Luego de una nueva edición del festival de deuda que encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo, en la primera parte de este año, el Gobierno estipuló en el proyecto de Presupuesto 2025 un esquema de endeudamiento sin crecimiento neto, para lo cual apuesta a un financiamiento positivo de organismos multilaterales de crédito, incluyendo crédito del banco de desarrollo de China -sí, el país comunista con el que Javier Milei no quiere tener relaciones-, y un ajuste del gasto público suficientemente feroz como para conseguir el visto bueno del establishment financiero para una renovación de los vencimientos de este año.
De acuerdo con las planillas del proyecto de ley de leyes del año próximo, se prevé un incremento de los pasivos de 158,6 billones de pesos para cubrir amortización de deuda por 145,8 billones y 10,4 billones en inversión financiera. De todos modos, sigue latente la pregunta de cómo enfrentará los vencimientos de deuda en dólares con un stock de reservas en terreno negativo.
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Sin el corsé legal que impone un presupuesto, dado que durante todo este año el Gobierno se manejó con la prórroga de la ley de leyes del año previo, lo que le otorgó la discrecionalidad necesaria para hacer lo que quisiera, Caputo llevó adelante un aumento neto de deuda inédito en cuanto ritmo. Superior, incluso, al ritmo de endeudamiento macrista.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el primer semestre el stock de la deuda pública pagadera en pesos ascendió a 166,5 billones de pesos, lo que representó un incremento de 98,6 por ciento con respecto a diciembre de 2023. Las emisiones netas ascendieron a 17 billones de pesos, y los ajustes al capital por valuación y la capitalización de intereses incrementaron el stock en 66 billones. Medido en dólares, la deuda consolidada del Tesoro y Banco Central creció en 53.721 millones.
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En términos de Milei, es deuda que pagarán futuras generaciones. No tan lejos, el Presupuesto del año próximo ya cuenta con un ajuste en inversión social que obliga a una austeridad inédita para afrontar la carga de los servicios de deuda. El proyecto establece que el superávit primario debe alcanzar no solo para pagar los gastos corrientes, sino también los intereses de la deuda. El objetivo no confesado del Gobierno es recuperar el acceso a los mercados financieros, para lo cual envió en su discurso de presentación una serie de señales al mercado de quien espera la validación para un “rollover” (refinanciamiento). “Si conseguimos recaudación adicional, la plata se utilizará para repagar deuda o para bajar impuestos”, señaló el Presidente vanagloriándose de su título de economista.
Más allá de lo que asegure Milei, quien también sostiene que no se incrementó la deuda en lo que va de este año, el crecimiento de los empréstitos fue sideral. En la mayoría de los casos, como sucederá el año próximo, responde a refinanciar vencimiento pero en condiciones menos ventajosas. Es decir, cambiar, por ejemplo, deuda que pagaba una tasa de interés del 10 por ciento anual y un plazo de diez años, por otra con amortización a 20 años y tasa del 30 por ciento.
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En el proyecto hay dos elementos clave que podrían derivar en una nueva ola de endeudamiento público. Por un lado, prorroga la vigencia de la suspensión a los límites para que las provincias se endeuden en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal que se firmó durante el macrismo. Esto es importante dado que el 80 por ciento de la deuda de las provincias se encuentra denominada en moneda extranjera y del 81,3 por ciento de los servicios que deberán afrontar en 2025 corresponden a títulos públicos emitidos tanto en los mercados local e internacional.
El otro punto es que los números de financiamiento cierran en el proyecto de Presupuesto sin aporte del Fondo Monetario, solo con emisión de títulos públicos. En el articulado el Gobierno determina que el 18 por ciento de lo autorizado a colocarse de títulos públicos podrá emitirse bajo jurisdicción extranjera, que representarían unos 3.500 millones de dólares, según cálculos de las consultora 1816. El cambio de jurisdicción de la deuda también genera peores condiciones financieras. El artículo 54 del proyecto, por ejemplo, elimina una mención que contempla la Ley 11.672 al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que establece que los canjes de deuda tienen que mejorar montos, plazos y/o intereses. Se elimina una mención a ese artículo, lo que permite canjes más beneficiosos para los tenedores de bonos que aceptan refinanciar sus pasivos.
Si bien el proyecto incluye los recursos para pagar intereses, Argentina tiene el gran desafío en 2025 de hacer frente a vencimientos de capital por casi 13.000 millones de dólares. El cronograma de pagos para lo que queda de este año y año próximo es complejo y, a grandes rasgos, implica una carga de desembolsos de 22.000 millones de dólares, mientras el stock de reservas netas del Banco Central son negativas en 3.088 millones. El equipo económico apuesta a un buen resultado del blanqueo, la posibilidad de reestructurar vencimientos y al aporte de financiamiento por parte de organismos multilaterales de crédito.
“Las fuentes financieras ascienden a 158,6 billones de pesos en 2025 y son explicadas por el endeudamiento público e incremento de otros pasivos en 158,3 billones y por la disminución de la inversión financiera en 246,6 mil millones. Las aplicaciones financieras ascienden a 156,2 billones de pesos en 2025, influidas por la amortización de la deuda y disminución de otros pasivos en 145,8 billones y la inversión financiera en 10,4 billones”, resalta el proyecto de ley de leyes enviado por el Ejecutivo nacional.
Dentro del financiamiento, se destaca el financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES–el ahorro de los jubilados—por 20.605 millones de pesos y el crédito que le otorguen organismos multilaterales. Además, el Tesoro le colocará 11,9 billones de pesos en letras intransferibles al Banco Central y 1,1 billones al FGS. En ese marco, el proyecto espera el arribo (o refinanciación) de 1,3 billones de pesos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 872,3 mil millones del Banco Mundial (BIRF), 395,4 mil millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), 141,1 mil millones del Banco Centroamericano de Integración Económica y 673,1 mil millones del China Development Bank Corporation, entre otros.
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