La pandemia generó una crisis en las aerolíneas en todo el globo. Para evitar una quiebra en su aerolínea local, Portugal sigue los pasos de Alemania y decidió estatizar TAP. En Argentina, el Gobierno nacional mantendrá una audiencia para evitar el despido de los 1.700 trabajadores.
"TAP es demasiado importante para que la dejemos caer", enfatizó el ministro de Infraestructuras luso, Pedro Nuno Santos, en una exposición ante el Parlamento el miércoles. La compañía ya es controlada en un 50% por el Estado, un 5% está en manos de los trabajadores y el otro 45% lo maneja el consorcio Gateway, conformado por el portugués Humberto Pedrosa (empresario del transporte) y el brasileño-estadounidense David Neeleman (propietario también de la aerolínea Azul).
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Los privados se negaron a aceptar los términos para un préstamo estatal de 1.200 millones de euros a la compañía para recuperarla del impacto de la pandemia de coronavirus. Entre los términos se incluía el compromiso de TAP de presentar un plan de reestructuración si no podía pagar pasados seis meses. La decisión sobre la nacionalización pasará ahora a la presidencia del Consejo de Ministros de Portugal.
La vía de acción fue similar a la que tomó Alemania. Lufthansa aceptó el plan de rescate económico por 9.000 millones de euros, pese a que al comienzo se había rehusado con argumentos de que perdería derechos de despeje y aterrizaje. Ahora el Estado se erigirá como el principal accionista, con el 20%.
El Gobierno cita a Latam y le recuerda que no puede despedir trabajadores
Latam sufre una crisis a nivel global, por la que se declaró en quiebra en Estados Unidos. Además de eso planea cerrar su filial argentina y despedir a los 1.715 trabajadores. El Gobierno citó a la empresa y a los gremios para una audiencia la semana próxima.
El Ministerio de Trabajo analiza el pedido de adaptarse a un procedimiento preventivo de crisis de la compañía con base en Chile. El veredicto se espera que lo comunique el 8 de julio en la reunión con todas las partes.
La subsidiaria recibió el programa ATP, con el que el Estado le pagó la mitad del sueldo o hasta $ 34.000 a los empleados e incluso para su presidenta ejecutiva, Rosario Altgelt. También comenzó a pagar la mitad de los salarios de forma unilateral, lo que fue denunciado por todos los sindicatos aeronáuticos.
Pese a todo, la casa matriz repartió U$S 57 millones de ganancias entre sus accionistas el 30 de abril. En ese momento ya hacía más de un mes que el sector había sido golpeado por la pandemia y se previa que los ingresos iban a limitar a cero por al menos un semestre, por lo que la decisión fue directamente apostar al auxilio estatal en Argentina, Chile y Brasil para mantenerse a flote mientras los accionistas vaciaban el patrimonio que reforzaron durante décadas.
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