Política económica o política social: dos modelos en disputa

El título intenta demarcar los límites entre las distintas acciones de una gestión de gobierno sobre el área socioeconómica.

La política económica alude a la sustentabilidad de los equilibrios macroeconómicos del sector externo y del sector público, garantes de la estabilidad de las principales variables: precios, tasa de interés y tipo de cambio, que impactan en las decisiones de los agentes económicos. También la regulación de la demanda interna a través de la armonía de la política monetaria y fiscal, agregándose por último la necesaria regulación de los mercados monopólicos y los acuerdos corporativos entre empresarios y trabajadores.

La política social es la que conforma un “piso de ciudadanía” a partir del cual se ejercen los derechos y se interactúa en la sociedad. Asegura la salud, la educación, la vivienda, la protección de niños, adolescentes y adultos mayores. Configura ese conjunto de derechos desde los cuales se ejerce plenamente la ciudadanía y también obra como un amortiguador de efectos no deseados de la política económica y/o un puente que evite traumatismos ante transformaciones relevantes en la actividad.

Consecuentemente, la política económica es la que coloca al Estado como organizador y promotor de las decisiones de producción y consumo que impulsen la ampliación de la riqueza del país, y la política social colaboraría en la redistribución hacia la mayor cantidad de habitantes de esos beneficios alcanzados.

En todos los casos la política social se subordina a la política económica en uno u otro sentido.

Habitualmente se cita como “progresista” a un gobierno que amplía las áreas de protección social, aumenta los presupuestos educativos y sanitarios y mejora la cobertura previsional. Sin embargo, eso es inexacto, porque lo que define el carácter “progresista” de un gobierno es la política económica que coloca al Estado como asignador de recursos con criterios de redistribución social frente a un mercado que solo lo hace movido por el nivel de rentabilidad que reditúe esa inversión de recursos.

Esta diferenciación aparece como central, porque es la que ha llevado al fracaso o a la dilución de identidad de numerosos gobiernos definidos como progresistas o de centroizquierda en los países desarrollados y también en nuestro continente. 

En Chile, el gobierno de Michelle Bachelet -por el carácter de sus políticas sociales- fue más progresista que el de Sebastián Piñera. Sin embargo, no adoptó ninguna medida que alterara estructuralmente el modo de asignación y redistribución de recursos del denominado “modelo chileno” instaurado por Pinochet y que tres décadas después provocó la rebelión popular que desembocó hasta ahora en el intento de promulgar una nueva Constitución que supere los resabios de la dictadura contenidos en la carta magna vigente.

En Europa Occidental, la socialdemocracia continental y el laborismo inglés, fundadores del Estado de Bienestar de posguerra, languidecen sin propuestas alternativas frente a la década de estancamiento económico que transita dicha región. Sin embargo, no hay duda que han aplicado políticas sociales de mayor cobertura y alcance que las fuerzas políticas conservadoras. De hecho, Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido, fue uno de los adalides de la denominada “tercera vía”, que conceptualizaba precisamente la necesidad de ampliar la oferta de bienes sociales para mejorar la calidad de la ciudadanía de los británicos.

En Estados Unidos Barack Obama enfrentó la crisis financiera del 2008 con política monetaria, dando liquidez al sector financiero para permitir una recuperación del valor de sus activos y una paulatina licuación de las deudas con una tasa de interés muy negativa. Si bien amplió la protección alimentaria y sanitaria a las familias vulnerables golpeadas por la crisis, su política económica no recuperó la demanda efectiva ni alteró las condiciones para que un evento como el ocurrido se repitiera. De hecho, en la crisis pandémica se están aplicando los mismos mecanismos con mucho mayor volumen. 

En Brasil el PT derivó en los años finales de su ciclo de gobierno hacia una combinación de ortodoxia económica con desarrollismo, llegando a sostener en un lapso prolongado la tasa de interés real positiva más alta del mundo, otorgándole a las finanzas una fuerte dominancia en las decisiones de los agentes económicos. El precio es el rumbo incierto en que se encuentra sumergido el gigante regional y la pérdida de espacio político del partido fundado por Lula. 

Este recorrido tiende a reflexionar acerca de la necesidad para un gobierno nacional y popular de contar con un andamiaje de política económica que instale al Estado como asignador de recursos con criterios diferentes a la rentabilidad del mercado. 

No se es progresista porque se amortigua sobre la ciudadanía el impacto de las decisiones de los agentes económicos en procura de ganancias, sino cuando se asegura que esas decisiones sean compatibles con el empleo, el salario y la inclusión social.

En la Argentina la propagación del virus ha obturado hasta ahora el debate planteado en esta columna. La pregunta es si se mantiene el modelo de acumulación rentista primario y financiero legado por el macrismo -corrigiendo sus aspectos más gravosos en el plano social- o se reforma estructuralmente al mismo.

Un ejemplo concreto de las afirmaciones previas lo constituye lo ocurrido en el mercado de la carne. El año 2020 presentó el triste récord de un consumo “per cápita” de carne por habitante anual de 49 kg, el más bajo en los últimos 100 años y 10 kg menos por año respecto del 2015. 

Como marcamos en una columna anterior, el 28% de la faena de carne vacuna se exportó, cuando en el citado año 2015 las ventas al exterior no llegaban al 8% de lo faenado.

Cabe el interrogante si se va a consolidar el modelo exportador de carne vacuna instaurado por el macrismo o se intentará que los argentinos y argentinas vuelvan a tener la carne en forma cotidiana en sus mesas. O, por el contrario, deberán conformarse con cortes administrados por el gobierno que no integren la cadena exportadora.

Vuelve la pregunta circular del título, ¿política económica -carne vacuna para consumo interno masivo- o política social –cortes baratos administrados por el Estado-?