La Corte Suprema revicó la medida cautelar que había dictado a favor de la Tabacalera Sarandí, que ahora deberá liquidar el monto mínimo establecido en la Ley 27.430, incluyendo toscanos, puros, cigarrillos y tabacos. Según la Tabacalera Sarandí, dichos montos mínimos superaban los precios de comercialización de sus productos y en una instancia judicial previa habían convalidado su pedido.
La mayoría de la Corte, conformada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, revocó la medida cautelar basándose en una decisión previa en la misma causa. Así, no estará exenta la empresa de pagar, al menos hasta que no se resuelva la cuestión de fondo.
La decisión de la Corte se centró en cuatro recursos de queja entre ellos de la AFIP. En ese caso, el máximo tribunal dejó sin efecto la cautelar que ordenaba a la AFIP abstenerse de requerir a Tabacalera Sarandí la liquidación del monto mínimo y de impedirle la utilización del aplicativo previsto en la Resolución General 5113/21 para ningún trámite fiscal relacionado. La empresa había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430,
Desde Tabacalera Sarandí dijeron a El Destape: "La Corte lo que está pidiendo es que haya una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión e insta a los magistrados para que resuelvan de forma definitiva y que no haya recurso sobre recurso tanto de AFIP como de Tabacalera Sarandí. Realmente no revoca ninguna cautelar, porque no hay ninguna cautelar vigente, sino una sentencia a favor de Tabacalera Sarandí. Al haber un recurso contra esa sentencia lo que dice la Corte Suprema es que haya una sentencia definitiva, eso es lo que tiene que dilucidarseZ realmente esta nota de la agencia no se ajusta a la verdad y realidad. Lo que hace la Corte es solicitar (porque ellos no se pueden expedir) que los tribunales recurridos se expidan definitivamente por eso Tabacalera Sarandí no está obligada a pagar ese impuesto mínimo".
En el recurso interpuesto por Massalin Particulares S.R.L. (RH10), la decisión de la Corte había sido similar. Mientras tanto, en los recursos RH12 y RH13, también presentados por Massalin Particulares S.R.L. y la AFIP respectivamente, se cuestionaba la prórroga de las cautelares mencionadas.
En esa oportunidad, siguiendo el dictamen de la Procuración General de la Nación, los ministros firmantes (junto con la jueza Elena Highton) consideraron que no se encontraba acreditado el peligro en la demora, requisito fundamental para dictar una medida cautelar.
Además, el juez Carlos Rosenkrantz se excusó de participar en la decisión por haber sido abogado de Massalin. La causa de fondo aún está también pendiente de resolución en la Corte Suprema.
Presiones y tráfico de influencias: Tabacalera Sarandí presentó una denuncia judicial contra Phillip Morris
El titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, presentó una denuncia judicial contra el directorio de la empresa Massalín Particulares (la firma local de la internacional Phillip Morris), el Grupo Clarín y la AFIP. En la demanda, el empresario los acusa de los supuestos delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, cohecho y defraudación a la administración pública.
Según la demanda, el gigante tabacalero articuló un plan "en connivencia con medios periodísticos a fin de ejercer presión sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos para que ejecute una supuesta e inexistente deuda fiscal" y para evitar que Tabacalera Sarandí continúe operando en el mercado "en pos de eliminar la competencia".
Otero señala en la denuncia que Tabacalera Sarandí "es una pyme del sector tabacalero dedicada a la comercialización de cigarrillos de bajo costo y que ha tenido un crecimiento comercial en los últimos años a consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo del consumidor de cigarrillos que se ha visto compelido a adquirir productos más baratos". En ese marco, el empresario señala que la tabacalera Massalín utilizó "maniobras ilícitas" en contra de las empresas del sector con menor tamaño "para eliminarlas como competencia en el mercado tabacalero". Según Otero existen "armado de causas, presiones sobre legisladores y operaciones de prensa en connivencia con los mayores medios periodísticos del país, el Grupo La Nación y Grupo Clarín, para presionar a distintos organismos en pos de perjudicar y detener el crecimiento de la industria nacional tabacalera".
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