En el transcurso de los próximos tres meses, el ENRE elevará al Congreso un informe técnico para que evalúe la posible caducidad de la concesión de la empresa Edesur. La crisis energética en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) precipitó el conflicto a niveles extremos. El Gobierno busca asegurarse los avales políticos para enfrentar una posible lucha legal con una compañía cada vez más cuestionada por la sociedad.
Hace años se repite la misma ecuación: la temperatura aumenta y la luz se corta en los barrios del AMBA, con foco en el conurbano bonaerense. Mientras el Gobierno inicia investigaciones para una posible quita de concesión, las ganancias de la empresa Edesur se multiplicaron y no hay planes de inversión que prometan una mejora en el servicio.
Por primera vez en 30 años, la Secretaría de Energía instruyó al ENRE a realizar un informe de desempeño de la empresa Edesur para evaluar sus reiterados incumplimientos y conductas para con los usuarios, y la "correspondiente evaluación de los actos a seguir". Se trata del primer paso de una hipotética quita de concesión contra una firma que se gana el descontento social cada vez que se la menciona.
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"La auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios en la reposición del servicio, incumplimientos estos que más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión", reza el comunicado.
En 90 días, los legisladores debatirán por la viabilidad de iniciar un proceso por parte del Ejecutivo para rescindir el contrato. Del otro lado, Enel, propietaria mayoritaria de Edesur, ya contrató a un estudio internacional de abogados para litigar ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en caso de que la quita de la concesión avance.
Edesur, floja de papeles
Reducción de inversiones, multas por constantes cortes en el suministro, deudas millonarias con el Fisco y ganancias operativas revirtiendo pérdidas de ejercicios anteriores son los puntos destacados de los balances presentados por la distribuidora. Según el último balance disponible - y en medio de un proceso anunciado de desinversión y retiro del país- la firma registró una ganancia acumulada de 5011 millones de pesos, frente a una pérdida de 27.154 millones de igual lapso de 2019.
La italiana Enel detenta el 72% de las acciones de Edesur, mientras que el resto del paquete accionario está en manos de la firma holding Distrilec, propiedad de los grupos Reca, Escasany, Caputo y Bemberg. Si bien la empresa asegura que la caída en sus ingresos deriva del congelamiento de tarifas, los problemas financieros responden a problemas propios de su mala administración.
En diálogo con El Destape Radio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que las compañías distribuidoras eléctricas “están completamente desinvertidas” y remarcó: “En el caso de las distribuidoras eléctricas, después de décadas de privatización, los resultados no se cumplieron. El esquema de concesión no funcionó, me remito a los hechos”.
Desde Enel sostienen haber invertido unos 850 millones de dólares en cinco años para sostener el servicio, pero afirman que llegaron a un límite de sus posibilidades por el desfasaje entre la inflación y las tarifas. De acuerdo con los balances que presentaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la ganancia acumulada en los primeros nueves meses de 2022 llegó a los 5011 millones de pesos, frente a una pérdida neta de 27.154 millones registrada en igual lapso de 2021. Esto implicó una ganancia actual de 95,58 pesos por acción, frente a la caída de 30,22 del año pasado.
En paralelo, las inversiones pasaron de 3.833 millones de pesos a 4.728 millones, que implica un aumento de 23% nominal respecto del bajo volumen de desembolsos de un año atrás y unos 70 puntos menos que la inflación. A su vez, las deudas fiscales casi se duplicaron al pasar de 5.881 millones de pesos en 2021 a 10.691 millones en 2022.
Sin inversión, no hay buen servicio. En 2019 la firma desembolsó 966 millones de pesos y en el 2020, unos 1.590 millones. La baja en la inversión en el último año del macrismo en el poder tuvo lugar a pesar de que el resultado integral del período se había duplicado entre 2019 y 2018.
Luego de las severas críticas de las empresas prestadoras de servicio sobre el esquema de aumentos de la tarifa eléctrica, el Gobierno les respondió duramente a los reclamos para subir los costos para los usuarios. El cruce de posturas tuvo lugar durante el desarrollo de la audiencia pública virtual convocada por el organismo regulador para analizar la "adecuación transitoria de tarifas de distribución de energía eléctrica".
En referencia a las declaraciones del CEO de Enel, Francesco Starace, quien en una disertación en la Escuela de Negocios de Harvard había asegurado que la Argentina "tiene la regulación más bizarra del mundo", el funcionario del ENRE respondió: "Lo bizarro es pretender tarifas del primer mundo ofreciendo servicios del tercer mundo".
El tono hostil ante el mal servicio por parte de la empresa no es nuevo. La falta de suministro es un problema recurrente en la agenda política. Los sistemáticos cortes de luz se convirtieron en un problema para los vecinos. El contrato data de 1992 y extiende la cesión del servicio por 99 años.
Los municipios avanzaron en pandemia en la conformación de mesas técnicas tripartitas para elevar planes de trabajo y exigir la mejora del servicio a la empresa distribuidora con ejes claros. El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, llegó a presentar formalmente un pedido de rescisión del contrato a Edesur. Sin embargo, nunca avanzó un pedido formal desde el ámbito nacional, hasta ahora.
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