Frente a una nueva flexibilización de la cuarentena y con más de 100 mil casos en el AMBA, es imprescindible que la dicotomía salud-economía permanezca saldada como el gobierno viene manteniendo. Sin embargo, a cuatro meses de declarado el ASPO, la problemática de “no trabajar en el día=no cobrar” se torna cada vez más insoportable en los barrios populares. Al mismo tiempo, pedirles a los trabajadores que se queden en casa, cuando conviven en edificaciones precarias y espacios mantenidos con escasos recursos de higiene tampoco es cosa fácil, por no reconocerlo en ocasiones contraproducente.
En el interior de los barrios más carenciados la pandemia no hizo más que enredar la maraña de problemáticas estructurales que los aquejan, pero, sí hay un sector que milita por poner orden a la situación y despejar la salida de la coronacrisis, es el de las organizaciones sociales. Es por eso que su mirada importa y debe ocupar una silla en la mesa de diálogo. “En los barrios populares se perdieron muchísimas changas, se perdió todo aquel trabajo que implicaba entrar/ingresar a la casa de otra persona, ya sea para hacer tareas de limpieza o refacciones o mantenimiento de espacios verdes”, contó Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie Libres del Sur y agregó que la alternativa fue “armar una olla”, mientras que los rubros que más se reprodujeron en los barrios fueron las verdulerías y el textil familiar, principalmente la producción de botas, barbijos y camisolines.
Las estrategias para sortear la caída de la economía llegan desde distintos frentes organizativos. El que pisa más fuerte es el “Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción”, documento firmado por 64 organizaciones sociales, donde se encuentra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Barrios de Pie Libres del Sur y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)-Autónoma. Se trata de un escrito que fue presentado ante el gobierno por el líder de la UTEP, Esteban “gringo” Castro, quién aseguró que el mandatario tendrá en su mayor consideración las propuestas presentadas y las discutirá con diferentes Ministerios. El manifiesto consta de ocho ejes a implementar que pasan por la alimentación, el ejercicio fiscal, la reactivación productiva, la soberanía marítima, energética, sanar el déficit habitacional y garantizar un ingreso universal, propuesta que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que se está analizando, pero que requiere de etapas y consensos. Los puntos más salientes:
El primer eje es la “Soberanía Alimentaria”, definida por el documento como el “núcleo de cualquier principio básico de justicia social”. Busca independizar a la producción, transporte y comercialización de las cadenas internacionales creando un millón de chacras, dando prioridad a la pequeña producción de cercanía, nacionalizando empresas estratégicas en el sector y dándole mayor espacio a los productos nacionales en las góndolas. Además, Saravia priorizó el cuidado de los programas Precios Máximos y Precios cuidados para el control de los valores de los alimentos.” “Cada vez que hay inflación sobre los alimentos disminuye la capacidad de compra y aumenta la pobreza y la indigencia”, explicó. Sobre la ayuda estatal para garantizar el plato de comida, la dirigente de Barrios de Pie Libres del Sur manifestó que hubo “un parate” en la cantidad y tipo de productos que llegan por parte del Ministerio de Desarrollo Social que “nunca terminó de regularizarse”.
El segundo tiene que ver con la Soberanía Monetaria y Financiera. Con esto se busca principalmente nacionalizar al sistema bancario, total refinanciación de las deudas con los bancos privados, crear un fondo para promoción de la economía popular a través de créditos y subsidios y un “Banco Federal de Desarrollo” que impulse el crecimiento en los sectores estratégicos.
Ya el tercero se vincula con la “Soberanía Fiscal”. En la práctica sería dejar de pagar la deuda externa por cinco años, consolidar un “impuesto solidario” al 5% de la población e impulsar una progresiva reforma tributaria, donde los sectores más pudientes puedan sostener mayormente el sistema de impuestos.
Además, se agrega la “Soberanía Productiva”, centrada en la limitación de importaciones sólo para el desarrollo de la industria y productos esenciales, incluir a obreros, populares y estatales en la articulación del trabajo ciencia-producción, prohibir remisión de utilidades al exterior por parte del capital extranjero, socializar la renta tecnológica y aumentar el registro de trabajadores informales y trabajadoras de casa particulares. “La construcción de la vivienda, las pequeñas obras y el sostenimiento de PyMEs y de economías regionales son claves para generar trabajo”, enfatizó la dirigente social.
Por último, se agrega la garantización de un “Salario social de Empleo y Formación” para los jefes y jefas de hogar desocupados, jubilación universal, una ampliación de la AUH y un plan de construcción de un millón de viviendas populares en un año. “El IFE fue una buena medida conceptualmente pero insuficiente: $10.000 cada 2 meses significan $5.000 por mes, y realmente eso puede ser una pequeña ayuda pero no alcanza de ninguna manera a dar respuesta, esto es determinante para pensar la posibilidad de que alguien se quede en su casa haciendo una cuarentena estricta”, manifestó Saravia. Sobre el déficit habitacional, deuda histórica para los barrios populares, la dirigente explicó que hay dificultades con el acceso a la garrafa social y el agua. “En la mayoría de los barrios no hay red de gas y siempre hay problemas con el agua y las cloacas. Creo que toda esa combinación de factores hace que la situación de estar mayor tiempo en la vivienda sea potencialmente muy peligrosa”, concluyó.
Cerrar sesión