El oficialismo de la Cámara de Diputados logró este jueves dictamen de mayoría para el proyecto de ampliación presupuestaria luego de incorporar algunas modificaciones tras el extenso debate realizado ayer en la comisión de Presupuesto y Hacienda. El dictamen del oficialismo obtuvo 27 firmas, dos de ellas en disidencia parcial o reserva. Como sucedió con el proyecto de moratoria, pese a la incorporación de cambios y a los elogios por la decisión del gobierno de ampliar partidas pasando por el Congreso, el espacio de Juntos por el Cambio no acompañó la propuesta.
El proyecto, que se tratará este viernes en el recinto, establece una ampliación en el gasto hasta fin de año para paliar los efectos económicos y sociales que está generando la pandemia. El tratamiento había quedado el miércoles en cuarto intermedio por pedido del presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, para incluir cambios vinculados a los subsidios al transporte y transferencias a las provincias.
Según explicó el secretario de Finanzas, Raúl Rigo, durante la discusión en la Comisión de Diputados el proyecto incluye una ampliación de los gastos totales de la administración pública en 1,9 billones de pesos. "Tenemos mayores ingresos, pero la recaudación crece poco por la pandemia de COVID-19. Esa mayor recaudación será de 643.000 millones", aclaró el secretario de Hacienda. La diferencia es 1,2 billones de pesos de déficit, a los que se suman los gastos de intereses de deuda.
"Nos arroja una necesidad de financiamiento de 1,3 billones hasta el final del ejercicio. Las fuentes serán utilidades de Banco Central por 1,17 billones de pesos y colocaciones en el mercado doméstico, por 240.000 millones. Esta es la estructura contable general", detalló el funcionario. La modificación del gasto se enfocará en un 66,2 por ciento con destino a las familias, un 16,9 por ciento a gasto de capital y funcionamiento, 11,7 por ciento al sector productivo y 5 por ciento a gastos de provincia.
La revisión de la ley de gastos y recursos incorpora las modificaciones presupuestarias aprobadas en el curso del primer semestre a través de decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas, en su mayoría vinculados con transferencias y asistencias especiales derivadas de la irrupción del COVID-19 y el consecuente aislamiento social preventivo que paralizó diversas actividades y provocó cierre de empresas y caída de miles de puestos de trabajo.
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