Tras la reglamentación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que promovió el presidente Javier Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un programa de inversiones propio que se contrapone a los preceptos de extractivismo y fuga de divisas que defienden los libertarios. El esquema provincial propone una red de beneficios que deriven en inversiones que generen empleo local y desarrollen la industria nacional.
En un acto, el gobernador dio detalles sobre el proyecto de ley que propone un Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, a contramano del RIGI aprobado en la Ley Bases por el Congreso. El objetivo es promover inversiones que permitan crear empleo de calidad y generar más valor agregado; desarrollar proveedores locales y nuevos sectores productivos; facilitar la transferencia de tecnología y diversificar la matriz económica; impulsar las exportaciones y sustituir importaciones; y reducir desequilibrios territoriales.
A contramano, el RIGI limita a los próximos gobiernos para realizar una planificación económica que permita desarrollar proyectos de industrialización, desarrollo tecnológico, generación de empleo genuino y distribución de la riqueza. En esencia, beneficia proyectos de inversiones de grandes corporaciones transnacionales que se orientarán a sectores primarios como la minería y los hidrocarburos, y en el menor de los casos en los sectores industriales que añadan valor agregado y generan empleo de calidad.
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A diferencia de las empresas nacionales que ya operan y tributan en nuestra economía (particularmente las pymes, pero también las grandes empresas), el RIGI establece una situación de privilegios, antes que simples incentivos. Por ejemplo, incluye la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, la distribución de dividendos y utilidades (incluso remesas al exterior) que tributarán a una tasa inferior a la vigente y la exención de derechos de exportación e importación.
Las empresas beneficiarias del RIGI estarán eximidas de políticas de Compre Nacional, lo que significa que la industria y la producción local quedarán fuera de estas inversiones. El RIGI no pretende mejorar los eslabones que permitan fortalecer los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante del entramado productivo nacional. Tampoco tiene metas cuantitativas en términos de impactos en generación de empleo y no se les pide la contratación de trabajo local. De hecho, las actividades minera e hidrocarburífera, pese a pagar buenos salarios, tienen un bajo impacto en cantidad de empleos generados.
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El RIGI no incluye ningún tipo de objetivo en términos de desarrollo de proveedores locales, por lo que no hay incentivos para fortalecer las capacidades productivas en las provincias. Se espera que la eliminación de derechos de importación impactará negativamente sobre la industria y la producción nacional, así como sobre los empleos de las provincias en torno a estas actividades.
Los sectores beneficiados son aquellos donde Argentina ya ostenta ventajas comparativas, abundancia de recursos y medidas de incentivo específicamente ya creadas. Los beneficiarios serán grandes empresas extranjeras como los grandes contratistas del Estado en sectores como la energía. En este sentido, el RIGI profundiza una estructura productiva primarizada, concentrada y extranjerizada.
La respuesta de la provincia de Buenos Aires
De acuerdo a los lineamientos difundidos por la provincia, el proyecto de ley establece que serán elegibles iniciativas para desarrollar nuevos procesos productivos, construir nuevas plantas o ampliar instalaciones en la industria manufacturera, sectores vinculados a servicios o de uso intensivo de recursos naturales, y proyectos considerados estratégicos.
Respecto a los beneficios iniciales, se otorgarán exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos según el monto de la inversión:
- Hasta U$S 50 millones: 30% de exención durante cinco años.
- Entre U$S 50 millones y U$S 200 millones: 25% de exención durante cuatro años.
- Más de U$S 200 millones: 20% de exención durante tres años.
Los denominados "beneficios adicionales" se pueden acumular en base al cumplimiento de determinadas condiciones:
- 10% de exención y 2 años más para proyectos que permitan la sustitución de importaciones o la innovación tecnológica; aumentar el empleo; o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales (excluyentes).
- 5% de exención y 1 año más si incrementan las exportaciones, adoptan políticas de género o sostenibilidad ambiental.
Los beneficios otorgados podrán extenderse por un periodo de hasta 30 años si cumple determinadas finalidades del Régimen. Las inversiones que superen los U$S 50 millones deberán presentar un programa que contemple, de forma incremental, que al menos el 50% de los pagos a proveedores deberán ser destinados a empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires.
Más allá de las diferencias discursivas entre Milei y Kicillof, el mandatario provincial saldrá a disputar la voluntad del empresariado y de los industriales. Propuestas cruzadas de cara a definiciones electorales que se aproximan.
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