En la recta final de las negociaciones con los bonistas, el Gobierno reiteró que no se moverá un centavo respecto a las condiciones económicas de su última oferta de reestructuración de deuda bajo legislación extranjera. Sin embargo, se mostró abierto a discutir el aspecto contractual de la propuesta.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía informó que "contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores". En ese sentido, amplió: "Los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina".
Aún así, la cartera que conduce Martín Guzmán dejó bien en claro su postura de no moverse un centavo de la oferta económica: "La propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener". Para el Gobierno, moverse de esa posición "no sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto".
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"Con más del 50% de las niñas y los niños argentinos viviendo en la pobreza, no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores a costa de detraer recursos necesarios para darle a nuestras niñas y niños al menos la oportunidad de un futuro mejor", subrayó el comunicado.
Los grupos Ad Hoc, liderado por BlackRock; Exchange, y el Comité de Acreedores de Argentina, que en conjunto aseguran tener más un tercio de los bonos elegibles y por ende poder de bloqueo, enviaron el lunes pasado una contrapropuesta de U$S 56,5. La diferencia marca tasas de interés promedio de 3,4% en vez de 3,07%, un adelantamiento de dos meses en las fechas semestrales de pago y un cupón cinco veces mayor para el bono que capitalizará los intereses devengados.
Según lo estipulado, el 4 de agosto a las 17 horas de Nueva York, los bonistas tendrán que dar una respuesta definitoria. Sin embargo, la apertura de la discusión por las características legales del canje podrían prorrogar las negociaciones.