La economía se contrajo un -13,5% en el lapso 2015-2020. Un lustro azotado por el macrismo y la pandemia, del que aún no se ha emergido. En el cuarto trimestre del 2020 la tasa de desempleo abierta es del 11%, persistiendo en el nivel de dos dígitos. La inflación minorista pronosticada para el primer trimestre de 2021 es del 10,4% y la suba de precios minorista en el rubro alimentos para igual período se estima en 12,5%.
La canasta básica total para febrero de 2021 se calculó en $57.997 y la canasta básica alimentaria en $24.575. El salario mínimo vital y móvil es de $21.600, el salario promedio del sector privado (RIPTE) en enero de 2021 asciende a $68.101. La remuneración mediana del sector privado a diciembre 2020 es de $80.381 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social-SIPA)
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La medición de la incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos que conforman un total de 9.300.000 hogares comprendidos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) arrojó que 2.900.000 hogares (31,1%) se encuentran debajo de la línea de pobreza, con un ingreso promedio mensual de $29.657 sensiblemente inferior al costo de la canasta básica total. Dentro de ese conjunto existen 721.000 hogares (7,5%) cuyo ingreso mensual promedio de $12.864 los ubica bien por debajo de satisfacer el costo de las necesidades alimentarias mínimas. La EPH estima en un 42% de la población relevada a los ciudadanos en situación de pobreza y a 10,5% los que padecen indigencia. Si esta muestra se proyecta al total de la población estimada en 45 millones, los argentinos y argentinas pobres alcanzarían casi 19 millones.
En este marco el Gobierno decidió avanzar en el descongelamiento de las tarifas de gas, luz y alquileres. La agenda prioritaria en el Ministerio de Economía es alcanzar el acuerdo con el FMI y lograr reducir el déficit fiscal.
En la Cámara de Diputados, impulsado por su presidente Sergio Massa, ha avanzado el proyecto de rebaja de la incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores. Una medida potente que surge como contra-cíclica del estrago económico y social con el que arrancó el 2021. Por ahora la única.
La situación se agrava porque, según los especialistas, la “segunda ola” de contagios masivos que pueden poner en crisis el sistema de salud se anticipó un trimestre: del invierno al otoño. El programa de vacunación que se esperaba desplegado en plenitud en el invierno para consecuentemente enfrentar con éxito la “segunda ola”, se ve urgido por la suba del número de infectados. Nuevas restricciones a la movilidad por razones sanitarias tienden a frenar la recuperación económica con la que el Gobierno espera superar el deterioro descripto.
Desde esta columna afirmamos que el Gobierno iniciaba el 2021 apoyándose en la incipiente recuperación del último trimestre de 2021 y alentando a que el sector privado tomara en sus manos la reactivación a través de la puesta en marcha del Consenso Económico y Social.
También cuantificamos que la política monetaria y fiscal expansivas ejecutadas durante el 2020 habían alcanzado límites en el marco del esfuerzo realizado y del Estado quebrado por la herencia macrista. Consecuentemente, se retirarían los estímulos a la demanda por esa vía.
El objetivo de la nueva etapa se centraba reestablecer los equilibrios macroeconómicos y acelerar un acuerdo con el FMI, en el marco de lo que el ministro Guzmán denominó “tranquilizar la economía”. Sin embargo, el sector privado no parece estar interesado en ningún acuerdo socioeconómico con el Gobierno ni con el segmento social que le permitió acceder a la Casa Rosada a la actual coalición peronista.
Ninguna de las fracciones importantes del empresariado productivo y financiero ha enviado señales de liderar un proceso de crecimiento potente de la actividad con eje en el mercado interno, más allá de ocupar paulatinamente la capacidad ociosa existente en el marco que la pandemia permita.
Es extraño que con un gobierno peronista de corte proteccionista en lo externo y promotor del consumo en lo interno, en un contexto internacional incierto y con un salario depreciado en dólares inédito, no se verifique un relanzamiento acelerado de la actividad.
Los planes de negocios de los agentes más poderosos giran en torno a la energía y los alimentos como bienes comerciables internacionalmente. Con esa matriz, a la que agregan otras actividades extractivas, imaginan la salida de la pandemia.
La ausencia de “pata empresaria” para un gobierno peronista es difícil a la hora de la elaborar políticas, máxime en el marco de una crisis monumental como la actual.
Ni la reestructuración de la deuda pública con el sector privado permitió que descienda el riesgo país y fluyan “dólares financieros” hacia la Argentina, ni las mesas de acuerdo favorecieron la disminución del precio de los alimentos, ni las audiencias públicas convocadas van a frenar los aumentos de las tarifas de energía.
La nueva agenda
La llegada anticipada de la “segunda ola” obliga al Gobierno a pensar en un cambio de las prioridades de agenda:
-Desvínculo efectivo de los precios internacionales de los internos en alimentos y energía
-Acumulación en el BCRA de las divisas provenientes del superávit de la balanza comercial
-Administración del comercio exterior en línea con una inserción internacional definida
-Aumento de emergencia del salario mínimo y de la jubilación mínima
-Acuerdo de estímulos a empresas medianas contra planes de negocios multiplicadores de la producción y el empleo
-Acelerar al máximo los programas de obra pública
Los tiempos se han enrarecido, la idea de llegar a las elecciones de medio término ordenando la “macro” mientras la economía se recupera a pleno con la vacunación y la acción privada, pareciera haber encontrado frenos. Es bueno tomar nota y si es necesario apelar al pueblo que nos respalda.
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