El FMI, la siguiente difícil negociación de Guzmán

Argentina hoy cerró una etapa. Por segunda vez en dos décadas el neoliberalismo la hizo entrar en default y un gobierno progresista reestructuró esos bonos. Satisfecho con los resultados, el ministro de Economía se enfocará en renegociar el mayor préstamo del FMI, que Mauricio Macri acordó a espaldas de la ley argentina. Para contrastar por completo con sus antecesores, el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que llevará al Congreso el fruto de las discusiones para que sea aprobado por el Legislativo el borrador antes de firmarlo.

"Esto lo vamos a hacer de frente a la sociedad, no de espaldas. Es intención del Gobierno enviar al Congreso de la Nación el acuerdo al que se llegue con el Fondo para que se debata", planteó Guzmán hoy, tras revelar que cosechó el apoyo del 93,55% de los acreedores de deuda en moneda extranjera bajo legislación extranjera, con lo que consiguió que se gatillen las cláusulas de acción colectiva. De esta forma, elevó el canje al 99% de los tenedores, incluyendo a quienes lo habían rechazado, tal como figura en los contratos de los activos.

Por el gigantesco pasivo que tomó Cambiemos con el Fondo, el ministro plantó como "fundamental que nunca más se den estas situaciones para que un gobierno de deuda tome decisiones basándose en expectativas que para muchos resultan infundadas y después le queda un problema enorme a la sociedad argentina que sufre la mayoría, que termina en más desempleo, más pobreza y menos oportunidades".

Desde antes de ganar las elecciones presidenciales, Alberto Fernández había adelantado que el pasivo argentino no era sostenible y así se lo había planteado al propio Fondo Monetario. Pese a que el organismo multilateral convino con esta visión, no aparenta sencillo el debate por reestructurar los U$S 46.000 millones que fueron transferidos.

El objetivo principal del equipo económico radica en cambiar el programa bajo el que Argentina rige su contrato por otro que convenga menos imposiciones y cuyas metas prioricen resolver la crisis social y económica. En la carta en la que se dirigieron al FMI el miércoles pasado Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, resaltaron que la gestión anterior siguió el manual de ajuste a rajatabla y que los resultados obtenidos fueron los opuestos a los que esperaba la teoría neoliberal.

Entre 2017 y 2019, Cambiemos redujo el déficit fiscal primario del 3,8% al 0,9% del PBI, mientras que el déficit de cuenta corriente cayó del 4,8% al 0,9%. “A pesar de que la Argentina cumplió con dichos criterios de cumplimiento establecidos en el acuerdo de stand-by, la fuga de activos denominados en pesos continuó y el país no fue capaz de obtener tasas de refinanciación satisfactorias, ni de asegurar la sustentabilidad de la deuda pública”, aclararon. De hecho, la actividad se contrajo 2,6% y 2,1% en 2018 y 2019 y la inflación marcó 47,6% y 53,8% para esos mismos años. Todo ello combinado con una contracción monetaria sin precedentes.

El crédito del Fondo llegó en el punto de inflexión del macrismo, cuando su modelo de reprimarización y fuga de capitales estalló con una de las peores crisis cambiarias hasta el momento. En abril de 2018 los funcionarios corrieron a Washington a buscar socorro, que presión de Donald Trump mediante, convino en el préstamo más grande desde la segunda posguerra, cuando el ente fue creado.

Ante la necesidad apremiante de conseguir nuevos dólares para alimentar el famélico sistema de fuga de divisas, Mauricio Macri ni siquiera se detuvo en cumplir con la ley y los protocolos argentinos. Ni la firma del acuerdo por U$S 50.000 millones y ni la ampliación a U$S 57.000 millones seis meses después contaron con expedientes internos del Estado que justifiquen un préstamo, que detallen el por qué de la necesidad de esos montos y mucho menos que autoricen a los firmantes a endeudar a Argentina. Dentro de estas irregularidades de suma gravedad, el directorio del Banco Central de esa época tampoco emitió dictamen con una planificación de cómo se devolverán cada uno de esos billetes.

La irresponsabilidad de los altos funcionarios de Cambiemos fue admitida ante la Justicia en una serie de reclamos iniciados por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Tras esto, en diciembre de 2019, el MNER inició una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9, a cargo de Pablo Cayssials.

El objetivo de esta medida no radica en el no pago de esta inusitada deuda, sino habilitar sanciones penales y patrimoniales contra los responsables del crédito ilegal con el FMI. Además de eso, se busca evitar que un futuro gobierno pueda tomarse a la ligera incumplir con la legislación argentina a la hora de perjudicar a la sociedad y condenarla a pagos de un préstamo que ni siquiera se invirtió, sino que se fugó pocos días después de llegar en un mercado cambiario atiborrado de grandes empresas y millonarios que, a su vez, fueron los grandes ganadores del macrismo.