Entre enero y junio de este año, la destrucción de los puestos de trabajo del sector privado ascendió a los 177.000 casos. Así lo determinó un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el que se analizó la situación laboral y productiva en los sectores de la construcción, la industria manufacturera y servicios. A las historias de estos trabajadores y trabajadoras se suman los 29.000 desplazados de la administración nacional. En el mismo período bajo análisis, hubo un descenso de 7.860 empleadores. Milei lo hizo.
La actividad económica no repunta. El derrumbe estimado para este año ronda el 3,5% del PBI. Dentro de este escenario, no es ajena ni la Ley de Bases ni el DNU 70/23, instrumentos impulsados desde el Poder Ejecutivo para consolidar la recesión planificada, la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, la pauperización de los ingresos y el aumento de la pobreza. Es decir, una nueva reforma del Estado que favorezca a un puñado de sectores concentrados.
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Como casos emblemáticos del disciplinamiento social lanzado por Milei, el CEPA analizó el actual contexto dentro de la metalúrgica Acindar Villa Constitución, donde sus obreros permanecen bajo un estado de alerta ante una potencial ola de despidos.
El contexto
Los despidos y suspensiones en el sector privado ascienden a 177.657 casos, según determinó un reciente informe del CEPA en base a los datos desagregados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
De este total, las bajas en el sector de la construcción llegarían a las 100.000, según las estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). Para el Indec, podrían ser un poco más. En la comparación entre el primer trimestre de este año con el mismo período de 2023, la destrucción de puestos en el sector ascendió a los 140.000 casos.
La paralización de la obra pública puso en jaque a muchas empresas tanto de la construcción como de la industria manufacturera. La mayor cantidad de despidos ocurrió en las organizaciones con más de 500 empleados, según la caracterización realizada por el CEPA.
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“Cuando se analiza la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que durante los primeros meses de la gestión de Milei la expulsión de trabajadores se concentró en las empresas de mayor porte: 74% de la pérdida de empleo (-126.244 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores”, puede leerse en el informe citado.
En cantidad de despidos, le sigue la industria manufacturera. Para el CEPA, la destrucción de puestos llegó a los 76.311 casos, “producto de la caída del consumo tras la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos a partir de la devaluación y la desregulación de amplios sectores de la economía”.
En tercer lugar, se contabilizaron 1346 despidos de sectores vinculados a los servicios. En el sector público, las desvinculaciones relevadas por el CEPA llegaron a los 29.604 casos, ya sea en la Administración Central como en las Empresas de Capital Estatal como Correo Argentino o Radio y Televisión Argentina SE.
Un caso testigo para disciplinar
El gigante metalúrgico Acindar, propiedad del grupo Arcelor Mittal, posee sus plantas de acería en Villa Constitución, al sur de Santa Fe, y otras tres localizadas en Villa Mercedes (San Luis), San Nicolás (Buenos Aires) y Rosario (Santa Fe). “La situación es gravísima”, había sentenciado Matías Ruffini, delegado de la comisión interna, en diálogo con El Destape.
Desde la empresa “avisaron” que durante el segundo semestre, la planta de Villa Constitución operaría solamente dos meses, intercalando frenos productivos periódicos. Como consecuencia de la caída en la actividad, este año producirían apenas 600.000 toneladas de acero, cuando el promedio del año pasado habían sido 1.200.000 toneladas. Signos de la crisis.
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El año pasado, la empresa contaba con 1200 trabajadores; este año arrancaron con 1000. Hace un mes fueron empujados hacia un esquema de suspensiones. En agosto, los suspendidos cobrarían el 80% de su salario y en septiembre, el 75% los haberes. Los sueldos de este sector no se actualizan por paritaria desde noviembre del año pasado. El próximo jueves volverán a la cartera de trabajo para un posible laudo tripartito final.
Desde la comisión interna de Acindar Villa Constitución no dejan de advertir que la empresa se encuentra alineada con las intenciones políticas de Techint para profundizar una reforma laboral de facto.
No hay dos sin tres
Otro de los casos relevados por el CEPA fue en la empresa Canale, con su planta ubicada en San Rafael (Mendoza), especializada en la producción de frutas en almíbar, conservas de tomates, mermeladas y dulces sólidos.
Sobre el cierre de junio, la empresa anunció el cierre de su fábrica. El saldo fueron 38 empleados despedidos.
Esto sucedió en un contexto de baja del consumo de alimentos y, por ende, una menor producción industrial. Según el Indec, el Índice de Producción Manufacturera dio cuenta, en mayo, de un retroceso interanual de 6,4%, mientras que para el acumulado del año habría sido del 7,7%.
En el sector de la construcción, la empresa FV dispuso en mayo la suspensión por tres meses de unos 800 operarios de su planta ubicada en Pilar, mientras que Ferrum ya despidió en lo que va del año a 100 operarios.
“Desde su asunción, el Poder Ejecutivo presenta un sesgo anti industrial. A las medidas de política económica, se las complementó con derogaciones de leyes de protección a la industria local vía DNU, desfinanciamiento de organismos trascendentales como el INTI, con la estocada final del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que pone en jaque el entramado productivo local”, concluyó el CEPA.
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