Desde el inicio del confinamiento obligatorio las aplicaciones de envío de alimentos se convirtieron en una necesidad para los comercios de las grandes ciudades y en una comodidad cada vez más recurrida para los consumidores. La inflación dificulta los parámetros de comparación para concluir que un producto es "caro" o no. Sin embargo, se hicieron evidentes muchos aumentos en la comida preparada en los últimos dos meses, lo que en gran parte se explicó porque estas intermediarias más que duplicaron su comisión, lo que forzó a muchos comercios a subir sus precios. Detrás, además, se esconde una bicicleta financiera multimillonaria y prácticas abusivas.
El aislamiento obligatorio les abrió una nueva oportunidad para las empresas intermediarias, que supieron aprovechar. Entre febrero y abril, la facturación de Rappi escaló 67% y la de Glovo 73%, de acuerdo a información que circula en el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, pudo saber El Destape.
Los restaurantes sólo trabajan al 20% o 30% de su capacidad anterior y sólo venden comida para retirar o bien para envío a domicilio. Quienes no tenían contratos con estas apps se vueron forzadas a establecerlos y los viejos clientes se vieron ante la exigencia de renegociar, pero a condiciones cuasi extorsivas con "tarifas covid 19".
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El oligopolio completado con Pedidos Ya aumentó sus comisiones de forma desmedida. Antes de la cuarentena cobraban entre el 10% y el 15% del total de la compra, mientras que en estos momentos pueden superar el 35% del valor. A modo de ejemplo, por una pizza que se vende por $ 400, el costo del comercio representa $ 200 y el 50% se reparte ahora $ 140 para la aplicación y $ 60 ganancia del local. La porción del repartidor será un monto bajo que decida la compañía. Esto llevó a muchos comerciantes a subir sus precios, lo que supone perder competitividad y hasta correr riesgo de cierre, lo que preocupa a los funcionarios bonaerenses.
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El abuso no termina allí, sino que desarrollaron una bicicleta financiera que por les garantiza un ingreso extraordinario adicional que ni siquiera debería existir si el Estado regulara el sector. Escudadas en un servicio de cadetería, esconden un gigantesco negocio financiero al retener hasta dos meses el dinero que paga quien compra hasta por fin girárselo al comercio. Desde el momento en que el usuario abona con su tarjeta de débito o crédito, la app puede quedarse con el monto por un tiempo incierto, que va de 15 a 60 días, hasta saldar la deuda con el local gastronómico.
Porque en realidad la plataforma es la que “vende” la pizza, en lugar de la pizzería. La compañía tiene su propio acuerdo con cada comercio, le brinda visibilidad y le cobra mayor comisión si el comercio no le da exclusividad y opera con otras plataformas.
Sumado a todo ello, ninguna de las tres principales plataformas reconoce la relación de dependencia que ejercen con sus trabajadores, por lo que les pagan un "salario" que puede ser inferior al mínimo vital y móvil, y que tampoco está atado al precio del tiquet. Tampoco les cubren los materiales necesarios para ejercer la actividad, obligación que recae sobre todo el resto de las empresas para con sus empleados. La carencia de ART quedó expuesta en la falta de respuesta ante los accidentes, a veces fatales, que se ven expuestos los cadetes en la calle.
Los "empleados" deben inscribirse al monotributo y facturarle a empresas de gestión contable, como Gestorando, según denunciaron los propios trabajadores. Toda esta combinación redunda en un gigantesco negocio de abusos y especulación para las plataformas, que afecta a distintos niveles los intereses comerciales de los locales gastronómicos, generadores de gran cantidad de puestos de trabajo, y los derechos laborales de los repartidores.
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