Debido a la crisis económica que produjo la pandemia del coronavirus, cerca del 60% de los inquilinos no pagaron el alquiler. A pesar de las medidas que tomó el Gobierno para suspender los pagos mientras transcurra la cuarentena, crecieron las presiones por parte de las inmobiliarias.
Según confió la Federación de Inquilinos Nacional a El Destape, el 59% decidió no pagar el alquiler en mayo, lo cual significó un ascenso respecto al mes anterior. Es que en abril el 47% no había podido hacerse cargo del pago mensual, 12 puntos menos.
De acuerdo al Centro De Economía Regional Y Experimental, la deuda promedio por impago de alquiler y expensas de un hogar es de $ 19.239, equivalente al 19,28% de la deuda total no bancaria que presentan los grupos familiares. En suma, los compromisos ascienden a $ 51.130 millones en todo el país.
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En el marco de esta situación crítica, las inmobiliarias escapan a las restricciones oficiales para aprovecharse de los inquilinos. De acuerdo a la organización que lidera Gervasio Muñoz, las metodologías paralelas para solicitar cobros fue en ascenso y las denuncias se multiplican.
El último dato disponible había marcado que la mitad de los inquilinos (51%) no recibió el CBU para realizar transferencia bancaria, medida establecida en el decreto que congeló alquileres y suspendió desalojos.
Según el decreto emitido por el Gobierno al inicio del aislamiento, el artículo 8 hace referencia a la bancarización: la parte locadora debe comunicar los datos necesarios para que el locatario pueda realizar transferencias bancarias o depósitos por cajero automático para efectuar los pagos.
El decreto no avala el incumplimiento del contrato, sólo congela el valor mensual del alquiler al mes de marzo por 180 días. Si el inquilino no puede afrontar el cumplimiento deberá pagarlo después del 30 de septiembre en entre tres y seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Se espera que este martes la comisión de legislación general del senado trate la extensión del decreto y la media sanción de la ley de alquileres aprobada en diputados.
“Ante situaciones de emergencia hay que tomar medidas de emergencia. La extensión del decreto es fundamental. El mercado inmobiliario tiene que tener, por primera vez, una actitud comprensiva y dejar de hacer lobby en contra de la dignidad de las familias inquilinas”, expresó Muñoz.
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