Veto a la dignidad de las jubiladas: con más del 70% de informalidad, las empleadas domésticas están entre las más afectadas

Después de ajustar las partidas presupuestarias destinadas a jubilaciones y pensiones, recortar las moratorias, quitar la gratuidad de medicamentos, congelar bonos y deteriorar aún más el poder de compra, esta semana el Gobierno sumó el apoyo legislativo para vetar la ley de actualización de los montos que buscaba, en parte, aproximar los haberes de la mayor parte de las y los jubilados del país a una canasta básica de subsistencia. Esta situación que golpea con dureza a quienes trabajaron toda su vida y, sin embargo, ni siquiera ahora pueden llegar a fin de mes, tiene especial incidencia en las mujeres trabajadoras y un caso concreto es el de las empleadas de casas particulares que padecen un 70% de informalidad y, además, están sobrerrepresentadas en la jubilación mínima, que la ley vetada buscaba mejorar.

Una de cada ocho ocupadas en Argentina trabaja en este sector de la economía que en solo siete meses del año ya había perdido más de 8.000 puestos de trabajo registrados, y al menos el 76% de ellas no percibe descuento jubilatorio (un 37% de las asalariadas del país no los tiene) a la vez que el 75% no cuenta con cobertura de salud. Se agrega también la mayor precarización en las contrataciones que promueve la reforma laboral aprobada en la Ley Bases. La situación es crítica: mayor informalidad, aumento de despidos, salarios de hambre y jubilaciones cada vez más mínimas, describen la era libertaria.

Insistiendo en que hay que “evitar la destrucción del superávit fiscal”, el gobierno nacional celebró en un comunicado el rechazo a una actualización de la movilidad jubilatoria que buscaba una recomposición del 8,1% en las jubilaciones para complementar el 12,5% otorgado en abril, de manera de hacer frente a la pulverización provocada por la devaluación y la suba inflacionaria desde diciembre. Con el apoyo del PRO, parte de legisladores radicales y otros aliados y ante la movilización de jubilados y jubilados en la puerta del Congreso, el Ejecutivo ratificó el rechazo a la mejora jubilatoria mientras reprimía en la calle. 

El ajuste a la dignidad

El veto a la actualización de los haberes jubilatorios y los cambios en el cálculo de la movilidad tiene particular impacto en las jubiladas que son mayoría en la mínima, dada las condiciones poco favorables con las que se insertan y desarrollan en el mercado de trabajo. Así lo demuestra la situación de las trabajadoras de casas particulares, que cargan con un 70% de informalidad, lo que afecta las posibilidades de realizar los aportes previsionales. A esto se suma el retiro del Estado vía el recorte de las partidas para moratorias y el freno a una ley de mejora en las jubilaciones que implicaba destinar apenas el 0,4% del PIB en el año, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Al respecto, en primer lugar, se destacan las desiguales condiciones del mercado laboral que hacen que las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en aquellos sectores vinculados al cuidado como son el servicio doméstico, la enseñanza y los servicios sociales y de salud, lo que no solo limita la posibilidad de tener otro tipo de empleos, sino que se traduce también en menores ingresos: la brecha entre mujeres y varones respecto al ingreso total individual es de 27,8%, es decir, contemplando todos los ingresos que se perciben (jubilaciones y pensiones, cuotas alimentarias, subsidios, etc.), de acuerdo con el informe La desigualdad de género se puede medir del espacio Ecofeminita.

En el caso de las jubiladas, “si tomamos en cuenta únicamente a aquellas personas que no poseen descuentos jubilatorios, se observa cómo las mujeres ganan en promedio un 32,7% menos que sus pares. Es decir que la brecha de ingresos entre las y los trabajadores se amplía cuando vemos peores condiciones de trabajo”, detallaron. Esto se refleja al momento de jubilarse ya que el 85,4% de las mujeres jubiladas accedieron a esta prestación mediante la moratoria previsional y la brecha de ingresos persiste entre las jubilaciones que perciben las mujeres y los varones, en torno al 18%.

Puntualmente sobre la situación de las trabajadoras de casas particulares, segunda actividad con mayor inserción laboral para las mujeres (18% de las ocupadas), de acuerdo con los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a junio de 2024 se ubicó en torno a los 455.400 puestos, lo que implica la pérdida de 8.600 puestos registrados en apenas siete meses, alcanzando niveles similares a los últimos ocho años (en agosto de 2016 eran 455.000 puestos). Representó un 8,9% menos que en el pico de febrero de 2020 donde la actividad llegó a superar los 500 mil puestos registrados. 

Ahora esta actividad enfrenta una agudización de condiciones ya precarias de trabajo. Desde marzo del 2020 sufrieron el impacto negativo de la pandemia por Covid-19, con la pérdida de más de 250 mil puestos, que si bien luego comenzaron a recuperarse lo hicieron de forma más lenta que en el resto de las actividades económicas. Según información oficial, la caída en el empleo fue tal en ese periodo que modificó la estructura de inserción laboral de las mujeres en el país, si para principios del 2020 casi 1 de cada 6 trabajadoras se empleaba en esta rama para 2021, lo hacían 1 de cada 8.

En relación, al analizar la distribución de ingresos de las y los ocupados por rama, “el Servicio Doméstico no sólo es la rama más feminizada (97% del total) sino que además concentra los menores ingresos”. En agosto el ingreso promedio mensual era de $104.000. Al mismo tiempo, un 50% de ellas cobra menos de $84.500 por mes por dicho trabajo. Esto equivale a que en promedio cobran unos $1527 por hora, y el 50% cobra menos de $1186 por hora. 

En Argentina se logró -a diferencia de la mayoría de los demás países de la región – la aprobación en 2013 de la ley 26.844 que fija derechos para el sector y crea la Comisión Nacional de Trabajo en Casas para definir los aumentos paritarios. Pese a tal conquista el empleo doméstico tiene aún alrededor de 1.300.000 trabajadoras no registradas en el país, el 73% del total, y la situación podría empeorar por los cambios que implementa el gobierno nacional que lejos de combatir, tienen a generalizar el trabajo informal, así como por la crisis económica vigente.  Al respecto, existía hasta este año el programa nacional Registradas, diseñado para reducir la informalidad laboral, promover el acceso y la permanencia del empleo, con inclusión financiera y protección social para las trabajadoras de este sector económico. Sin embargo, el gobierno de La Libertad Avanza decidió eliminarlo.

Dentro del conjunto de las y los asalariados del país un 35,7% no se encuentra registrado en la Seguridad Social y el número escala al 37,2% cuando hablamos de las asalariadas mujeres. Acá también puede observarse, según indicó el informe de Ecofeminita, que la problemática es particularmente incisiva entre las trabajadoras domésticas: un 75,5% de ellas no percibe descuento jubilatorio. Asociado a esto, un 72,1% de estas trabajadoras no cuenta con vacaciones pagas, un 70,9% no percibe aguinaldos, un 73,7% no percibe el pago en caso de enfermedad, y un 75,3% no cuenta con cobertura de salud mediante obra social.

De acuerdo con el último informe de la Canasta Básica Total (CBT) del Indec para el mes de agosto, una adulta de entre 61 a 75 años necesitó ese mes 204.000 mil pesos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y servicios básicos, ello sin contar alquiler, expensas y gasto en medicamentos, con un haber mínimo que supera apeas los 234.000 por mes y un bono de $70.000 que el gobierno otorga a discreción y mantiene sin actualizar.

“Las trabajadoras de servicio doméstico se concentran en los primeros deciles y justamente los primeros tres suelen estar altamente relacionados con la situación de pobreza de los hogares”, indicaron desde Ecofeminita y agregaron que el 80,5% de quienes trabajan de forma remunerada realizando trabajo doméstico también están a cargo de la realización de este trabajo en sus hogares de manera no-asalariada. 

Pese a esta alarmante realidad el ajuste del gobierno en la población más vulnerable se observa en datos concretos. Según la consultora Vectorial, el peso de las jubilaciones en el ajuste del gasto público fue el mayor de todos los rubros (26,8%), así como el bono previsional cayó 37,1%, el gasto en jubilaciones un 24,5%, y a esto se agrega la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los haberes, muy por detrás de la inflación. Así el veto del gobierno es otro golpe contra los derechos de quienes trabajaron toda su vida, pero no pueden acceder hoy a ingresos dignos.

El recorte de la moratoria

Más de la mitad del total de quienes acceden a una jubilación (65%) lo hacen a partir de la moratoria previsional. En este grupo, el 80% de los casos son mujeres que tras padecer como trabajadoras activas mayor precarización e informalidad laboral, también sufren como pasivas la pérdida en lo inmediato de ingresos para su subsistencia. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el inicio de este año “se produjo una fuerte caída de la ejecución en programas del sistema previsional, con caídas del 40,2% en las Pensiones no contributivas y de 32,2% en moratorias”. 

Es decir que, al paquete de medidas que ataca directamente a esta actividad del trabajo, se suma también el ajuste en las moratorias, herramienta que permite acceder al derecho a un haber jubilatoria a más de 1 millón de empleadas domésticas que pese a trabajar todo el día no llegan a contar con los aportes suficientes.

Este panorama pone en alerta al sector ya que tendería a agravar la sobrerrepresentación de las mujeres en los deciles de mejores ingresos (más del 60% del total), empobreciendo a las empleadas domésticas, dados los salarios que no cubren una canasta básica total (cercana al millón de pesos) y jubilaciones mínimas licuadas por la inflación y el ajuste en las partidas. Se trata de trabajadoras que se dedicaron a realizar -adentro y afuera del hogar- tareas domésticas y de cuidados esenciales para el funcionamiento de la economía, padeciendo altos niveles de informalidad y precariedad, y que hoy no pueden siquiera acceder a ingreso mínimo digno para la subsistencia en la vejez, pese a trabajar todo el día y casi todos los días de su vida.