El Gobierno no tiene previsto ajustar tarifas este año y recién empezará a definir las subas para marzo próximo, afirmó hoy el presidente Alberto Fernández. Además, prometió que no serán dolarizadas. "No está previsto que las tarifas se ajusten este año. Calculo que a partir de marzo vamos a discutir cómo se corrigen", señaló.
Fernández asumió el compromiso de que el Gobierno "terminará" con la dolarización en el costo de los servicios públicos para los usuarios. El presidente sostuvo que los futuros incrementos comenzarán a analizarse a partir de marzo próximo.
En declaraciones a C5N, Fernández dijo que se van a "buscar mecanismos para que los ajustes sean pagables". "La dolarización de las tarifas de servicios públicos se terminó en la Argentina. Vamos a buscar mecanismos de actualización de tarifas que sean pagables por los argentinos", enfatizó.
El Gobierno congeló los aumentos de tarifas de luz, gas y agua, entre otros, hasta fin de año, cuando estalló la pandemia. El secretario de Energía, Darío Martínez, ya había anticipado que desde 2021 se iba a producir una corrección, que ahora el Presidente confirmó que será discutida desde marzo.
Hasta tanto pierda vigencia la Ley de Solidaridad sancionada en diciembre último, la Secretaría de Energía trabaja en un nuevo esquema de aumentos con subsidios sectorizados. El objetivo es anunciar una suba discriminada, donde el Estado aporte más o menos subsidios según la realidad económica de las familias.
Según trascendió y publicó la agencia Noticias Argentinas, el 40% de la población que vive en situación de pobreza no será alcanzada por los aumentos de tarifas, al menos durante el próximo año, y parte de la suba en otros sectores será absorbida por el Estado con subsidios y las propias distribuidoras. Según el análisis que realiza Energía, otro 45% de los usuarios que no serán alcanzados por la exclusión del aumento deberían afrontar una suba tarifaria similar a la de la inflación, calculada para 2021 en el Presupuesto en 29%.
El 15% restante de la población de altos ingresos afrontaría una actualización cercana al 70% que reclaman las energéticas por el retraso tarifario, buscando minimizar el impacto del aumentos en sectores de menores recursos. Para las distribuidoras, la luz y el gas deberían ajustarse en torno al 70%, tras dos años sin retoques de los cuadros tarifarios.
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