVA adicional y Ganancias) mientras, a la par, se decidió quitar financiamiento al Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), un instrumento del Estado para canalizar hacia los agricultores familiares, que producen el  60% de los alimentos que se consumen en el país, recursos para el desarrollo rural. Según datos oficiales el sector de la agricultura familiar alcanza al 41% de la producción de hortalizas, el 30% de la horticultura, el 60% de la yerba mate, el 77% de la producción caprina, el 49% de la producción de cerdos, entre los principales, con un rol no menor en la generación de alimentos frescos y con precios más accesibles.

Precios y calidad de lo producido

Distintas voces consultadas aseguraron que las medidas difícilmente beneficien en el tiempo a la población, en tanto que hay preocupación por el perjuicio que genera para la producción nacional y los trabajadores argentinos. “Cada kilo importado, es una Argentina más pobre”, planteó un comunicado de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que amplió que “el cada kilo de alimento que se importe será un productor menos, un trabajador menos y cooperativas y pymes que cerrarán”.

Silvio Antinori es vicepresidente de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Ltda. En diálogo con este portal analizó que “la apertura de importaciones es volver a viejas y conocidas políticas, además de fracasadas y dañinas, que siempre perjudicaron a los sectores más vulnerables y favorecieron a los sectores concentrados”. Para el productor santafesino “se pone en riesgo nuestra soberanía, pero no sólo la alimentaria, sino la territorial y la intelectual, porque no es casual que con este tipo de medidas de apertura de importación estemos hablando también de un convenio con Estados Unidos por la principal vía troncal navegable del país y de una nueva ley de semillas. Desregular es regular para los más grandes”. 

Desde la provincia de Buenos Aires, Mercedes Taboada, integrante del Movimiento Nacional Campesino e Indígena-Vía Campesina, planteó una visión similar al asegurar que “el productor local tiende a desaparecer con este tipo de medidas porque pueden traer un tomate a 40 pesos de afuera y venderlo a 100, mientras a nosotros nos cuesta de entrada 80 producirlo. Además, ya venimos sufriendo por el menor acceso a la tierra y la suba de los combustibles, sumado a que tenemos que pagar los insumos en dólares. Los que puedan importar y revenderlo van a seguir llenándose los bolsillos mientras nosotros desaparecemos”. Para ejemplificar mencionó que “si antes se traía cebolla, tomate, morrón de Brasil, ahora van a volver a levantar esos mercados y la producción local, que tanto costó reactivar, se va a perder y lo mismo el empleo que logró generar”

Un informe reciente de Coninagro mostró el impacto que puede tener la importación en varios productos locales. En detalle se analizaron 15 productos alimenticios de los más de 3000 autorizados a importar y se los comparó con el precio en dólares en Uruguay y Brasil: seis resultaron son más baratos en la Argentina que en Brasil y 14 más bajos que en Uruguay. Asimismo, se planteó el nivel de riesgo que existe para los productos locales, resaltando que por la diferencia de precio corren peor suerte el arroz, poroto negro, naranja, leche, aceite de oliva y azúcar, a lo que se suman en un escalón más abajo el pollo entero, carré de cerdo, bife de cuadril y yerba mate. 

“La importación de alimentos, como se ha comprobado en otros gobiernos, no sólo no promueve la competencia de precios, sino que fortalece la cartelización de las grandes empresas comerciales-alimentarias, destruye las cadenas de producción, no las vuelve competitivas. Especialmente al sector de la pequeña agroindustria, en gran parte de cooperativas, ya que las grandes empresas pueden sostenerse en esa competencia, e incluso expandirse importando materia prima u otros componentes”, explicó en detalle Miguel Ángel Gómez, último director del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) hasta el cambio de gobierno.

Por su parte Diego Montón, ingeniero agrónomo, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, señaló que “va a tener muy poco impacto en que desciendan los precios al consumidor, y sí va a tener un impacto muy negativo en pequeños productores, en cooperativas de medianos y pequeños productores, así como en las pymes agropecuarias, que son las que van a verse de alguna manera golpeadas por esto, y lo que tenemos que recordar es que entre el precio que se le paga al productor primario y la góndola -sobre todo en los sectores agropecuarios- tenemos entre un 400 a un 600% de diferencia, y es allí donde el Estado tiene que intervenir y actuar inteligentemente”. 

En este escenario, a la advertencia sobre el impacto negativo que tendrá una apertura indiscriminada de importaciones para la producción nacional, se agrega la alerta por el desfinanciamiento de los recursos que buscaban fortalecer el desarrollo de la agricultura familiar en el país. Sobre esto Gómez, recordó que “el sector viene luchando hace décadas por políticas que fortalezcan la vida rural, desde la vuelta de la democracia, se logró paulatinamente la apertura de asistencia técnica, subsidios, créditos, proyectos de agroindustria a baja escala, desarrollo de redes comerciales a través de ferias, exposiciones y un proceso de registro tanto de las familias productoras (el Registro Nacional de Agricultores Familiares), como de sus organizaciones (cooperativas, asociaciones)”.

Sin embargo, la decisión del gobierno libertario podría echar por tierra ese proceso ya que “no solamente va a generar que queden a la deriva muchísimos pequeños productores que no tienen posibilidades sin un Estado presente, sino que también hay muchísimos técnicos que hacían un trabajo muy importante, por lo que esto va a provocar que aumenten los índices de desocupación y de pobreza”, agregó Antinori del Fecofe. 

Taboada, productora de provincia de Buenos Aires, se mostró más que preocupada por el cierre del organismo porque, según dijo a este portal, “va a terminar con todas las herramientas que teníamos para poder mejorar la calidad de nuestros productos y también para acceder a mercados y a herramientas de trabajo. Esto complica una situación ya difícil porque nos subió el alquiler y la luz también, si pagábamos 60 mil ahora viene 120 mil, y tenemos que darle de comer también a nuestros hijos. Lo único que puede frenarlo es que el presidente revierta todo lo que está haciendo y ver si de alguna manera podemos salvar lo que tenemos, porque las organizaciones campesinas siempre hemos trabajado, que hemos luchando por la agroecología, por la soberanía y por la seguridad alimentaria porque creemos firmemente que la agricultura familiar campesina indígena es la única que puede garantizar que no haya hambre en la Argentina”. 

Por su lado, desde la Mesa Agroalimentaria Argentina repudiaron “el cierre de otra política pública para el pueblo. Miles de familias campesinas en todo el país ya no tendrán más acompañamiento técnico para el desarrollo productivo que genera alimentos sanos, trabajo y arraigo”, destacaron. En sintonía, desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) señalaron que “el sector está en una situación de verdadera necesidad y urgencia por el aumento de alquileres e insumos, agravado por las recientes tormentas. El gobierno, en lugar de fortalecer la producción local y mejorar la comercialización de pequeños y medianos productores, cierra el INAFCI y desarma los programas de fomento” en tanto que desde ATE Agricultura subrayaron que “la agricultura familiar es la principal productora de alimentos de nuestra economía, generadora de valor agregado y, sobre todo, una actividad que permite darle viabilidad económica a las familias que hacen patria en los lugares más recónditos del país. El gasto que dicen ahorrar con el cierre del INAFC, lo van a tener que multiplicar para garantizar salud, seguridad y educación en las ciudades que recibirán a la población que se desplace desde la agricultura familiar hacia esos centros urbanos”.

Puestos de trabajo y recursos 

"Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos", señaló el vocero presidencial, durante la conferencia en la que anunció el cierre del INAFCI y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, engrosando la extensa lista de trabajadores públicos que perdieron su fuente de trabajo en los cien días del gobierno de Milei, a lo que se suman las familias productoras que enfrentan una situación aún más difícil sin el acompañamiento estatal.  

Al respecto, desde la Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina (FeTARA) consideraron que “es una verdadera catástrofe para cientos de miles de familias trabajadoras y productoras de alimentos en las distintas regiones rurales de nuestro país” por lo que va a “condenar a la miseria a los ya históricamente castigados trabajadores y trabajadoras de la tierra”. En relación, Montón integrante del MNCI Somos Tierra y referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina explicó que “el cierre implica dejar a todo un sector rural de más de 300.000 familias que producen alimentos diversos en todo el país sin acompañamiento técnico, sin acompañamiento en la dinámica organizativa y sin posibilidades de acceso al financiamiento, que es otra de las cuestiones fundamentales que requiere el sector y que en muchas regiones no cuenta con asistencia provincial”.

Además, agregó que “la gran mayoría de los y las trabajadores del instituto tienen muchos años de antigüedad, son agrónomos, veterinarios y trabajadores sociales que se han desempeñado de la mejor manera según las condiciones llegando a los territorios rurales y acompañando técnicamente al sector. Una política de desarrollo rural, requiere una estructura federal, que no puede agotarse en una oficina en CABA, eso sí se convertiría en una estructura ociosa e ineficiente”. 

En líneas similares, desde la Confederación Federal PYME Argentina mostraron su preocupación por el impacto importador y el posible cierre de establecimientos con pérdida de puestos de trabajo: “permitir la importación masiva de alimentos en particular la de frutas, verduras, hortalizas, vino y leche, afectará negativamente a los productores locales y la economía interna provocando un deterioro aún mayor al que ya están sufriendo las Economías Regionales de todo el país, lo que llevará al cierre de empresas y a la pérdida de puestos de trabajo de todos los sectores relacionados”, graficaron. En consonancia, desde CAME, también advirtieron que “cada producto ingresado es un puesto de trabajo menos. Se va a asfixiar a las economías regionales”. 

Para cerrar Goméz destacó también que “las regiones donde subsisten comunidades campesinas e indígenas cuentan con preservación de los bienes naturales, producción de alimentos sanos y arraigo rural. Estas decisiones gubernamentales atentan contra las familias rurales, empobrecen e impulsan la migración rural hacia las grandes ciudades. Es tiempo de que en nuestro país se reconozca el papel de las familias rurales productoras, para cuidar el territorio, brindar alimentos sanos, frescos y accesibles”.