De acuerdo al último informe presentado por el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró en septiembre un déficit primario de $ 167.182 millones. El pago de intereses de la deuda pública ascendió a $44.839 millones y de esta manera, el resultado financiero del SPN fue deficitario en $ 212.020 millones.
En el noveno mes del año, los ingresos totales del SPN ascendieron a $ 445.625 millones, lo cual marcó un avance del 34,3% interanual (i.a.). En tanto, los ingresos tributarios crecieron 45,2% i.a y acumularon así cuatro meses consecutivos de aceleración. Cabe destacar que este crecimiento implicó una variación positiva en términos reales, algo que no se observaba desde noviembre de 2019.
Dentro de los tributos con mayor impulso, se destacaron los derechos de exportación (+47,5%), el impuesto a las ganancias (+47,4%) y bienes personales (+1.862,5%). Por su parte, si bien el IVA (neto de reintegros) y el impuesto a los débitos y créditos aun registran variaciones interanuales por debajo de la inflación (+19,5% y +28,1%, respectivamente), ambos reflejaron una aceleración en los últimos dos meses.
Respecto a las rentas de la propiedad del SPN, éstas registraron una caída de 10% interanual, “explicado mayormente por una merma en las rentas de la ANSES a raíz de la suspensión del pago de cuotas de créditos otorgados con el objeto de morigerar los efectos de la crisis sanitaria y económica sobre las familias”, explicaron desde Economía. A su vez, los recursos de capital cayeron 23,3% interanual por menores recursos disponibles de ANSES para el financiamiento del programa de Reparación Histórica.
En qué se invirtió
En cuanto a las erogaciones realizadas por el SPN, el gasto primario ascendió a $ 612.806 millones (crecimiento interanual de 71,6%). Esta dinámica se correspondió con el “enorme esfuerzo fiscal transitorio en un contexto excepcional de pandemia, necesario para implementar las medidas para el cuidado de las familias, el empleo, la producción y compensar la caída de recaudación de las administraciones provinciales”, apuntó el informe.
Las transferencias corrientes registraron un incremento interanual de $ 183.304 millones (+188,3% i.a.), de los cuales $ 151.312 millones fueron percibidos por el sector privado. Según el comunicado oficial, este incremento estuvo explicado significativamente por las erogaciones extraordinarias en concepto del Ingreso Familiar de Emergencia y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que ascienden a cerca de $ 71.500 millones. Por su parte, el incremento del monto destinado al Programa Alimentar y el apoyo a comedores escolares fue de casi $ 12.200 millones.
Respecto a los subsidios energéticos, el incremento cercano a $ 57.350 millones (+327,5% i.a.) respondió casi en su totalidad a la asistencia financiera a CAMMESA en el marco del congelamiento transitorio de tarifas eléctricas dispuesto por el Gobierno para amortiguar los efectos nocivos de la crisis sanitaria y económica sobre las familias.
Seguridad social
En cuanto a las prestaciones de la seguridad social, las erogaciones totalizaron $ 214.322 millones (+32,4% i.a.). En lo que refiere a Jubilaciones y Pensiones Contributivas (+33,8% i.a.) el incremento corresponde a lo establecido en los aumentos decretados.
Por el lado de las Pensiones No Contributivas (+20,3% i.a.) las mismas registraron un menor incremento interanual producto de una base de comparación mayor: en agosto de 2019 se postergaron pagos que terminaron concretándose en el mes siguiente, generando un gasto extraordinario en dicho mes.
Sobre las transferencias al sector público (+170% i.a.), aquellas con destino en las provincias registraron un incremento de $ 20.379,3 millones (+266,9% i.a.). Este impulso estuvo explicado por mayores Aportes del Tesoro Nacional por alrededor de $ 6.900 millones, convenios de asistencia financiera entre el Estado Nacional y provincias por $ 4.000 millones, asistencia vía el Programa SUMAR por $ 3.300 millones, vía financiamiento de cajas previsionales por $ 1.700 millones y la asistencia al Fondo Nacional de Incentivo Docente por casi $1.400 millones.
Por último, el gasto de capital registró un crecimiento interanual de $ 6.298 millones (+22,5% i.a.). Los gastos en materia de agua potable y alcantarillado subieron $ 8.594,2 millones (+548,7% i.a.) respecto al mismo mes del año pasado, explicado por el incremento en la asistencia a la empresa AySA (+$8.160,2 millones) para la realización de obras de agua y alcantarillado. A este le siguió el gasto destinado a obras de energía, que tuvo un incremento interanual de $1.779,3 millones (+118% i.a.).
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