Derrumbe de la construcción hunde a las empresas y dispara el desempleo

La recesión fue mayor a la esperada en el primer trimestre del año y suma interrogantes sobre qué ocurrirá con el empleo, ante una parálisis en la construcción y la industria que no se veía desde la crisis del 2001. El plan anti industrial del presidente Javier Milei que inició con la recesión podría terminar de consumarse definitivamente hacia el futuro con la aprobación de la ley Bases. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) apunta a reprimarizar la economía y destruir miles de puestos de trabajo.

La construcción se derrumbó 42,2% respecto de igual mes de 2023 y en el primer trimestre cayó 30,3%. A esto se sumó que la industria retrocedió 21,2% en el mismo período, y acumula un descenso del 14,8% en los primeros tres meses del año, según el Indec. El otro dato preocupante es que en marzo la industria también bajó respecto de febrero, un 6,3%, lo cual estaría indicando que la recesión lejos está de ceder. En el caso de la construcción, el índice mostró una variación negativa de 14,2% entre marzo y febrero.

En marzo de 2024, las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales, algo que nunca había pasado en los registros estadísticos del Indec. El sector de Alimentos y Bebidas experimentó una contracción del 14% en 12 meses, marcando el décimo mes consecutivo de disminución. En términos de impacto en el índice general, las mayores reducciones se observaron en Maquinaria y Equipo, con una caída del 38%, seguido por Industrias Metálicas con un 34%, Productos Minerales con un 36% y Otros Equipos y Aparatos con un 43%.

Por su parte, la abrupta caída de la construcción fue explicada por las contracciones de Ladrillos, Hierro y Hormigón que restaron ocho puntos de los 14 puntos de caída mensual. La producción se ubica en niveles similares a los de junio 2020, en plena pandemia.

En lo que refiere a la construcción, las expectativas a futuro difieren entre las empresas que realizan obras privadas y las que realizan obras públicas. En las primeras, el 39% espera que la actividad del sector caiga en estos próximos meses, en contraste con el 64% del resto. Esto se refleja directamente en la cantidad de puestos de trabajo en el sector: -11,6% entre febrero de 2023 y el mismo mes de 2024.

Por otra parte, el 53,3% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 39% estima que disminuirá y 7,7% que aumentará. Entre las empresas dedicadas a la obra pública, 64,4% opina que el nivel de actividad caerá durante abril-junio de 2024, mientras que 29,7% cree que no cambiará y 5,9% que crecerá.

A su vez, el 51,9% de las empresas industriales cree que disminuirá la demanda interna durante el segundo trimestre. Además, el 49,5% piensa que la utilización de la capacidad instalada caerá en el segundo trimestre.

Menos actividad, menos industria, menos empleo

La industria manufacturera argentina representa una quinta parte del empleo registrado privado del país, ofreciendo salarios que superan en un 15% la media del empleo registrado y manteniendo estándares de formalidad más altos que otras ramas de la economía. Además, explica más de la mitad de la inversión en investigación y desarrollo del sector privado, consolidándose como el principal impulsor de la innovación en el país.

Con un mercado interno reducido y en franco retroceso, se sucedieron una serie de decisiones de índole anti-industrial que afectaron el desempeño de vastos sectores. La apuesta de Milei, a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases es promover enclaves extractivistas de cara a la exportación, reprimarizando la economía y dejando en un segundo plano a la industria nacional.

Por qué el RIGI atenta contra la industria nacional y a quiénes beneficiaría

El RIGI va en contra de todo régimen de política industrial. La política industrial en el mundo hoy selecciona sectores estratégicos para alcanzar ciertos objetivos nacionales (económicos o no económicos), mientras que, por el contrario, el RIGI es transversal para cualquier sector, incluso para aquellos cuyas condiciones naturales permiten garantizar una entrada de capitales sin la necesidad de grandes beneficios. El único objetivo parecería la "entrada de dólares frescos en un corto plazo con la intención de liberar el cepo cambiario y permitir exteriorizar activos capitalizados en el mercado financiero, más que sentar las bases de un nuevo patrón de desarrollo o agenda de desarrollo para el país", señaló el documento.

El Centro de Economía Política (CEPA) elaboró un informe que detalla los puntos centrales del RIGI y los perjuicios contra la actividad industrial. En la promoción ofrecida, no hay diferencia entre capitales nacionales o extranjeros, lo cual se ubica a contramano de las recomendaciones en materia de política industrial, e incluso profundizaría un proceso de extranjerización en la explotación de recursos naturales. 

Este régimen de promoción de inversiones no presenta en ninguno de sus artículos iniciativas de protección del tejido productivo local. No contempla las disparidades estructurales en la industria e incluye importantes beneficios impositivos, fiscales y exenciones arancelarias para bienes y equipos que compiten directamente con la producción nacional. Tampoco presenta la prohibición explícita para la importación de bienes industriales usados. Sin esta restricción, la industria nacional se vería seriamente desprotegida ante la imposibilidad de competir en materia de precios con estos bienes.

En este mismo sentido, los beneficios impositivos y exenciones de aranceles de importación que se otorgan a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) no se extienden a los fabricantes nacionales de bienes relacionados con las cadenas de valor incluidas en el RIGI, por lo que los proveedores locales tendrán mayores costos de producción y tendrán menor competitividad.

Los sectores a los que implícitamente apunta el régimen son el de gas y petróleo, minería y sector agropecuario. Justamente, estas ramas productivas hace quince años que "no generan un número significativo de puestos de trabajo de manera directa (sólo 17 mil puestos) y solo representan el 6,1% del empleo total", puntualizó el informe.

El plan anti industrial de Milei tiene como base una fuerte devaluación y suba del Impuesto PAIS, que encarecieron los insumos para el mundo pyme industrial, y a este aumento de costos se agrega la suba de tarifas en marcha. Pero no sólo se trata de condiciones macroeconómicas adversas: el DNU 70/2023 derogó la Ley de Compre Nacional y con ella el Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO). La Ley 21.608 de promoción industrial también fue derogada por el DNU, así como las líneas de crédito con bancos públicos, como BNA y BICE, que promovían la inversión y los proyectos estratégicos que impulsaban el cambio tecnológico.