La pandemia obligó al Gobierno a decretar el aislamiento preventivo obligatorio y a tomar fuertes medidas para amortiguar el golpe del freno económico sobre los más vulnerables. Muchas empresas decidieron en base a esto desvincular personal, suspender o reducir sueldos, por lo que el presidente, Alberto Fernández, sacó después un DNU antidespidos que contuvo esta sangría laboral. Sin embargo y pese a los multimillonarios desembolsos del Estado, algunas de las grandes compañías que refuerzan el reclamo de reabrir las puertas vieron una oportunidad en este contexto para pagar menos, lo que tuvo consecuencias directas en un menor consumo de alimentos por parte de trabajadores con un poder adquisitivo ya alicaído.
Paolo Rocca se destacó como uno de los pioneros al echar a 1.450 empleados, que para precarizar aún más el vínculo se encontraban terciarizados, aún después de que el mandatario lo prohibiera. El director que puso Mauricio Macri en Techint por las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Miguel Ángel Toma, incluso defendió la postura corporativa, lo que despertó alarmas y aceleró los planes para reemplazar a los representantes públicos, que hasta el momento habían sido frustrados por la imposibilidad de reunirse físicamente. Las maniobras de los accionistas mayoritarios en este caso y el de Clarín (dueño de Telecom) para bloquear a las nuevas autoridades terminaron con el derrocamiento de Alejandro Vanoli al frente de ANSES.
Esta esperada rebelión del industrial más poderoso del país movilizó a otras empresas, como Despegar.com, que tomó medidas en contra del 30% de su plantilla en Argentina, además de los 400 despidos en la región, y se los comunicó a través de videoconferencias. Luego de haber recibido palabras motivacionales del presidente ejecutivo de la compañía, que les aseguraba una solidez financiera que les permitía naufragar tranquilos en mar revuelto, les pasó a abonar sólo la mitad del sueldo a los suspendidos y el 60% a los que pasaron a tiempo reducido. La multinacional argentina con casa matriz en la guarida fiscal de las Islas Vírgenes Británicas consiguió esta ventaja, les informó, en un acuerdo con el sindicato de Comercio, que acapara Armando Cavalieri hace más de tres décadas.
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El mismo gremialista que había sido acusado de fraude en elecciones recientes cerró un trato con la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) para que las compañías puedan abonar nada más que el 75% del salario a aquellos trabajadores suspendidos. Otros sindicatos propusieron condiciones similares y la CGT llegó a un trato parecido con la Unión Industrial Argentina poco después. Si el Gobierno se hubiera corrido al costado como pregona el neoliberalismo, las disminuciones en los haberes podría llegar a comprenderse ante el duro impacto que generó la profundización de la recesión, principalmente en el sector de servicios, que tiene gran parte de las persianas bajas o con escasa actividad.
No obstante, el equipo económico, coordinado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, implementó políticas que equivalen a una inyección del 5,6% del PBI nacional en tres meses. El Palacio de Hacienda calculó que se utilizarán $ 1,7 billones, divididos en dos pilares: el paquete fiscal de de emergencia destinado a la población más vulnerable y el dirigido a la financiación de créditos productivos. Después de que el viceministro de Economía, Haroldo Montagú, realizara esas estimaciones, se promovieron préstamos a tasa cero para monotributistas y autónomos, para el que 200.000 pidieron autorización en AFIP.
El primero consiste en medidas puntuales que tienen una frecuencia, hasta ahora, mensual, como el IFE, el de asistencia para el trabajo (ATP) o bonos extraordinarios. Esto insume cerca de $ 350.000 millones mensuales, lo que equivale a casi 1,2% del PBI. En caso de repetirse por tres meses, alcanzaría el $ 1,05 billón; es decir, 3,5% del PBI. El de facilidades financieras trata de aportes del Tesoro hacia líneas de créditos a tasas subsidiadas o programas de garantías. Representa una masa monetaria a devengar en los próximos meses de cerca de $ 640.000 millones; o sea, el 2,1% del PIB. Adicionados, el Gobierno volcará a la economía el equivalente al 5,6% del producto del año en abril, mayo y junio.
Sin embargo, la decisión la mantuvieron a pesar de que el Ejecutivo lanzó créditos blandos para el abono de sueldos, además de pagos directos para mantener a los trabajadores. Por lo que, en muchas empresas los trabajadores ceden el 25% (en el mejor de los casos), el Estado paga el 50% y los capitalistas sólo abonan el 25% restante, quizás gracias a los créditos a tasa preferencial.
Una postura del estilo tomaron las clínicas privadas, que nunca cerraron sus puertas por tratarse de la primera fila de batalla contra el virus, complementaria al sistema de salud público que sufrió años de abandono. Como publicó Matías Colombatti en El Destape, los médicos de terapia intensiva se encuentran en una situación crítica por los recortes de sueldos y el retraso en los pagos. También aplicaron descuentos de salarios los centros de salud de Galeno, OMINT, el hospital Italiano y el Alemán, que acumulan ganancias multimillonarias cada año e incluso en estos meses.
Con amplio respaldo de algunos medios, como denominador común se mantuvo el reclamo de las corporaciones de que Fernández permita que vuelvan a abrir las fábricas, pese a que el propio Presidente les aclaró que pueden ser un foco de contagio. La consecuencia natural fue un desplome en el consumo, que según Orlando Ferreres se tradujo en una inflación del 0,8% en abril, y que para alimentos fue de sólo el 0,3%.
Esto profundizó aún más la recesión en la que Cambiemos dejó al país, por lo que en abril la economía se hundió 40%. El dato interno, publicado por Roberto Navarro, obliga al Gobierno a plantear nuevas posibilidades, como la que el periodista reveló, de armar un listado de fábricas que puedan volver a funcionar en una nueva etapa de la cuarentena.
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